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Nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito.
By: System Administrator on martes, febrero 9

“De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta de los contratos estatales puede ser declarada en forma oficiosa[1], competencia que ratifica el mandato del artículo 1742 del Código Civil[2] que impone al juez anular los acuerdos de voluntades viciados de nulidad absoluta. 

Aunque la Ley 80 de 1993 previó causales específicas de nulidad absoluta, aplicables a los contratos estatales, también acogió las previstas en el Código Civil[3], según el cual hay nulidad absoluta en los contratos con objeto ilícito[4].  

Para la Sala, el contrato de concesión celebrado por las partes “está viciado por objeto ilícito” en tanto conllevó la creación de una tasa a cargo de los sujetos pasivos del impuesto de vehículos automotores en el Departamento “destinada a remunerar los servicios de sistematización, papelería y expedición de formularios y recibos oficiales del impuesto”.

La cláusula pactada por las partes decía:

El contratista recibirá con cargo directo al contribuyente por concepto de papelería, formas continuas, formularios de solicitud, formularios de declaración y los servicios asociados a su suministro, formatos, facturación, servicios de sistematización y automatización de procesos y procedimientos administrativos y papelería de seguridad, un valor de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS (18.500) más IVA por cada recibo oficial pagado de impuestos de registro o boleta fiscal, y por cada declaración presentada y pagada del impuesto sobre vehículo de todas las vigencias canceladas dentro del término de ejecución del contrato.  Estos valores se causarán al pagar el impuesto de registro y al presentar y pagar las declaraciones del impuesto, con cargo directo al contribuyente, sumas que serán recaudadas por la entidad financiera con la que realice convenios de recaudo el Departamento.  La entidad financiera hará transferencias diariamente a las cuentas que para el efecto disponga el contratista.”

En este punto aclaró la Sala que “Aunque no consta que la administración departamental hubiera expedido acto administrativo alguno tendiente a materializar dicho cobro a los ciudadanos, lo impuso de manera arbitraria mediante la suscripción del contrato y la fijación de la remuneración de su contratista, con lo cual los ciudadanos que requirieran la expedición de un recibo oficial de impuestos, pagarían por él la suma de $18.500 mas IVA, tendientes a sufragar los costos de la sistematización, papelería y servicios asociados a la obtención del formato”.

“Ahora, es claro que el gobernador no tenía competencia para la fijación de una tasa tendiente a remunerar el servicio de sistematización y expedición de los recibos de impuestos.  Bajo las previsiones del artículo 338 Superior, solo el Congreso y las Corporaciones Territoriales tienen competencia para decretar tasas.  Así lo prevé:

 

 

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

De acuerdo con la precitada norma constitucional, las tasas están destinadas a la recuperación del valor de servicios recibidos por los contribuyentes, por lo que el pago de las sumas tendientes a remunerar la expedición de los recibos oficiales de impuestos lo constituían. 

Para la Sala, el establecimiento de una tasa sin la participación de las corporaciones públicas competentes, vició de nulidad absoluta el contrato materia de la presente litis, pues tuvo como objeto el desconocimiento de las competencias para establecer tributos, particularmente el principio de “no taxation without representation”, que está expresamente positivado en el ordenamiento constitucional Colombiano.

La Sala estima que, al pactarse la remuneración en la forma indicada, el objeto del contrato no solo se extendió a la prestación de lo contratado, esto es, la sistematización y expedición de los recibos oficiales de impuestos, sino a la creación disfrazada de una tasa que remuneraba dichos servicios, por lo que la totalidad del contrato está afectada de nulidad.

En todo caso, el objeto ilícito está contenido en la cláusula de precio del contrato, por lo que afecta de nulidad la totalidad del acuerdo de voluntades, en tanto el precio es presupuesto de la existencia del contrato estatal y en ausencia de este, no puede existir contrato. Según las previsiones del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, “los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. 

Efectos de la nulidad absoluta del contrato estatal.

De acuerdo con la forma en que se pactó el contrato es evidente que no hay lugar a disponer restituciones mutuas, en tanto no existía obligación de pago a cargo de la entidad territorial contratante, de donde resulta irrelevante analizar cuáles servicios se prestaron efectivamente, en tanto nada se obligó a pagar el Departamento, en tanto aquello que se hubiera ejecutado debía ser pagado por los contribuyentes que obtuvieron sus recibos oficiales de impuestos durante la vigencia del contrato; en todo caso, no se aportó ninguna prueba de la ejecución de prestaciones por parte del contratista. De igual manera, es evidente la imposibilidad material de deshacer lo eventualmente ejecutado por la contratista, por lo que no es posible disponer restituciones mutuas”.   Consejo de Estado. Nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito. 

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