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Multas impuestas después del vencimiento del plazo de ejecución del contrato pero durante la vigencia del mismo.
By: System Administrator on lunes, febrero 22

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de tutela por medio de la cual la Compañía Nacional de Seguro S. A. buscaba dejar sin efectos el fallo que dejó en firme una sanción contra la Unión Temporal Segundo Centenario, por incumplimientos en el contrato celebrado para construir y poner en marcha los “túneles del segundo centenario – túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca”.

Por estos incumplimientos, el Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantó un proceso sancionatorio contra el concesionario, que condujo a la imposición de una multa por más de 3.600 millones y otra por más de 17.300 millones de pesos. Contra esta decisión, la compañía de seguros, que estaba obligada a asumir los costos de las multas, interpuso una acción de controversias contractuales que no prosperó. De ahí que la misma empresa interpusiera esta demanda en ejercicio de la acción de tutela, con la intención de dejar sin efectos el fallo que declaró legal este proceso sancionatorio.

Según la aseguradora, la determinación tuvo lugar cuando estaban parcialmente prescritos los derechos que tenía el Invías para reclamar el cumplimiento del contrato. Además, teniendo en cuenta que la multa se impuso a dos días del vencimiento del contrato, no existía la posibilidad de que el concesionario tuviera la oportunidad de corregir las falencias en el cumplimiento de su gestión contractual.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de tutela. Sostuvo que en la acción de controversias contractuales se juzgó adecuadamente el proceso que llevó a la imposición de las multas por incumplimientos en el contrato de parte del Invías. Entre otras apreciaciones, la alta corte determinó que el juez del contrato aplicó correctamente la contabilización de los términos durante los cuales son exigibles los derechos otorgados por los contratos de seguros. Según el fallo, el plazo de extinción de las garantías surgidas de la póliza de seguros debía contabilizarse a partir de la fecha en la cual el interventor del contrato de la obra de infraestructura dio cuenta de los posibles incumplimientos, como lo interpretaron el Invías, el Tribunal del Quindío y el Consejo de Estado”.

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Multas impuestas después del vencimiento del plazo de ejecución del contrato pero durante la vigencia del mismo son válidas.  

Acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado. 6415

“No incurre en defecto sustantivo ni fáctico ni en violación directa de la Constitución la sentencia que negó las pretensiones en un proceso de controversias contractuales en el que se pretendía la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento parcial un contrato, impusieron multas al contratista y afectaron la póliza de cumplimiento expedida por la compañía Nacional de Seguros S. A. cuando se comprueba la existencia de obligaciones insatisfechas, aun cuando las sanciones pecuniarias se hubieren impuesto a 1 y 2 días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato pero durante la vigencia del mismo”.

La inconformidad de orden sustantiva alegada por la accionante radica, en suma, en que, “[…] se omitió considerar seriamente si el plazo de dos días previo a la finalización del término judicial acaso no era irrisorio como para sostener que, las multas en el presente caso cumplieron su principal objeto; conminar al contratista […]”. Explicó que como no existía un tiempo restante prudencial para que el contratista pudiera cumplir las obligaciones insatisfechas, por cuanto el período contractual terminó el 30 de noviembre de 2016 y los actos administrativos contentivos de las multas datan de 28 y 29 de ese mes y año, su imposición tuvo una finalidad sancionatoria y no conminatoria, dada la imposibilidad de satisfacer las obligaciones en el tiempo restante, lo que desconoció la naturaleza coactiva de esta clase de amonestaciones, expresamente prevista en el artículo artículo 17 de la Ley 1150 de 2007”.

La Sala negó el amparo constitucional e indicó “Verificados los referidos argumentos, la Sala no encuentra que la accionada hubiere desconocido el contenido del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, o que su aplicación al caso concreto fuera irracional o desproporcionada; contrario sensu, se evidencia que aquella resolvió el asunto puesto a su conocimiento con fundamento en lo dispuesto en dicho precepto y en el clausula negocial en la que se acordó la imposición de multas por incumplimientos parciales de las obligaciones contractuales, en tanto, para verificar la legalidad de las sanciones pecuniarias impuestas a la unión temporal Segundo Centenario, constató la configuración de los supuestos de hecho que determinan su surgimiento, es decir, i) la desatención del contratista a sus deberes, y ii) la vigencia del plazo contractual para el momento en que se expidieron las resoluciones contentivas de las referidas multas”.

“En cuanto a la naturaleza de las multas objeto de análisis precisó que, en efecto, su finalidad es coercitiva, en el entendido que buscan compeler al contratista a satisfacer los deberes que tenga en mora; no obstante, también aclaró que ello no implica que se deje de lado su estirpe sancionatoria, de manera que esta clase de multas tiene un raigambre mixto (sancionatorio-coercitivo), lo que permite a las autoridades estatales imponer sanciones, de no superarse el incumplimiento comprobado y en tanto no se hubiere vencido el plazo de ejecución del contrato.

En ese orden, señaló que el fin conminatorio sí fue satisfecho, teniendo en cuenta que el mismo estuvo presente desde el inicio del procedimiento sancionatorio, aduciendo como sustento de su dicho el hecho de que varias de las obligaciones incumplidas fueron satisfechas durante el procedimiento administrativo sancionatorio y, con posterioridad al mismo, en sede del recurso de reposición contra una de las resoluciones acusadas, en el entendido de que luego de notificado al contratista del inicio de tal trámite, aquel se allanó a cumplir algunos de los deberes que tenía en mora”.

“Lo que se advierte de la lógica traída por el Consejo de Estado para soportar la satisfacción del objetivo conminatorio de las multas impuestas por el INVIAS, es que, comoquiera que algunas de las obligaciones pendientes sí fueron honradas con posterioridad a la notificación del inicio del proceso en contra del contratista, la iniciación de dicho trámite sí lo conminó a cumplir, parcialmente, los deberes insatisfechos advertidos por el interventor del contrato, razonamiento que no se torna contrario a la presunción de inocencia ni al derecho al debido proceso sino producto de la interpretación de los hechos probados en el proceso judicial.

En suma, la decisión de negar la declaratoria de nulidad de las resoluciones que gravaron con multas por incumplimiento parcial del contrato de obra No. 3460 del 24 de diciembre de 2008 a la unión temporal Segundo Centenario se sustentó en que: i) dichos actos administrativos se expidieron luego de haberse comprobado la condición suspensiva para el surgimiento de la multa, entiéndase existencia de obligaciones pendientes de satisfacer; ii) dentro del marco temporal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, es decir, durante la vigencia del periodo de ejecución del contrato y iii) con observancia de la finalidad coercitiva de esta clase de amonestaciones, constatada en el allanamiento del contratista a los deberes desatendidos una vez fue notificado del proceso sancionatorio en su contra, argumentos respecto de los cuales la Sala no advierte que se tornen en irrazonables, arbitrarios o desproporcionados.

Así las cosas, se evidencia que la inconformidad de la accionante radica en la interpretación dada por el Consejo de Estado a las normas legales que regulan la materia, porque fue contraria a su entendimiento y, por ende, sus pretensiones no salieron avante. En esos términos, le está vedado al juez de tutela inmiscuirse en el asunto, por cuanto su función no es la de decidir cuál es la interpretación más acertada de una norma jurídica, cuando de la adoptada no se desprenda una manifiesta violación de los derechos y deberes constitucionales, de ser así, se inmiscuiría en asuntos que no son de su resorte y se convertiría este mecanismo excepcional en una instancia adicional de los procesos ordinarios. En consecuencia, el defecto endilgado por la tutelante a la sentencia objeto de reparo constitucional no tiene vocación de prosperar”. Multas impuestas después del vencimiento del plazo de ejecución del contrato pero durante la vigencia del mismo.

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