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Servicios de representación judicial sin mediar contrato de prestación de servicios. El otorgamiento de poderes no es un acto de constreñimiento por parte de la entidad pública.
By: System Administrator on martes, enero 26

Para la Sala, en el caso concreto no hubo una coacción ni un constreñimiento por parte del departamento sobre el abogado demandante para que prestara sus servicios profesionales de representación judicial en favor de dicho ente territorial en unos procesos adelantados en su contra ante Tribunales Administrativos.

En efecto, indicó la Sala, el gobernador del Departamento le otorgó 23 poderes al ahora demandante para que representara al departamento en los respectivos procesos, “pero tal circunstancia está lejos de demostrar un acto impositivo del ente territorial sobre el abogado XXX para que prestara sus servicios de representación judicial, en la medida en que en el sub examine no se encuentra probado que este se haya visto obligado a aceptar los poderes, como lo quiere hacer ver la parte actora. De hecho, lo que puede extraerse del material probatorio es que la aceptación de los poderes otorgados fue libre por parte del aquí actor y prestó sus servicios de defensa judicial en favor del departamento, pues, se repite, no se observa coacción o constreñimiento”. 

“En este punto de la providencia conviene señalar que las actuaciones de representación judicial que realizó el señor XXXX en favor del departamento XXXX, sin que mediara contrato de prestación de servicios profesionales que respaldara tales actividades, no fueron propiciadas exclusivamente por el ente territorial, pues también intervino la libre voluntad y el consentimiento del aquí demandante cuando aceptó los poderes otorgados por el gobernador de Nariño y cuando procedió a actuar dentro de los procesos. 

Ante la inexistencia de contrato de prestación de servicios, el señor XXX podía abstenerse de aceptar o de dar trámite a los poderes que le otorgó el gobernador, para no obrar al margen de las normas que rigen la contratación estatal -Ley 80 de 1993-, máxime teniendo en cuenta su condición de abogado, pero no fue así. En un caso similar, la Subsección consideró:

 

 

En ese orden de ideas, bien podía el demandante abstenerse de dar trámite a los poderes, hasta tanto se suscribiera el respectivo contrato de prestación de servicios que fungiera como causa o fuente jurídica de su labor, máxime si se tiene presente que en su condición de Profesional del Derecho tenía plena conciencia de que al decidir diligenciarlos sin el soporte contractual que justificara su actuación estaría obrando con desconocimiento del Estatuto de Contratación Estatal[1].

Lo anterior da cuenta de la negligencia del señor XXXX, quien por su condición de abogado tenía conocimiento -o al menos es lo que se supone- de que no podía prestar sus servicios de representación judicial en defensa del departamento de XXXX sin el amparo de un contrato escrito, soslayando el imperativo legal para estos efectos”.

En atención a lo anterior, la Sala consideró que no era viable el reconocimiento de la suma que reclama por honorarios, “en la medida en que dicho señor consintió en la ejecución de esas actividades sin que se hubiese suscrito el correspondiente contrato de prestación de servicios con el ente territorial, sometiéndose así a las consecuencias desfavorables de su actuación (…)”.

“En ese sentido, como lo ha señalado esta Subsección en diferentes oportunidades[2], se destaca que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso contencioso administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que, de manera deliberada o voluntaria, han actuado por fuera de la legalidad o con violación de las normas que rigen la contratación estatal, puesto que en tales eventos lo que se busca solamente es garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales cuando un particular se pueda encontrar en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente -cuestión que no ocurrió en este caso- y por ello hubiere ejecutado unas prestaciones a favor de una entidad pública, aunque ellas no hubieren tenido un soporte convencional.

Concreción o no del enriquecimiento sin causa en el sub examine, según las hipótesis contenidas en la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado

“En la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación fijó su posición en torno a la procedencia de la acción de reparación directa como el medio adecuado para formular pretensiones relativas al enriquecimiento sin justa causa, la cual se supeditó a la ocurrencia de alguna de estas tres hipótesis:

 

 

1. Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia de este.

 

2. En los casos en que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

 

3. En los casos en que, debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993[3].

A lo anterior debe agregarse que la Corte Suprema de Justicia[4] ha advertido que son cinco las exigencias sin cuya presencia no puede existir el enriquecimiento sin causa: (i) que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya tenido una ventaja patrimonial;  (ii) que haya un correlativo empobrecimiento, lo cual significa que el enriquecimiento del obligado haya sido la causa del menoscabo patrimonial del empobrecido; (iii) que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica, es decir, que no se haya generado en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito; (iv) que, para que proceda la actio in rem verso, se requiere que el interesado en restablecer su patrimonio carezca de cualquier otra acción originada en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o de las que emanen de los derechos absolutos y (v) que la actio in rem verso no procede cuando se pretenda con ella soslayar un imperativo legal. 

De acuerdo con lo alegado por la demandante, el asunto debería analizarse bajo la óptica de la primera hipótesis de procedencia del enriquecimiento sin causa planteada en la referida sentencia de unificación, porque, según dijo, sin soporte contractual, el abogado XXX prestó sus servicios profesionales de representación judicial en favor del departamento de XXX, en tanto el respectivo gobernador, en virtud de su supremacía, lo constriñó o le impuso la carga para que ejerciera esa labor, al punto de que, supuestamente, se vio obligado a aceptar los poderes otorgados para tal efecto.

No está de más señalar que, atendiendo a la prestación de servicio de defensa judicial que brindó el actor al ente demandado, este caso no encajaría en las dos últimas hipótesis de la sentencia de unificación. Lo anterior, por cuanto la falta de prestación de ese servicio en este caso particular no representaba una amenaza o una lesión al bien jurídico de la salud, aunado al hecho de que este asunto tampoco da cuenta de que debía declararse una situación de urgencia manifiesta”. Consejo de Estado. Enriquecimiento sin causa. Servicios de representación judicial sin mediar contrato de prestación de servicios.

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