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El vínculo entre el EGCAP, la vigencia del interés general y los fines del Estado.
By: System Administrator on lunes, febrero 15

“La necesidad de que el Estado suscriba contratos para la adquisición de los más diversos fines y servicios es evidente. Es en el mercado económico donde se ejecutan las diferentes actividades que permiten el cumplimiento de los fines del Estado. Es por esta razón que la jurisprudencia ha considerado que el EGCAP no es un régimen legal particular de contratación sino, desde una perspectiva más amplia, una modalidad de intervención del Estado en dicho mercado[1]

“El EGCAP es, ante todo, un arreglo institucional que tiende al cumplimiento de los fines del Estado, descritos en artículo 2º de la Constitución. En particular, esa actividad debe realizarse en pos del logro del interés general, presupuesto que prefigura las condiciones específicas de la contratación por parte del Estado.

En ese sentido, las diferentes reglas legales que conforman el estatuto en comento deben estar unívocamente dirigidas hacia la satisfacción de ese interés. Es por esta misma razón que los contratos del Estado no tienen la naturaleza propia de las relaciones contractuales ordinarias, pues en este caso el objetivo principal no es el mantenimiento sinalagmático de los derechos y obligaciones de los contratantes, sino la satisfacción del interés general que justifica la especificidad de ese régimen” y “se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

En este punto, “… la Corte destaca que estos principios, en virtud de su jerarquía normativa, guían todas las actividades de la contratación estatal y desde una perspectiva amplia. Esto quiere decir que tienen carácter vinculante no solo para aquellas actividades contractuales desarrolladas a partir de las reglas del EGCAP, sino también respecto de toda actividad estatal dirigida a la adquisición de bienes y servicios, al margen del régimen legal que les resulte aplicable”.

“Esto explica que la legislación prevea de herramientas que excepcionalmente alteran el equilibrio contractual con el fin de otorgar eficacia a dicho interés, como la modificación unilateral, la declaratoria de caducidad, la imposición de sanciones e inhabilidades y, en general, los denominados privilegios exorbitantes de la administración”. Sentencia de 2020


[1] Sentencia C-300-12 M.P. Jorge Pretelt Chaljub.

 

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