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Liquidación unilateral de contratos en regímenes exceptuados de la Ley 80 de 1993. Nulidad por carencia de competencia.
By: System Administrator on martes, febrero 9

En este punto, la Sala considera necesario precisar que toda competencia de las entidades estatales debe ser constitucional o legalmente asignada, condición necesaria para la validez de todos los actos administrativos que expidan, conforme a los términos de los artículos 4, 6, 121 y 122 de la Constitución Política. En otras palabras, los funcionarios solo pueden realizar aquello que les está expresamente permitido por la Constitución o la ley, contrario a lo que ocurre con la capacidad de los particulares cuyo marco de actuación es más amplio, limitado solo a conductas que estén expresamente prohibidas por el ordenamiento, de donde se deriva que la capacidad de estos es general, mientras que la competencia de los primeros es excepcional.

Es decir, las entidades públicas no pueden válidamente ejercer ninguna facultad o potestad que previamente no se les haya asignado constitucional o legalmente, aun cuando la misma, como en el caso que aquí se resuelve, haya sido prevista en el pliego de condiciones e incorporada al contrato por su expresa disposición, toda vez que, se insiste en ello, las competencias públicas tienen su fuente en la Constitución o en la ley, no en el contrato.

Al respecto, observa la Sala que en el contrato XXX, regido por el derecho privado, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad acordaron traer al contrato la disposición contenida en el inciso tercero del numeral 2.24.3 del pliego de condiciones, que consagraba que ante la imposibilidad de liquidar el contrato de mutuo acuerdo, se tendría por firme la liquidación presentada por entidad contratante, facultad no prevista en el referido ordenamiento, de donde se desprende que EPM no tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato, toda vez que, se itera una vez más, para la expedición unilateral de ese tipo de actos contractuales era indispensable que la entidad contara con la respectiva autorización legal.

A contrario sensu, si la entidad carecía de competencia funcional para proferir los actos mediante los cuales liquidó unilateralmente el contrato, los mismos estarían viciados de nulidad por carencia del atributo de la competencia.

En consecuencia, la entidad contratante no podía válidamente ejercer ninguna facultad o potestad que previamente no se le hubiera asignado constitucional o legalmente, aun cuando la misma se haya previsto contractualmente, toda vez que, preciso es insistir en ello, las competencias públicas tienen su fuente en la Constitución o en la ley, no en el contrato[4]Responsabilidad del contratista por los precios presentados en su oferta.

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