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Incumplimiento del contrato estatal. Pago de la remuneración pactada, sometida a certificaciones del interventor. Silencio administrativo.
By: System Administrator on jueves, febrero 4
“La Sala ha considerado que el contrato, como fuente natural de las obligaciones, da origen a compromisos a cargo de quienes lo suscriben por razón del concurso de sus voluntades. En consecuencia, siendo el contrato “ley para los contratantes” al tenor del artículo 1602 del Código Civil, permite que las partes puedan reclamar judicialmente las consecuencias del incumplimiento.

En razón de ello, el comportamiento de uno de los contratantes respecto de sus obligaciones sirve de título para reclamar, por parte del contratante cumplido, el resarcimiento de los perjuicios derivados de su transgresión al acuerdo, con fundamento en el artículo 90 Superior, por virtud del cual, cuando el Estado causa un daño antijurídico está llamado a resarcirlo y, de igual manera, en las disposiciones del Código Civil (artículo 1546 y 1613 a 1616) que regulan la responsabilidad por el incumplimiento contractual.

Ahora, tanto la reparación derivada de la aplicación de la cláusula general de responsabilidad constitucional, como la establecida en las normas civiles, permiten reclamar la indemnización de todo perjuicio causalmente ligado con este.

Tratándose del presupuesto necesario para la prosperidad de la pretensión de incumplimiento, conviene señalar que al alegarse inobservada la obligación de pago a cargo de la entidad demandada, correspondía a la parte demandante acreditar que acudió al acatamiento de las obligaciones que eran de su resorte para ser merecedor de la remuneración pactada”.

En el proceso, el demandante reconoce que la entidad realizó el pago del anticipo y de la primera cuenta y que reclamaba “el pago de las restantes cuotas mensuales que se causarían, de acuerdo al contenido obligacional citado, con el avance del proyecto certificado por el interventor y la última cuota que dependía del informe final presentado por el interventor, además de la ficha de seguimiento y evaluación debidamente diligenciada y el acta de terminación del contrato”.

Bajo este panorama, indicó la Sala, “correspondía al actor acreditar el cumplimiento de las condiciones pactadas para acceder a la remuneración convenida, en este caso, el avance del proyecto debidamente certificado por el interventor, y su ejecución definitiva con el acta de terminación del contrato. Al respecto se evidencia falta de actividad probatoria para demostrar que en su condición de contratista adelantó las actividades necesarias para el avance del proyecto debidamente certificadas por el interventor y su finalización verificable a través del acta de terminación”.

“No desconoce la Sala que fueron aportadas comunicaciones donde el contratista reportó a la entidad el desarrollo de diferentes actividades tendientes a la ejecución del objeto contractual; sin embargo, la remuneración pactada se supeditó a la certificación del interventor en relación con el avance del proyecto y al acta de terminación del contrato, documentos que no fueron aportados como prueba al expediente.

En consideración al argumento de apelación presentado por el demandante, no es exigible acreditar el cumplimiento propio de las obligaciones contractuales para pretender la declaratoria de incumplimiento del contrato, salvo que de este cumplimiento dependa la obligación que deberá acatar la otra parte. Evento en el cual corresponde al actor demostrar que satisfizo en lo que a su carga correspondía, la obligación convenida.

Así las cosas, la sociedad actora debía acreditar el avance del proyecto en la forma estipulada en el contrato para obtener el reconocimiento de los pagos parciales acordados. Conviene precisar que no bastaba con presentar un dictamen pericial para demostrar el monto del perjuicio, era necesario acreditar también por este medio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista”.

Equilibrio económico del contrato estatal. Silencio administrativo.

Al respecto, esta Sección ha considerado que no es suficiente la omisión de respuesta por parte de la entidad contratante ante una reclamación del contratista, para que se entienda constituido silencio administrativo positivo en la forma prevista por el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

En este sentido, ha sido consistente la jurisprudencia en precisar que el fundamento material del silencio administrativo positivo es la preexistencia de un derecho subjetivo a favor del contratista, entendida como la consolidación de una situación jurídica, formalizada a través de la omisión de respuesta, en las condiciones previstas por la ley”.

“Frente a las reclamaciones elevadas en el sub lite para obtener los efectos del silencio administrativo positivo no es posible predicar la existencia de un derecho subjetivo a favor del contratista. De un lado, solicitó a la entidad el pago de la remuneración pactada, asunto no definido, ante la ausencia de acreditación del cumplimiento de sus obligaciones en los términos convenidos en el contrato; de otro, reclamó una suma por concepto de sobrecostos relacionados directamente con un presunto desequilibrio económico del contrato, que ameritaba una modificación de las condiciones contractuales por voluntad de las partes.

En ninguno de los temas objeto de reclamación puede entenderse que la entidad por la omisión de respuesta ha aceptado su reconocimiento, debido a la inexistencia de un derecho subjetivo en cabeza del contratista. Razón suficiente para no atribuir los efectos del silencio administrativo positivo a la falta de respuesta de la entidad contratante a las reclamaciones presentadas por el contratista y protocolizadas mediante escritura pública”. Incumplimiento del contrato estatal. Pago de la remuneración pactada, sometida a certificaciones del interventor. Silencio administrativo.

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