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Responsabilidad contractual del Estado. Al Juez le está vedado decretar pruebas para solventar deficiencias probatorias de las partes.
By: System Administrator on jueves, febrero 18

Responsabilidad contractual del Estado. Le está vedado decretar pruebas para solventar deficiencias probatorias de las partes.

“Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Minas y Energía- Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)-, por los perjuicios causados al demandante, como consecuencia de la intervención de varios embalses de su propiedad, lo cual habría incidido en la especulación de precios de la Bolsa de Energía y que llevaron a afectar no solo su producción, sino, también, el hecho de tener que adquirir energía a precios inflados con el fin de satisfacer el suministro de sus negocios jurídicos”.

La Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda indicando:

De lo anterior, para la Sala es dable insistir que la CREG no tiene funciones de intervención sobre embalses, pues su actividad se limita a regular el sistema interconectado de energía. Así, se echa de menos la sustentación de la supuesta “intervención” de la CREG, pues no solo no existe evidencia de dicha actuación, sino que, mucho menos, se tiene prueba de cómo, cuándo, dónde y de qué tipo concreto fueron aquellas.

Para la Subsección no es clara cuál es la carga pública que no estaba en el deber de soportar la Empresa de Energía de Bogotá si se tiene en cuenta que la CREG fija lineamientos generales para regular el sistema interconectado de energía, los cuales no solo eran de su conocimiento por ser objeto de su actividad comercial, sino que eran aplicados a todos los participantes del mismo y, en concreto, a los que acudían a la Bolsa de Energía. Además, es claro para este cuerpo colegiado que para considerar una supuesta desigualdad pública, debía demostrarse la titularidad de los embalses y su supuesta intervención que superaba la de los otros participantes en el mercado; no obstante, dichas circunstancias no fueron probadas en el sub lite. Así, para la Sala es dable concluir que: i) no hay prueba de la propiedad de los embalses de la parte actora, ii) no se demostró la “intervención” que supuestamente realizó la CREG, y iii) no se le impuso una carga pública que no estuviera en el deber de soportar.

Con todo, era preciso demostrar cuales eran las condiciones de compra y venta de la demandada, para efectos de determinar el cumplimiento y existencia de los supuestos contratos de suministro señalados como incumplidos, los cuales, como narró el a quo, no obran en el expediente.

Además, tal como narró la parte actora en su demanda, mediante las resoluciones 2782 de 1995 y 0007 de 1996, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a ISAGEN por abusar de su posición dominante; no obstante, aquello evidencia que: a) la presunta especulación de precios en la Bolsa de Energía se dio por causas exógenas a la CREG, es decir, por la actividad de terceros y b) la función de vigilar le correspondía a dicha Superintendencia -no está demandada en este proceso-, sin que estuviera dentro de las funciones de la CREG imponer tales sanciones”.

Para la Subsección todo lo dicho quiere significar que no hay prueba del daño antijurídico y mucho menos de uno que revista un desequilibrio de las cargas públicas; no se demostró la propiedad de los embalses sobre los que se alegó el daño y mucho menos la actividad ejercida por la CREG.

Todo lo dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga que la parte demandante no cumplió, pues –se reitera–, no demostró en el proceso el daño antijurídico derivado de la supuesta intervención de la CREG.

Finalmente, huelga decir que a la Sala le está vedado decretar pruebas para solventar deficiencias probatorias de las partes, pues no cabe duda, como se explicó, en cuanto a que constituye una carga que los interesados deben asumir si pretenden que se profiera un fallo favorable a sus pretensiones”.

Responsabilidad contractual del Estado. Al Juez le está vedado decretar pruebas para solventar deficiencias probatorias de las partes.

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