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Interpretación del contrato estatal. Intención de las partes.
By: System Administrator on martes, marzo 2

La controversia versa sobre un contrato de interventoría celebrado para inspeccionar las obras de adecuación de la Troncal de las Américas, en Bogotá D.C, al sistema de transporte masivo Transmilenio. La ejecución del contrato se dividió en tres etapas: la de preconstrucción, en la que el interventor debía revisar los diseños elaborados por el constructor; la de construcción, en la que debía vigilar que las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas; y, la de adecuación y mantenimiento, en la que debía supervisar las labores de adecuación de las vías que se utilizaron para desviar el tráfico y el mantenimiento de las nuevas obras[1].

En su demanda, el interventor reclamó el pago de un saldo causado en la etapa de preconstrucción que la entidad contratante no abonó. Igualmente, pidió la compensación de los costos no previstos que soportó por (i) revisar diseños luego de terminada la etapa de preconstrucción, (ii) inspeccionar las intervenciones en áreas de espacio público y (iii) continuar con la supervisión de las obras tras la terminación de la etapa de construcción. El Tribunal Administrativo negó estas pretensiones, pues consideró que la entidad contratante cumplió sus obligaciones y que no se presentaron hechos imprevisibles que alteraran el equilibrio financiero del contrato”.

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Interpretación de las cláusulas del contrato. La intención de las partes también se puede identificar al interpretar unas por otras las cláusulas del contrato. El sentido en que una estipulación pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producirlo.

“Para la Sala no es atendible el argumento en que se funda la pretensión del Interventor, porque el contrato sí supeditó el valor a pagar en la etapa de preconstrucción a su duración efectiva y el IDU honró esa obligación. La intención de las partes quedó expresada en la cláusula 10.2.1, en la que se estableció que “por cada mes calendario contado desde la fecha de iniciación y hasta la terminación de la etapa de preconstrucción” el Interventor tendría derecho a recibir una suma mensual equivalente al 30% del valor acordado para esta fase. La inclusión de la preposición hasta, que indica el límite final de una trayectoria en el tiempo[2], impide adscribirle a la cláusula el significado en que se basa la pretensión del Interventor.

Igualmente, interpretando la cláusula 10ª del contrato con arreglo al artículo 1620 del Código Civil, que indica que el sentido en que una estipulación pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producirlo, se llega a idéntica conclusión. En el numeral 10.2.1 las partes acordaron que por fracción de mes en la etapa de preconstrucción, “la remuneración será proporcional a la fracción”. La lectura en la que se basa el Interventor conduce a que esta cláusula no produzca efecto alguno, pues si el IDU, con independencia de la duración efectiva de la etapa, debía pagar el valor resultante de su duración estimada (3 meses), esta previsión perdería todo sentido.

La intención de las partes también se puede identificar al interpretar unas por otras las cláusulas del contrato, como dispone el artículo 1622 del Código Civil. En el numeral 10.2, sobre la remuneración en la etapa de preconstrucción, las partes no pactaron expresamente que el Interventor tendría derecho a recibir al valor estimado de la etapa de preconstrucción, así la duración efectiva de esta fase fuera inferior a la proyectada. En contraste, sí lo hicieron en el numeral 10.3.1, relativo a la etapa de construcción, en la que convinieron que si esta fase “llegare a tener una duración inferior a los catorce (14) meses previstos en este Contrato, (…) el Interventor recibirá –en todo caso– el valor equivalente al 79.8% del valor sin ajustes ofertado por el Interventor en su Propuesta (…) como si la Etapa de Construcción hubiese tenido la duración estimada[3]. Si las partes hubieran querido garantizar el pago del valor estimado total de la etapa de preconstrucción, habrían incluido una previsión similar a la que introdujeron para la fase de construcción, pero no lo hicieron. En cambio, como ya se vio, para esa fase sí pactaron expresamente el pago por fracción de mes.

[1] En el acápite de definiciones del contrato se distinguió entre obras de construcción, obras para redes y obras de adecuación de desvíos (folio 73, c. 1). Las dos primeras eran las que el Constructor debía confeccionar en la etapa de construcción; las de adecuación de desvíos se debían acometer en la etapa de adecuación y mantenimiento para atender, como su nombre indica, el deterioro de las vías que se usaron como desvíos. La primeras eran intervenciones de construcción propiamente dichas; las segundas eran intervenciones de rehabilitación. La Sala usará la expresión obras para referirse a las que debían ejecutarse en la etapa de construcción, es decir, las obras de construcción y las obras para redes. Consejo de Estado. Interpretación de las cláusulas del contrato estatal. Intención de las partes. Efectos de las estipulaciones de las partes. 
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