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Contabilidad de términos. Días hábiles. Reglas de excepción en pliegos. Publicidad de los actos a través del SECOP. Eficacia del acto administrativo.
By: System Administrator on lunes, febrero 1
Caducidad de la acción. Contabilidad de términos. Días hábiles. Reglas de excepción en los pliegos de condiciones.

 

Para determinar si existió o no caducidad de la acción, la Sala analizó “en primer término, al referente legal que distingue entre los días hábiles y los que no lo son, para el cómputo de los plazos. Dispone el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, lo siguiente:

 

“ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”.

 

Al lado de esta norma, existen otras disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional, que permiten una mayor precisión respecto a la identificación de los días que no son hábiles, como acontece con los artículos 1 de la Ley 57 de 1926[1] y 1 de la Ley 51 de 1983[2] que establecieron que los días feriados y los domingos son días de descanso remunerado para trabajadores del sector público y del sector privado. En este sentido, es posible colegir que, por regla general, son días hábiles todos los días del año, excepto los domingos, los feriados, y los de vacancia; sin que el sábado se inscriba en alguna de tales excepciones.

 

Esta postura es concordante con la expresada por esta Corporación años atrás, al afirmar que [“p]or regla general los sábados son días hábiles, pero si la administración ha dictado alguna norma general que considera inhábiles los sábados éstos no pueden contarse en los términos de la ejecutoria.  Es pues regla de excepción que se aplica en caso de autos (…)"[3].

 

Esta subregla se torna en fundamental, en tanto permite distinguir entre los días en que transcurre la actividad contractual del Estado y los días hábiles para el ejercicio de los derechos por parte de los administrados, ya que estas dos categorías no siempre son coincidentes. De esta manera, los primeros pueden definirse por la jornada que tiene habilitada la autoridad administrativa para ejercer sus funciones, la que, en muchos casos, incluye los sábados –pues no existe una prohibición en relación con ese día[4]– pero también por las determinaciones internas que se hagan en torno al servicio y su funcionamiento, pues la actividad administrativa no se interrumpe en función de las jornadas, sino que ésta, al ser permanente, debe responder a las necesidades del servicio de que se trate.  

 

Frente a los segundos, dado que éstos se vinculan a garantías procesales conferidas en favor de los administrados, como es el ejercicio del derecho acción, contradicción, audiencia y defensa, entre otros, los plazos únicamente pueden correr en días hábiles, y allí es donde la jornada laboral es determinante para que el administrado puede acceder a la administración y ejercer sus derechos.

 

En esta línea, la actividad administrativa contractual dependerá (i) de la organización interna de la respectiva entidad en el ejercicio de sus funciones, y (ii) de las previsiones que adopte la administración en los pliegos de condiciones, al reglamentar los procedimientos y definir las condiciones de tiempo, modo y lugar para adelantar determinadas actividades.

A este respecto, recuérdese que el procedimiento licitatorio es una actuación administrativa contractual conformada por una sucesión de etapas tendientes todas a seleccionar la oferta más favorable para la administración. De este propósito da cuenta el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que, al establecer la estructura de los procedimientos de selección, identifica una etapa previa en la cual las entidades públicas analizan la conveniencia y oportunidad del contrato y registran el cumplimiento de los estudios técnicos y factibilidades presupuestales, entre otros, según el caso, que le permitan avanzar hacia la expedición de la resolución de apertura de la licitación, donde la entidad adopta la decisión de contratar y seguidamente desarrolla las actividades precontractuales en las fechas previstas en el cronograma de la licitación que es definido por la entidad contratante.

En este contexto, se destaca en el caso concreto, que el aviso de convocatoria fue publicado en la página web oficial de la entidad desde el 28 de octubre de 2009, en donde se indicó, al igual que en los avisos respectivos, que los interesados podían remitirse al Portal Único de Contratación, para conocer de forma detallada la información referente a este proceso, donde así mismo se hallaba la programación del procedimiento de selección –que incluye el acto de apertura y la publicación del pliego de condiciones definitivo–“.

“De otra parte, observa la Sala, que el pliego de condiciones introdujo una regla para efectuar el cómputo de los plazos fijados para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de selección; y sobre este punto específico, determinó:

 

Los plazos establecidos en el presente pliego de condiciones se entenderán como días hábiles y mes calendario, salvo indicación expresa en contrario. A estos efectos los días sábados no se considerarán días hábiles[5] (se subraya).

 

La regla fijada en el pliego, establece que los plazos a los que alude la licitación corresponderán a días hábiles, excluyendo en ellos los días sábados. Aquí es necesario distinguir entre el cumplimiento del principio de publicidad, y el plazo que de éste se desprende, que es al que aplica el cómputo en días hábiles”.

 

 
Publicidad de los actos precontractuales y contractuales. Eficacia del acto administrativo. Publicidad a través del SECOP. Garantiza su conocimiento y consulta por parte de los miembros de la sociedad.

 

“En relación con el acto de publicidad, hay que decir que este se constituye en un acto de trámite que debía ser realizado por la entidad pública en la fecha indicada desde el inicio de la licitación, tal como pudo verificarse. Al lado de la publicación, o mejor, como efecto de ella, el acto administrativo queda dotado de eficacia y por lo mismo, seguidamente, despliega sus efectos determinando que desde allí existe un plazo para contabilizar. 

 

Es necesario resaltar que la regla del pliego, antes transcrita, se refiere a la manera de computar los plazos (cuando los hay), por ello, dicha previsión no aplica para el día de publicación del acto, dado que allí no hay un plazo inscrito, sino que a ésta aplica una regla especial definida en fecha cierta–. Esta distinción es fundamental, pues aunque se trata de dos situaciones que están relacionadas, cada una guarda su propia identidad, a manera de causa y efecto: la publicación como hecho detonante que marca el inicio de un plazo; y el plazo en sí mismo, que corresponde al tiempo que transcurre desde el dies a quo y el dies ad quem  - día de inicio y día de finalización del término[6].

 

De lo anterior se desprende que, a los plazos se aplica el cómputo en días hábiles según disposición del pliego, como ley de la licitación, y la exclusión de los días sábados es expresión de la premisa original, atrás esbozada, donde la entidad puede excluir los sábados, decisión que en este caso se refirió al conteo de los plazos previstos en la licitación. Con esta aclaración, la publicación hecha el sábado 30 de enero de 2010, condujo a la iniciación del plazo para presentar observaciones al pliego por 10 días, como también para efectos de su control judicial cuyo término corrió del lunes 1 de febrero de 2010, hasta el viernes 12 de marzo del mismo año”.

 

También quedó probado en el proceso que el Secop “era el instrumento apto y calificado para dar a conocer a la comunidad en general los actos administrativos y las demás actuaciones que se surtieran en el marco del proceso de selección”.

 

Entonces, indicó la Sala, “Si bien es cierto que en el propio texto del pliego y en la resolución de apertura del proceso de selección se precisó que el primero de estos podía ser consultado en las instalaciones de la entidad, de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 5:00 pm, ello no desvirtúa que su efectiva publicación se surtió desde su divulgación en el referido portal web, pues la información allí contenida tiene el carácter de oficial y pudo ser conocida por todo el que ingresara a las direcciones electrónicas, ya mencionadas; de hecho, lo que esto demuestra es la existencia de una alternativa para la consulta física de la información, sin que, se reitera, se desconozca su debida publicación electrónica.

 

Ahora, en el pliego de condiciones se definió el sábado como un día inhábil respecto de la forma de contabilizar los plazos fijados en el pliego y a favor de los proponentes.

 

Por tanto, no es viable que el juez modifique o interprete los plazos y trámites de la actividad contractual que la propia Administración previó y con ello establezca consecuencias que contrarían la planeación que hizo la entidad.

De modo que, la determinación del sábado como día inhábil, como ya se estudió, no torna en improcedente la publicación del pliego el 30 de enero de 2010, toda vez que la referida calificación se refiere a la forma como deben transcurrir los plazos en días fijados en el proceso de selección y no a la propia publicación de los pliegos de condiciones, la cual fue programada con antelación y ordenada, de forma expresa, para dicha fecha, a través del acto de apertura de la licitación.

La difusión del pliego de condiciones en el Portal de Único de Contratación, además de ajustarse a la regulación especial estatuida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 2474 de 2008, torna en evidente que el “principio de publicidad admite diversas formas de realización que le corresponde definir y establecer al legislador[7] y que las mismas deben activar la eficacia y oponibilidad del acto, lo cual se advierte en el sub examine, por cuanto la exposición en el Secop del pliego de condiciones garantiza su conocimiento y consulta por parte de los miembros de la sociedad, dado que se trata de un medio al que puede acceder cualquier persona, con los insumos tecnológicos requeridos, a cualquier hora, todos los días del año”.

La Sala revocó la sentencia y declaró que operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y explicó que “contrario a lo dicho por el actor, sí se acreditó que el pliego de condiciones se publicó desde el sábado 30 de enero de 2010. En todo caso, bajo la tesis del demandante, de que el referido acto se publicó en el Portal Único de Contratación el domingo 31 de enero de 2010, ello no altera el cómputo del término de caducidad, pues lo cierto es que aún desde esa última fecha el referido acto fue puesto en conocimiento de toda la sociedad y el plazo para demandar inició a partir del siguiente día hábil, el cual es, para ambos casos, el 1 de febrero de 2010”. Días hábiles. Reglas de excepción en los pliegos de condiciones. Publicidad de actos precontractuales. Publicidad a través del SECOP- 

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