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Modificación del contrato estatal. No puede modificarse sustancialmente ni desnaturalizar su objeto.
By: System Administrator on jueves, febrero 18

Liquidación unilateral. El contratista no puede reclamar perjuicios por el incumplimiento contractual sin llevar al debate procesal la liquidación unilateral del contrato.

Esta postura se explica porque el acto administrativo de liquidación unilateral contiene el balance final sobre la ejecución del contrato y determina, con la fuerza ejecutoria que le es propia, quién debe a quién, cuánto se debe y los conceptos que originan y componen la obligación resultante[1]. En ese sentido, el análisis de la responsabilidad de la entidad contratante por el incumplimiento de sus obligaciones no puede adelantarse al margen del balance de cuentas y de las obligaciones o saldos pendientes de pago que el acto de liquidación determina”.

Modificación del contrato estatal. No puede modificarse sustancialmente ni desnaturalizar su objeto.

El Decreto 222 de 1983 en su artículo 58[2] empleó la expresión contratos adicionales para referirse a los acuerdos de voluntades celebrados con el objeto modificar el plazo o el valor convenido. Tales adiciones no pueden introducir modificaciones que no que guarden una estrecha relación con el objeto del contrato; por ello, se entiende que siguen la suerte de éste, en tanto que dependen del contrato principal al que pertenecen, lo que conduce a que el régimen que se les aplica, según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, es el de la ley vigente a la celebración del contrato primigenio.

En el caso concreto, la Sala observa que, en vigencia de la Ley 80 de 1993, las partes adicionaron el valor del contrato interadministrativo en varias oportunidades; sin embargo, ninguna de esas adiciones varió el objeto del contrato, esto es, la construcción de la carretera Cisneros – San José del Nus – Puerto Berrío. Por tanto, la Sala concluye que el régimen legal aplicable a las adiciones es el previsto en el Decreto 222 de 1983”.

Notas de la sentencia: 1. “Al respecto, es preciso indicar que la terminología empleada en el Decreto 222 no es igual a la de la Ley 80 de 1993. El artículo 40 –parágrafo– de la Ley 80 de 1993 abandonó esa denominación y, en su lugar, introdujo la regla según la cual “los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial”. Al margen de las diferencias terminológicas, la jurisprudencia del Consejo de Estado –y también la de la Corte Constitucional (sentencia C-300 de 2012)– ha reiterado, como ya lo hacía el inciso final del artículo 58 del Decreto 222 de 1983, que las adiciones a los contratos no pueden modificar sustancialmente ni desnaturalizar su objeto, pues esto atenta contra los principios de transparencia, selección objetiva y planeación (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp. 39.143. C.P. Stella Conto Díaz. Así mismo: Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de agosto de 2013. Rad. 2149. C.P Augusto Hernández Becerra)”.

2. “La Subsección ha dicho: “… resulta improcedente entender que la modificación de las obligaciones contractuales y la prórroga del plazo y del valor del contrato varían el régimen inicialmente pactado en el contrato, pues esto sería tanto como invertir el principio general, según el cual, lo principal sigue la suerte de lo accesorio e ir en contravía de las disposiciones sobre la interpretación de la ley en el tiempo que consagra la ley 153 de 1887” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de mayo de 2017. Exp. 48.801. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico).

[1] El balance de la jurisprudencia puede verse en: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016. Rad. 2253. C.P Álvaro Namén Vargas.
 

[2]Artículo 58De los contratos adicionales. Salvo lo dispuesto en el título IV, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional. 

Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal. Las relaciones con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías. 

(…)”. 

Modificación del contrato estatal. No puede modificarse sustancialmente ni desnaturalizar su objeto. 

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