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Obligaciones de medio y de resultado. Aceptación de los pliegos de condiciones por parte del proponente. Oferta sin condicionamientos.
By: System Administrator on jueves, febrero 18

La controversia versa sobre un contrato de compraventa de procesadores y otros dispositivos tecnológicos. El vendedor no entregó los bienes en los plazos pactados. Por esa razón, la entidad adquirente expidió un acto administrativo por medio del cual le impuso una multa. En su demanda, el vendedor adujo que la negativa de la entidad pública a aprobar la cesión de los derechos económicos imposibilitó la entrega de los bienes en los plazos convenidos y alteró el equilibrio económico del contrato, pues se incrementaron los costos para cumplir esa prestación. Así mismo, destacó que, en el proceso de selección, el comprador no amplió los plazos para la entrega de los bienes, a pesar de que no era posible cumplirlos”.

Frente al incumplimiento indicó la Sala que de acuerdo con los términos del contrato la entidad demandante se constituía en mora si dentro de los plazos suspensivos pactados no entregaba los bienes a la entidad contratante[1]. “Tratándose de una obligación positiva, el contratista debía asumir los efectos de la mora –incluida la imposición multas–, salvo que la misma fuera producida por fuerza mayor o caso fortuito, como enseña el artículo 1616 del Código Civil”.

Entonces, conforme a lo acordado por las partes, dijo la Sala, la demandante asumió en virtud del contrato de compraventa “una obligación de resultado, no de medios o mejores esfuerzos” pues en la “cláusula segunda se pactó que el objeto del contrato no se limitaba al desarrollo de las actividades necesarias para la entrega de los bienes observando un patrón de diligencia y corrección, sino a la obtención de un resultado preciso: la entrega de los dispositivos tecnológicos en los términos y bajo las especificaciones técnicas pactadas[2].

La naturaleza de la obligación que asumió el demandante, indicó la Sala, “implica que no pueda aducir, como causal de exoneración de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, el grado de diligencia que observó en aras de satisfacer el interés de su acreedor. La inejecución o el cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones solo puede justificarse por una casusa extraña, esto es, por caso fortuitito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa del acreedor”[3]. 

Ahora, la Sala posteriormente se dispuso a determinar si, “a pesar de la ejecución tardía de sus obligaciones, debe quedar relevado del pago de la multa, pues, a su juicio, el incumplimiento no es imputable a él, sino a su acreedor que (i) no atendió las peticiones recibidas en el proceso de selección abreviada para ampliar los plazos de entrega y (ii) no aceptó la cesión de los derechos económicos del contratista a la sociedad Interbolsa S.A. A continuación, la Sala analizará estos dos planteamientos”.

Aceptación de los pliegos de condiciones por parte del proponente.  Oferta sin condicionamientos.

Frente a lo primero, la Sala rechazó el argumento e indicó que la decisión de la entidad contratante de “no modificar los plazos de entrega de los bienes en desarrollo del proceso de selección abreviada no es un hecho que sobreviniera en la ejecución del contrato e imposibilitara el cumplimiento de las obligaciones del vendedor. Todo lo contrario, el entonces proponente XXXX conoció los plazos de entrega previstos en los pliegos de condiciones, los aceptó y, por esa razón, formuló la oferta sin condicionamientos y celebró el contrato. No es posible, por tanto, que aduzca circunstancias que sirvieron de base para la formación del acuerdo de voluntades con el propósito de exonerarse de las consecuencias del cumplimiento tardío de sus obligaciones.

La posición del apelante desconoce el principio de normatividad de los contratos que consagra el artículo 1602 del Código Civil y el artículo 860 del Código de Comercio, que indica que cada postura en una licitación, sea pública o privada, implica la aceptación de los pliegos y la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Desconoce, asimismo, la manifestación que hizo el proponente en la carta de presentación de su oferta: “Conozco el Pliego de Condiciones del proceso de selección abreviada, así mismo conozco las preguntas formuladas por los interesados y la respuestas dadas por CPE y acepto cumplir los requisitos en ellos exigidos”. Estas declaraciones no pueden tomarse como frases carentes de valor jurídico, sino como expresiones genuinas del carácter obligatorio del contrato y del respeto por la palabra empeñada.

En adición a lo anterior, debe destacarse que la argumentación del apelante se fundó en una observación a los pliegos de condiciones que no se formuló en la etapa dispuesta para el efecto en el cronograma del proceso, ni después de que esta oportunidad concluyera pero antes de que cerrara la selección abreviada. No, la observación dirigida a que se ampliaran los plazos de entrega se formuló el 4 de septiembre de 2008, esto es, más de 15 días después de la presentación de la oferta y del cierre de la selección abreviada, que tuvo lugar el 22 de agosto de 2008.

Así, pues, la Subsección debe reiterar su jurisprudencia el sentido que los proponentes no solo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad los problemas de planificación que adviertan, sino que deben abstenerse de participar en la celebración de contratos si consideran que el objeto contractual no podrá ejecutarse en los términos pactados[4]. Igualmente, debe reiterar que reclamaciones como la analizada son improcedentes, pues implican desconocer la obligatoriedad de la conducta previamente observada, lo que resulta violatorio del principio de la buena fe que informa la celebración y ejecución de los negocios jurídicos[5]
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