Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?




 

Responsabilidad fiscal de funcionario por irregularidades en la planeación y ejecución de contrato interadministrativo. Supervisión del contrato estatal.
By: System Administrator on lunes, febrero 22
El proceso de responsabilidad fiscal se adelantó contra el Secretario de Obras Públicas y Transportes de un Departamento quien alegó que “no tenía a cargo la responsabilidad de la Supervisión de la ejecución de los convenios y contratos de que trata la imputación de responsabilidad, pues, dicha designación podía válidamente ser asignada a otra persona como efectivamente se hizo, y dentro del expediente existe el suficiente y necesario acervo probatorio que demuestra que dichas actividades las ejecutaron diferentes personas, para lo cual, basta con revisar las actas de inicio, suspensión, reinicio, entre otros documentos para verificar que la supervisión no era ejercida por el aquí convocante”

La Sala advirtió que en el proceso no quedó probado que el funcionario haya delegado sus funciones como director de los proyectos de construcción de infraestructura además, se probó que tenía a su cargo la “adopción de las decisiones necesarias para lograr la ejecución correcta de los contratos, era el responsable de la orientación, vigilancia y control de las personas que fueron designadas por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte para que ejercieran las labores de supervisión”

Ahora bien, indicó la Sala, “respecto al argumento según el cual, en virtud de una posible delegación –“en gracia de discusión”-, el demandante no tenía ninguna obligación, la Sala precisa que la delegación no es un instrumento para evitar el cumplimiento de las funciones del empleo público o para ejercer la función administrativa sin atender los principios de moralidad, eficacia, igualdad e imparcialidad87, toda vez que esta figura constituye una forma de organización administrativa que permite el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los fines del Estado, en el marco de la Constitución Política y la ley”.

“En este estado del estudio, se destaca que, en materia de contratación estatal, en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedan exonerados en virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o en culpa grave, de acuerdo con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 80.

La Sala aclara que el demandante no era el Representante Legal del Departamento de Casanare, sin embargo, esta referencia normativa permite destacar que en materia de contratación estatal los servidores públicos deben responder por las actuaciones y omisiones en las que hayan incurrido y que impidan la continua, así como eficiente prestación de los servicios públicos”.

Ahora, aunque la Sala destacó que el sancionado no intervino en la etapa precontractual del convenio interadministrativo y del contrato de obra, incurrió en algunas omisiones en ejercicio del empleo de Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento que contribuyeron a la configuración del daño fiscal, “las cuales se encuentran relacionadas con la falta de adopción de medidas para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos”.

También alegó el ex funcionario que nunca autorizó que se girara el dinero para el proyecto y frente a esto indicó la Sala “que la gestión fiscal no se limita al “giro de recursos públicos, en la medida en que esta comprende el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas a cargo de los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejan o administran recursos o fondos públicos y que están destinados a la correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado”.

En este sentido, advirtió la Sala que “en el expediente no obran pruebas que permitan inferir que la parte demandante realizó acciones o adoptó decisiones dirigidas a garantizar “la inversión hecha”; por el contrario, los resultados del contrato de obra XXX indican que no cumplió con sus funciones de forma eficaz. Además, intervino en la liquidación del convenio interadministrativo XXXX sin tener en cuenta que las obras no estaban en funcionamiento”.

“En consecuencia, las personas que desempeñaron el empleo de Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento XXXX, durante la ejecución del convenio interadministrativo núm. 00321 de 2007, estaban sometidas al principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993100, según el cual los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.

Finalmente, en relación con la liquidación del contrato estatal, “La parte demandante consideró, en el acto administrativo indicado supra, que la obras se habían ejecutado “a cabalidad”, aunque el sistema de alcantarillado pluvial nunca entró en funcionamiento; en efecto, no tuvo en cuenta los informes de supervisión e interventoría que señalaban que la obra no se había ejecutado totalmente y que el sistema de alcantarillado pluvial no iba a prestar ningún servicio. Por el contrario, ordenó que se efectuara la liquidación bajo el supuesto que se habían ejecutado los objetos contractuales sin ningún inconveniente”.  Valga decir que en el proceso se alegó que el acta de liquidación fue revocada pero no desvirtuando lo anterior sino por razones muy diferentes.

Supervisión y ausencia de responsabilidad fiscal de los supervisores.

“La supervisión la ejerce un funcionario de la entidad pública que tiene a cargo la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contractual; para ello, la entidad estatal puede contratar a personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios, que estará sometido al control del contratante. Es decir, en este caso, los servidores públicos no quedan relevados del principio de responsabilidad, en virtud del cual están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la ejecución del contrato". En el proceso quedó probado que los supervisores fueron exonerados de responsabilidad en otros procesos, entre otras cosas por no tener poder de decisión frente a la ejecución de las obras, no haber participado en la etapa precontractual, haber probado su diligencia al realizar su labor, entre otras. Responsabilidad fiscal de funcionario por irregularidades en la planeación y ejecución de contrato interadministrativo. Supervisión del contrato estatal.

Go Back