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Conpes 4023 de 2021. Líneas de acción en materia de compras públicas. "POLÍTICA PARA LA REACTIVACIÓN,LA REPOTENCIACIÓNY EL CRECIMIENTO SOSTENIBLEE INCLUYENTE:NUEVO COMPROMISO POR EL FUTURO DE COLOMBI
By: System Administrator on lunes, febrero 22

CONPES 4023 de 2021.

El Documento Conpes publicado hace unos días por el Gobierno Nacional establece unas líneas de acción para la reactivación de la economía del País y en lo relacionado con las compras públicas, infraestructura y participación de Mipymes indica:

Línea de acción 3.3. Aumentar el acceso de empresas a compras públicas:

Primero, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente estructurará y difundirá una herramienta de visualización de oportunidades de negocio con el Estado con base en Datos Abiertos del SECOP para aumentar la participación de las Mipymes en este mercado. Este será un instrumento de búsqueda de oportunidades de negocio con el Estado para poner a disposición del sector empresarial una herramienta de consulta rápida de oportunidades de negocio con el sector público, facilitar el conocimiento de negocios potenciales y la posterior aplicación de las empresas interesadas. Esta acción se ejecutará en el primer semestre de 2021.

Segundo, para generar un mayor volumen de transacciones de bienes y servicios de características técnicas uniformes por parte de las Entidades Estatales, se promoverá ampliamente la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Esto permitirá aumentar el flujo de recursos para los proveedores actuales y futuros, beneficiar a las Mipymes que se encuentren en la Tienda Virtual, generar encadenamientos productivos locales, e impulsar prácticas sostenibles en la adquisición de bienes, obras o servicios. De esta manera, en el primer semestre de 2021, Colombia Compra Eficiente incentivará el uso de la Tienda Virtual por parte de las Entidades Estatales para lo cual: (i) generará e implementará una ruta de acción para incentivar el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por parte de las entidades estatales que legalmente no se encuentran obligadas a su utilización, incluidas entidades que aplican en su régimen contractual el derecho privado; (ii) incorporará en los Instrumentos de Agregación de Demanda estrategias para generar encadenamientos productivos que fortalezcan los circuitos locales de producción y comercialización y que permitan jalonar la actividad económica de Mipymes y la generación de empleo; y (iii) construirá nuevos Instrumentos de Agregación de Demanda (diferentes a los acuerdo marco de precios) buscando consolidar los beneficios de negociación derivados de las economías de escala.

En tercer lugar, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementará una estrategia integral con el DNP y las cámaras de comercio para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a compras públicas. Esta acción iniciará en 2021”.

En relación con las Compras Públicas se advierte que se observa baja participación de mipymes en compras públicas.  “El mercado de compras públicas se convierte en una opción muy atractiva para la provisión de bienes y servicios por parte de las empresas para la reactivación de sus operaciones, ante el cese de las actividades económicas originado por el COVID-19. Este factor se hace más relevante teniendo en cuenta que en Colombia los recursos involucrados en los procesos de compra pública representan cerca del 13 % del PIB (Colombia Compra Eficiente, 2018).

Sin embargo, la participación de las mipymes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) por número de contratos y por valor es menor a la participación de las grandes empresas. Además, dicha participación ha disminuido en los últimos años, pasando de 30 % por número de contratos y 37 % por monto del contrato en 2015, a 18 % y 17 % en 2018, respectivamente. Se ha identificado que la falta de información clara sobre oportunidades de negocio con el Estado y de confianza frente a la transparencia de la contratación pública afectan la facilidad de las micro y pequeñas empresas a participar, razón por la cual se requiere implementar una estrategia que incentive la participación de mipymes en el mercado de compra pública.

En adición, el Registro Único de Proponentes (RUP) podría implementar mejoras para facilitar la inscripción de las empresas y reducir los costos que representan para las más pequeñas. Por una parte, el formato de inscripción y su trámite tienen retos para ser más simples y amigables con el usuario y aún no se realiza virtual de manera generalizada. Por otra parte, las tarifas de inscripción, renovación, actualización y modificación del RUP son iguales independientemente del tamaño empresarial. Así, las microempresas pagan una tarifa como proporción de sus ingresos promedio 125 veces mayor que las empresas grandes”.

Línea de acción 3.8. Promover la inversión en vías terciarias. El Instituto Nacional de Vías (Invías) gestionará, en 2021, recursos adicionales para invertir en las vías terciarias del país, priorizando corredores estratégicos con un mayor impacto económico y social para la reactivación económica rural y nacional, y con el propósito de promover el desarrollo vial del país.

En materia de infraestructura, el Documento indica que “Se requiere de una mayor inversión sectorial para la realización de obras de mantenimiento y mejoramiento sobre la red terciaria del país, priorizando aquellos corredores con un mayor impacto económico y social sobre las comunidades beneficiarias. Como consecuencia de la emergencia ocasionada por el COVID-19, entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), se vieron en la necesidad de tomar medidas transitorias para la suspensión de contratos de obras, interventoría, contratos interadministrativos y de logística debido a las exigencias de salud pública nacional, lo que ocasionó en algunos casos, retrasos en la entrega de obras. Por lo anterior, se requiere culminar los proyectos priorizados como estratégicos para la competitividad regional y nacional, con el fin de apoyar la estrategia de reactivación nacional”.

Línea de acción 3.9. Impulsar la inversión privada en proyectos de infraestructura. El DNP, desde 2021, establecerá los lineamientos para la estructuración y priorización de proyectos con participación privada, por medio de una identificación de las buenas prácticas y lineamientos en la estructuración con el fin de establecer un estándar mediante el cual se desarrollen los proyectos bajo el esquema de APP, esta acción busca impulsar la inversión privada en proyectos de infraestructura. Adicionalmente, el DNP, desde 2021, reglamentará la utilización de fuentes alternativas de pago para proyectos de APP a nivel nacional y territorial”.

En el Documento se indica que el “Gobierno nacional debe realizar esfuerzos para aumentar la participación privada en infraestructura de todos los sectores, de tal manera que propicie las condiciones que incidan en la reactivación económica tras la pandemia. Esta participación, bajo el esquema de APP, es una oportunidad para el desarrollo de la infraestructura de diferentes sectores al contribuir con la optimización de los recursos fiscales y el aseguramiento de la prestación de servicios con el cumplimiento de indicadores. Los recursos privados en proyectos de infraestructura pasaron de 0,8% a 2,6% del PIB en los años 90, y en 2018 representaron el 3% del PIB (DNP, 2020).En el marco del Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura del DNP (2020) se han identificado los siguientes factores para lograr una mejor aplicación y desarrollo de las APPen Colombia: (i) incrementar el límite anual de autorizaciones para el compromiso de vigencias futuras, (ii) diversificar y viabilizar las fuentes de pago, y (iii) estandarizar los lineamientos para la estructuración de proyectos multisectoriales”.

Línea de acción 4.1. Fortalecer el relacionamiento Estado-Ciudadanía para la reactivación social y económica. Esta línea de acción está relacionada con el fortalecimiento de la transparencia en la toma de decisiones públicas y con el desarrollo de modelos de gobernanza, que a su vez faciliten la consulta y colaboración de la ciudadanía en la creación de soluciones para la atención de la emergencia del COVID-19 y los procesos de reactivación. Se destacan tres acciones encaminadas a garantizar un ambiente social habilitante para la reactivación económica y social:

Primero, en 2021 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formulará lineamientos dirigidos a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva, para implementar y socializar al interior de los sitios web una subsección de transparencia y acceso a la información pública denominado Gestión institucional de la pandemia, donde se publicará la información relacionada con la atención a la crisis de la pandemia desde la entidad. En esta sección, las personas interesadas podrán encontrar, como mínimo, información relacionada con (i) acciones adelantadas, de acuerdo con la misión de cada entidad para la atención de la pandemia; (ii) presupuesto destinado a estas acciones; (iii) acciones coordinadas con otras entidades y otros niveles de gobierno; (iv) normatividad y actos administrativos sectoriales expedidos con ocasión de la emergencia; (v) gestión de la planeación y cambios institucionales provocados por la emergencia; (vi) mecanismos de control interno y externo empleados durante la crisis; (vii) gestión de la contratación para la respuesta a la situación de emergencia; (viii) mecanismos de consulta y participación ciudadana empleados en la toma de decisiones; (ix) trámites y servicios para el ciudadano durante la pandemia. Esta acción iniciará en 2021 y finalizará en 2023.

La publicación de esta información contribuye a la garantía del derecho de acceso a la información y al componente de información en el proceso de rendición de cuentas, temas relevantes en el relacionamiento y construcción de la confianza entre el Estado y la ciudadanía. La información publicada deberá cumplir con atributos esenciales como accesibilidad, apertura, y oportunidad, de forma tal que la ciudadanía pueda acceder a la misma sin restricciones. Estos datos incluirán un historial de cambios que permita dejar trazabilidad sobre la toma de decisiones y la evolución en soluciones de política a cada tema relacionado con la reactivación. Finalmente, debe tener un vínculo directo en el que se puedan denunciar fallas en la implementación o posibles irregularidades”.

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