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La selección objetiva como principio básico de la contratación estatal.
By: System Administrator on lunes, febrero 15

“La selección objetiva y la libre y equitativa concurrencia de los oferentes son los mecanismos legales preferentes para la eficacia de los principios constitucionales mencionados[1]. Esto, debido a que facilitan (i) que los diferentes agentes de mercado concurran en condiciones paritarias en la oferta de bienes y servicios para el Estado; (ii) escoger la propuesta de contrato que resulte más favorable, en términos del cumplimiento de los fines estatales involucrados en el contrato; (iii) suscribir el contrato con el proponente que ofrezca mayor capacidad jurídica, financiera y técnica; y (iv) el uso eficiente de los recursos públicos destinados al contrato, a partir de la evaluación del precio más favorable y que, además, pertenezca a la propuesta que cumpla con las exigencias vinculadas al desarrollo del objeto contractual.

De la misma forma, la vigencia de estos principios, que se concretan en mayor extensión cuando se hace uso del mecanismo de licitación o concurso públicos, guardan relación con la vigencia de la igualdad de oportunidades y las libertades económicas de los oferentes, en particular, la libre concurrencia al mercado y la libre competencia[2]”. Sentencia de 2020

[1] Sentencia C-300 de 2012 y artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
 

[2] En términos de la jurisprudencia, el mecanismo de selección objetiva “se relaciona con el derecho a la libre competencia y otras libertades económicas, en tanto (i) el contrato estatal es una fuente de ingresos importante para el sector privado y, por tanto, un espacio para el ejercicio de la iniciativa privada y la libre empresa; y (ii) la libre concurrencia permite competencia entre las personas en capacidad de ofrecer el mismo bien o servicio.” Sentencia C-300 de 2012.

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