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Las publicaciones de prensa no son prueba idónea para demostrar, por sí solas, el incumplimiento contractual.
By: System Administrator on martes, enero 26

En la acción popular estudiada el debate se centró en "determinar si la falta de una auditoría externa o intervención oportuna por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, en la contratación y ejecución de las obras relativas a la implementación del sistema electrónico en las “mega cárceles”, construidas desde el año 2008, condujo a que las obras y los sistemas no se recibieran a satisfacción y si ello amenazó los derechos colectivos denunciados”.

La moralidad administrativa es un derecho colectivo que involucra intereses superiores, pero ello no significa que se pueda soslayar el desconocimiento de otros derechos y bienes protegidos, como la contradicción de la prueba, la existencia sobre la certeza del daño y la imputación a las demandadas. En ese orden, las simples afirmaciones o inferencias son insuficientes para dar por establecido un incumplimiento grave, así como la afectación de los derechos colectivos denunciados”.

“… las afirmaciones del demandante no pasaron de ser simples especulaciones, por cuanto no existe evidencia de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y protección al patrimonio público”.

La Sala encuentra que aunque el actor popular solicitó la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público fundado en la falta de intervención oportuna por parte del Gobierno Nacional, en la ejecución de las obras contratadas de las mega cárceles, lo que condujo a que éstas no fueran recibidas a satisfacción, especialmente lo relativo a la instalación e implementación de los sistemas de seguridad electrónica contratados; debe decirse que en realidad la controversia giró en torno a las deficiencias del sistema electrónico de cara al contrato suscrito con la Unión Temporal Seguridad Carcelaria en el año 2009 y no frente a la ejecución de obras en los centros carcelarios nacionales de distinta naturaleza”.

Para la Sala, el actor no allegó al proceso las pruebas en relación de los contratos de obra, de la incorporación de los contratos de interventoría de las obras de construcción de los complejos penitenciarios de alta y mediana seguridad “el plenario no cuenta con pruebas directas o indirectas que den cuenta de las actas de iniciación, las especificidades de cada contrato de construcción, los anexos técnicos sobre el alcance de cada obra, lo atinente al desarrollo contractual, el comportamiento de los extremos contractuales, el actas de liquidación de los contratos y los informes de interventoría que den cuenta del cumplimento en el marco temporal y material de los términos pactados, para establecer el balance final sobre lo ejecutado”.

Para la Sala, “más allá de las afirmaciones generalizadas sobre las fallas detectadas en los complejos carcelarios” no se contó con elementos que indicaran puntualmente los incumplimientos.

“Ahora, sobre el alcance del Contrato XXX, se desconocen las condiciones de adjudicación, el contenido obligacional, el contrato de interventoría, su ejecución parcial y, finalmente se echa de menos la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación con ocasión de la suscripción del contrato, la cual concluyó con la solicitud realizada al Ministerio del Interior y de Justicia para que revoque la Resolución XXXX, mediante la cual adjudicó el proceso de selección abreviada a la mentada unión temporal, según los antecedentes más relevantes, relacionados en la Sentencia T-09 , proferida por la Corte Constitucional”.

Finalmente, se advierte que la acción popular no fue establecida para reemplazar la acción de los órganos de inspección, vigilancia y control, pues su fin primigenio es la protección de los derechos colectivos cuando la acción u omisión de las autoridades o particulares, los amenacen o desconozcan con trascendencia en su goce, uso y disfrute para los integrantes del conglomerado.

Tampoco, es a través de esta acción que se podrán imponer criterios de acción a los organismos de control, salvo las hipótesis en las que la protección de los derechos colectivos, cuya vulneración se ha acreditado, imponga una determinación de tal talante.

Y, aunque el carácter público de las acciones populares supone la protección de los derechos colectivos, lo cual justifica que se encuentre concebida para precaver la lesión de bienes y derechos que comprometan intereses superiores de carácter público, en beneficio de la comunidad, esto no significa que su carácter instrumental implique sustituir las competencias asignadas a otras autoridades públicas, ni desplazar las competencias atribuidas a los órganos de control, ni a  los jueces ordinarios en sus distintos órdenes y jurisdicciones, pues, so pretexto de la misma no podrá ponerse en riesgo la estructura, competencias y funciones asignadas a las autoridades públicas, quienes deben consultar los conductos trazados por el ordenamiento jurídico, salvo que existan suficientes elementos que permitan la protección de los derechos colectivos denunciados, sin que implique el ejercicio abusivo de la misma y carente de fundamento”.

“Y a pesar de los evidentes tropiezos desde la suscripción del contrato XXX, puestos de presente en la Sentencia de 2009, trazado por la intervención de los órganos de control, incluida la investigación penal, no hay duda que las pruebas existentes son insuficientes para dar por probada la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, comoquiera que ni las investigaciones aludidas fueron aportadas”.

Por otra parte, advirtió la Sala, “no hay duda de que el actor fundó sus pretensiones en publicaciones en prensa, como da cuenta la demanda. En punto de la valoración probatoria de las publicaciones en medios de comunicación, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo puntualizó[1]:

 

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental[2]. Sin embargo, en principio sólo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.[3]

 

En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen[4].

 

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos.

 

Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso.

 

En relación con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “…las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho…” por cuanto es sabido que el periodista “…tiene el derecho de reservarse sus fuentes.” [5]

 

En este sentido, ha sostenido que las declaraciones que terceros hacen a los medios de comunicación “…tan sólo constituyen evidencia de la existencia de la información (…) por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial…”[6].

 

Lo anterior, debido a que en sí mismas las publicaciones periodísticas representan “…la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”, condición que no permite otorgarles valor de plena prueba debido a que “…son precisamente meras opiniones…”[7].

 La Sala encuentra que en este caso, el citado medio probatorio sólo permite acreditar la existencia de las noticias allí plasmadas y de su inserción en un medio periodístico representativo, pues carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de los hechos en ellos contenidos. Y sólo serán valoradas conjuntamente con los demás medios de prueba válidamente aportados al proceso, lo que significa que con independencia del estado en que se recibieron las obras, el registro noticioso no prueba per se la afectación a la moralidad administrativa ni al patrimonio público”.  Moralidad administrativa. Prueba. Las publicaciones de prensa no son prueba idónea para comprobar, por sí solas, el incumplimiento contractual.

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