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Existencia del contrato estatal. Contrato que se rige por el derecho privado.Enriquecimiento sin causa. Causales diferentes a las determinadas en la sentencia de unificación. Factura que no cumple req
By: System Administrator on viernes, febrero 12

“El actor solicitó el reconocimiento y el pago de servicios prestados que habrían excedido el presupuesto de los contratos celebrados y que, en consecuencia, se efectuaron sin el amparo contractual respectivo. Asimismo, solicitó la declaratoria de incumplimiento por el no pago de facturas presentadas durante la ejecución contractual”.

La Sala declaró el enriquecimiento sin causa y condenó a la entidad demandada a pagar, a favor del demandante, las sumas ejecutadas y probadas en el proceso.

Existencia del contrato estatal. Contrato que se rige por el derecho privado.Enriquecimiento sin causa. Causales diferentes a las determinadas en la sentencia de unificación.

Como primera medida, se debe recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que la solemnidad a la que están sometidos algunos contratos estatales, consistente en que deban constar por escrito, es un condicionamiento que impone deberes para ambas partes de la relación contractual[1], derivado, entre otros, de los mandatos de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, en el caso en estudio, aunque ello no fue debidamente advertido por las partes, ni por el juzgador de primera instancia, los contratos celebrados que dieron origen a la presente controversia se regían por el derecho privado, razón por la cual no se puede pretender extrapolar, sin realizar un análisis para el caso concreto, las consideraciones derivadas de la solemnidad de los contratos y las consecuencias que de allí se derivan, toda vez que estas consideraciones tienen fundamento en disposiciones del Estatuto Contractual”.

Revisadas las pruebas allegadas al proceso, la Sala observó que en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN de la entidad pública demandada, sometida a régimen privado de contratación, se estableció “de manera similar a lo que ocurre con los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, que “los contratos celebrados por XXXX se perfeccionan cuando se logre el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, se eleven a escrito y se obtenga el registro presupuestal respectivo de ser procedente”. Lo que permite esclarecer que los contratos que celebraba la entidad demandada eran, en efecto, contratos sometidos a la solemnidad de constar por escrito”.

“Se debe retener, entonces, que, tanto en los contratos estatales sometidos al Estatuto Contractual como en aquellos exceptuados que estén sometidos a la solemnidad de constar por escrito, no se puede pretender desconocer este requisito so pretexto de que se reconozcan y paguen servicios con base en un soporte contractual inexistente, consideración que, en todo caso, no es óbice para que se pueda adelantar un juicio de cara al principio que prohíbe que se produzca un enriquecimiento sin causa, como a continuación se presenta.

Precisamente, de cara a lo señalado en el recurso de apelación y a las pretensiones principales y subsidiarias del demandante, frente a las cuales no queda duda de que lo solicitado por el actor es una declaratoria de enriquecimiento sin causa producida por servicios que fueron prestados por el Concesionario sin la respectiva disponibilidad presupuestal ni el respaldo contractual, esta Sala considera que deben ser reconocidos en atención a las siguientes consideraciones:

La mayor aplicación que ha tenido el principio relativo a la prohibición del enriquecimiento sin justa causa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha dado de la mano de ejecuciones materiales sin que exista un adecuado respaldo en un contrato estatal debidamente celebrado. Se ha concluido que, en algunos casos excepcionales, se puede perseguir una declaratoria de enriquecimiento sin causa, como ocurre en eventos en los cuales el afectado, a solicitud de la entidad, ejecutó prestaciones a su favor luego de que esta le adjudicara un contrato, pero antes de su celebración, o como cuando un contratista ha ejecutado obras por fuera o más allá del objeto contractual con el visto bueno de la entidad contratante, o por la ejecución de obras que han debido contar con un contrato adicional y éste no se perfeccionó[2].

Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado ha establecido los requisitos para que tenga lugar este principio general del derecho. De esta manera, para que proceda la declaratoria de enriquecimiento sin causa es necesario que se presente: 1) un enriquecimiento, esto es, una ventaja patrimonial, 2) un correlativo empobrecimiento, 3) la ausencia de una causa que justifique el desequilibrio patrimonial, 4) que el afectado no cuente con otra acción, consideraciones a las que se suma el que con su configuración 5) no se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. (…)".

"Nota de la sentencia: Si bien es verdad que en la referida Sentencia de Unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897, esta Corporación estableció 3 causales específicas en las cuales, “de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso”, la realidad de los acontecimientos, y el estudio caso a caso, ha dado la razón a las inquietudes que en su momento fueron presentadas en el salvamento de voto a  la providencia de unificación y en posteriores posiciones jurisprudencias, tanto como que, recientemente, se dio aplicación a la prohibición del enriquecimiento sin causa en un asunto en el que se consideró que estaba en juego otro derecho fundamental distinto a la salud, como lo es la educación. Cf., Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administración, Sección Tercera, Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 463".

Para la Sala las respectivas certificaciones del subdirector de la EPS, en las que dejó constancia de los servicios suministrados fuera del respaldo contractual, así como la referida declaración juramentada sobre la prestación de dichos servicios por parte del mismo subdirector, permiten acreditar, suficientemente, la prestación efectiva de los servicios reclamados.

Justamente, se debe tener presente que las certificaciones aludidas nunca fueron objetadas por la entidad demandada, quien, por el contrario, en cada una de las oportunidades procesales respectivas (la contestación de la demanda, los alegatos de conclusión, y en las distintas oportunidades en las que fue preguntada en el curso de la primera instancia sobre el resultado de las tratativas que estaban adelantando las partes para efectos de concretar el ánimo conciliatorio que le habían manifestado al juzgador de primera instancia), siempre reconoció, durante el desarrollo de todo el proceso, que se habían prestado servicios sin el respaldo contractual ni presupuestal, al tiempo que entendía que no existía un fundamento legal que le permitiera realizar los pagos reclamados”.

Declaratoria de incumplimiento fundamentado en facturas que no cumplen los requisitos legales.

Finalmente, en lo que respecta a la pretensión de incumplimiento contractual derivada del no pago de las facturas 13952 y 14648, frente a la cual no se pronunció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta Sala considera que los documentos que fueron aportados como facturas 13952 y 14648[4] (a diferencia de otras facturas que obran en el expediente), no cumplen con los requisitos de los títulos valores establecidos en los artículos 621 y 774 del Código de Comercio, en especial, el relativo a “la fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley”. Situación que desvirtúa su carácter de título valor en los términos de artículo 774 del referido Código.

Ahora bien, si lo que pretendía el actor era una declaratoria de incumplimiento basada en el no pago de las llamadas facturas, las mismas no pueden constituir prueba de una prestación incumplida, justamente, ante el no cumplimiento de los requisitos exigidos para los títulos valores. Esto es, mientras que de los documentos aportados no se desprende una obligación clara, expresa y exigible, con base en los mismos, en ausencia de otros elementos probatorios, no se puede dar por acreditada la prestación de un servicio que hubiera dado origen a una obligación de pago incumplida. En todo caso, se recuerda que si el actor consideraba tener en sus manos un título valor que cumpliera con los respectivos requisitos, debió haber intentado un proceso ejecutivo”. Consejo de Estado. Enriquecimiento sin causa. Causales diferentes a las establecidas en la sentencia de unificación. Contrato sometido a régimen privado.


[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administración, Sección Tercera, Sentencia de 30 de marzo de 2006, exp. CE. 256

[2] Cf. Por todas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administración, Sección Tercera, Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 463.

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