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Cesión del contrato y cesión de derechos personales del vendedor. Autorización de la entidad contratante.
By: System Administrator on jueves, febrero 18

La negativa de la entidad contratante a aceptar la cesión de los “derechos económicos” del contrato de compraventa.

La segunda razón de inconformidad que expresó el apelante es que el Tribunal Administrativo desconoció que, por un hecho imputable a la entidad contratante, no pudo concretarse la cesión de los derechos económicos del contrato a XXX S.A., lo que le imposibilitó cumplir los plazos pactados para la entrega de los bienes. Para analizar este reparo, la Sala estima necesario precisar, en primer lugar, el alcance de la expresión “derechos económicos”, que fue usada indistintamente por el a quo y las partes procesales.

Las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, aplicables al contrato objeto del litigio[1], no utilizan la expresión “derechos económicos”. El Código Civil tampoco contempla esa noción; en cambio, sí consagra la distinción entre los derechos personales y reales. Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado. Como los demás bienes, los derechos personales y, en general, las cosas incorporales, pueden ser objeto de apropiación, lo cual es reconocido expresamente por el artículo 670 del Código Civil[2]. Por consiguiente, los créditos pueden ser también objeto de enajenación y de otros actos jurídicos de disposición del derecho de dominio”.

Analizados los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que el acto jurídico que proyectó celebrar el demandante consistió en la cesión del crédito que tenía con la entidad pública. Concretamente, el vendedor persiguió transferir a favor de XXXX S.A el derecho personal a reclamar de la entidad contratante el pago del precio de los bienes objeto del contrato[3]. La cesión del crédito tenía por objeto servir como fuente de pago de las obligaciones con la sociedad administradora de la cartera colectiva, que le entregaría al demandante una suma de dinero a descuento[4]. De esta manera, el vendedor obtenía liquidez para asumir los costos de la importación de los bienes que se comprometió a entregar a la entidad contratante”.  

En este contexto, las normas legales que deben tenerse en cuenta son las que disciplinan la figura de la cesión del crédito (artículos 1959 a 1966 del Código Civil), no las que gobiernan la cesión del contrato (artículos 887 a 896 del Código de Comercio y 41 de la Ley 80 de 1993)”.

“Por tratarse de la cesión de un crédito y no de la cesión de la posición contractual, la postura que adoptara XXXX era, en principio, irrelevante para la eficacia de la cesión de los derechos personales de XXXX. En efecto, según lo previsto en el artículo 1959 del Código Civil, la cesión del crédito es plenamente eficaz entre el cedente y el cesionario desde la celebración del contrato, sin que la voluntad del deudor cedido –que es un tercero frente a ese negocio– juegue papel alguno. Otra cosa es que, para efectos de la oponibilidad de ese negocio –que no para su eficacia–, la ley establezca que “la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste[5]””.

A lo anterior se agrega que en el contrato no se pactó expresamente que la cesión de los créditos del vendedor a un tercero debía ser aceptada por el deudor cedido para que fuera eficaz. Por lo tanto, el asentimiento de la entidad contratante no agregaba ni quitaba nada al negocio jurídico que pretendía celebrar el demandante y mucho menos impedía al contratista cumplir oportunamente su obligación de entregar los bienes.

Ahora “Con todo, la Sala no puede desconocer que ambas partes entendieron que la cesión del crédito del vendedor quedaba sometida a la cláusula décima segunda del contrato, en la que se estipuló: “El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin autorización previa y escrita de EL CONTRANTE”.

La entidad contratante citó esa cláusula en la comunicación del 26 de septiembre, en la que pidió que se aceptara la cesión. Por su parte la entidad contratante manifestó expresamente que no lo aceptaba[6] y, además, en la motivación de la Resolución 188 de 2008, mediante la cual impuso la multa, indicó que “según lo pactado, toda cesión parcial o total del contrato, no solo de su objeto o cantidad de bienes, sino de todo lo inherente a él, debe contar con autorización previa y expresa de la entidad[7].

Según enseña el artículo 1622 del Código Civil, las cláusulas de un contrato se interpretarán también por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con la aprobación de la otra. En este sentido, se puede concluir que el significado que las partes le dieron a la cláusula vigésima segunda del contrato de compraventa fue que la cesión del contrato, pero también de los derechos personales del vendedor, requería la autorización previa de la entidad contratante”.

Para la Sala, conforme a lo dispuesto en el contrato, los hechos planteados por el demandante no fueron irresistibles pues “la cesión del crédito era simplemente un mecanismo de provisión de liquidez, pero el hecho de que no se lograra no constituía un impedimento definitivo para que XXXX S.A. acudiera a otras fuentes de financiación, máxime cuando se comprometió a cumplir la obligación de entrega con plena autonomía financiera”. Obligaciones de medio y de resultado. Oferta sin condicionamientos. Variación del dolar. Cesión del contratos y derechos patrimoniales.

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