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La urgencia manifiesta. Efectos jurídicos.
By: System Administrator on viernes, febrero 12

La figura está consagrada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, disposición que contempla su procedencia, entre otros eventos, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones; puede ser declarada directamente por la autoridad administrativa, sin que medie autorización para el efecto; exige la expedición de un acto administrativo motivado y, sus efectos jurídicos son los siguientes:

 

a. Posibilita los traslados presupuestales que a nivel interno requiera la entidad para atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta

 

b. La modalidad de selección del contratista se torna directa.

 

c. El control fiscal del acto administrativo, sus antecedentes y los contratos que se originen con ocasión de ella, es inmediato.

 

d. Dada la situación de apremio que representa la declaratoria de urgencia manifiesta, es posible prescindir de la suscripción del contrato escrito e incluso del acuerdo acerca de la remuneración, pero debe constar por escrito la autorización impartida por la entidad estatal contratante.

 

e. Su uso indebido constituye causal de mala conducta”.

 

“Sobre la exequibilidad del artículo 42 ejusdem, la Corte Constitucional (C-949-01) ha señalado que la urgencia manifiesta constituye una justificada excepción a los procedimientos reglados de selección objetiva, porque su aplicación está condicionada por la existencia de situaciones de calamidad pública, fuerza mayor o caso fortuito, que por su naturaleza y magnitud afectan inminentemente la prestación del servicio e impiden, por ende,  acudir a los procesos de selección de contratistas,  conforme con la regulación que corresponda.

 

La Corte Constitucional explicó que los posibles excesos que genere la aplicación práctica de ese instrumento son de por sí ajenos al juicio de constitucionalidad de la norma revisada, y, en todo caso, se atenúan por la necesidad de motivación del acto, el control fiscal inmediato y los mecanismos de control sobre las conductas que resulten en su indebido uso (C-772-98). Sobre los traslados presupuestales autorizados por la norma, determinó que ellos son constitucionales, bajo el entendido de que se trata de movimientos internos dentro del presupuesto de la entidad pública respectiva.

Corolario, el control que corresponde a esta Corporación respecto de la declaratoria de urgencia manifiesta realizada en desarrollo del artículo 7 del Decreto Legislativo 440 de 2020 por la Policía Nacional, es abstracto y no tiene alcance respecto de los actos particulares y concretos que se expidan con ocasión de su aplicación, razón por la que se descarta la necesidad de profundizar en los principios constitucionales que regentan la función administrativa y en especial, la relativa a la contratación directa autorizada de manera general con la expedición del acto administrativo que se examina, en tanto el decreto legislativo en mención, fue el que dispuso, con ocasión de la declaratoria de Estado de emergencia económica, social y ecológica, comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud, en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento del ordenamiento constitucional[1] y legal vigente”.  La urgencia manifiesta. Efectos jurídicos.



[1] En referencia a los principios establecidos en el artículo 209 para el ejercicio de la función administrativa, así como los previstos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

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