Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?




 

Experiencia. Características. Escisión. Experiencia en la contratación pública: aproximación general al concepto y consideraciones del ente rector de la contratación pública.
By: System Administrator on lunes, diciembre 28

EXPERIENCIA Características – Colombia Compra Eficiente.

“A partir de lo anterior, se pueden extraer cuatro conclusiones relevantes para evaluar las figuras y reformas estatutarias de las sociedades comerciales, respecto de la experiencia:

i) La experiencia es personal, esto es, se adquiere participando, directa o indirectamente, sin que sea posible no hacerlo y tener experiencia.

ii) La experiencia se puede compartir, sin que implique que la compartida a una persona se entienda suya, ya que dentro del procedimiento contractual se reflejará que esa persona tiene la experiencia de otra, como es el caso de las figuras asociativas –consorcios y uniones temporales–, que se verificará en el documento privado de constitución.

iii) La experiencia se puede transferir, y esto es diferente a compartir, lo que implica que la experiencia de una persona se traslada a otra, y esta última acredita la experiencia como propia, como sucede con algunas figuras y reformas estatutarias, excepto para la escisión que se explicará con más detalle en el numeral 2.3 de este concepto.

iv) Cuando la persona que adquirió la experiencia desaparece o se liquida no es posible que comparta o transfiera su experiencia, porque al ser personal sigue la suerte de quien la adquirió”.

La Ley 1150 de 2007, en el artículo 5, establece los requisitos habilitantes para participar en un procedimiento de selección, dentro de los cuales se destaca la experiencia, y cuyo propósito es que las entidades fijen unos requisitos mínimos que debe tener y acreditar el proponente, para que la entidad pueda verificar su aptitud para participar en el procedimiento de contratación y, si se le adjudica, ejecutar el contrato estatal[1]. En ese sentido, la entidad, como responsable de la estructuración de su procedimiento de contratación, es autónoma para requerir la experiencia necesaria para el objeto contractual que se pretende satisfacer con el procedimiento, para lo cual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, debe tener en cuenta el estudio del sector y sus componentes como la identificación de riesgos, el mercado y precio del bien, obra o servicio a contratar[2].

La experiencia que se deriva de los contratos que el proponente ha celebrado y ejecutado con diferentes contratantes, sin importar la naturaleza de estos, se verifica con el Registro Único de Proponentes –RUP–[3], cuando este certificado sea exigible de acuerdo con la ley, en el cual constan los requisitos habilitantes que se evalúan exclusivamente con este documento, que es su plena prueba, sin que la entidad o el proponente, en principio, puedan solicitar o aportar otra documentación[4].

Respecto de la experiencia, esta debe inscribirse, renovarse o actualizarse en el RUP con copia de los contratos o con certificados de los contratos celebrados por el proponente con diferentes contratantes, quienes son terceros que los expiden cuando el contrato fue ejecutado y recibieron los bienes, obras o servicios de parte del proponente. Esos documentos deben codificarse con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel[5]. De esta manera, lo que se verifica con el RUP, entre otros requisitos, es que el proponente tenga experiencia en la ejecución del objeto que pretende contratar la entidad, esto es, que haya celebrado y ejecutado contratos que se asimilen a la necesidad que la entidad requiere satisfacer con el procedimiento contractual, sin que sea necesario que su objeto sea idéntico”.

EXPERIENCIA – Escisión. La escisión y sus efectos sobre la experiencia de las sociedades comerciales.

«[…] 1. Si el art. 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que el interesado, a efectos de acreditar su experiencia en el Registro Único de Proponentes (RUP), puede incluir “(…) [l]os contratos celebrados por (…) sociedades en las cuales tenga o haya tenido participación (…)”, ¿no puede entenderse que esta regla administrativa resulta plenamente aplicable a las sociedades generadas por una escisión, en tanto uno de los atributos de su personalidad (el patrimonio) participaba del patrimonio la sociedad original, que celebró y ejecutó el contrato estatal correspondiente? Téngase en cuenta que sin el patrimonio no es posible concebir a un sujeto de derecho (atributo de la personalidad). […]

»3. Igualmente, si la norma reglamentaria en comento también autoriza a los socios de la sociedad contratista del Estado para incorporar a los primeros la experiencia contractual de la segunda, ¿por qué no aplicar este mismo razonamiento a las sociedades producidas por la escisión de un contratista del Estado? […]».

“De acuerdo con las consideraciones la escisión, como se regula en el Código de Comercio tiene dos modalidades, que ya se explicaron. En la primera modalidad la sociedad continúa sin alteraciones, por lo que no transfiere su experiencia, ya que para ello tendría que «disolverse» pero no «liquidarse», puesto que la «liquidación» implicaría que desaparece la persona y así su experiencia. En la segunda modalidad, a pesar de que existe «disolución», no hay transferencia de la experiencia, porque la persona jurídica fraccionada deja de ser quién es y tiende a desaparecer, es decir, no puede continuar en otra persona, lo cual no corresponde con la definición de experiencia personal ni de transferencia de experiencia, como se explicó en las consideraciones.

            El artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 señala como experiencia los contratos celebrados por sociedades donde el interesado haya tenido participación. Sin embargo, no es posible que cuando una sociedad escinde parte de su patrimonio –primera modalidad de escisión– o se escinde con su patrimonio –segunda modalidad de escisión–, en ambos casos con el propósito de crear sociedades o aportar su patrimonio a sociedades existentes, las sociedades que reciben ese patrimonio se consideren participantes de la sociedad escindida. En efecto, bajo ninguno de dichos supuestos las sociedades beneficiarias adquieren la calidad de socias de la sociedad escindida, cuya experiencia le sigue perteneciendo a ella, en la primera modalidad, y en la segunda modalidad esa experiencia desaparece porque sigue la suerte de la sociedad escindida que al disolverse deja de ser quien es, y solo es posible transferir su patrimonio a las sociedades existentes o para crear sociedades nuevas, sin que ello implique la transferencia de experiencia, de acuerdo con las consideraciones de este concepto.

            Además, las sociedades existentes que reciben ese patrimonio no son socias de la sociedad escindida por recibir parte de su patrimonio, porque la calidad de socio no se adquiere por lo que una persona natural o jurídica reciba de una sociedad, sino por el aporte en capital o en especie que realice en una sociedad. Tampoco tienen la calidad de socio las sociedades nuevas que eventualmente surjan con la escisión, porque su existencia se da a partir de la escisión de la sociedad, esto es, no existían y por ende tampoco podían ser socias o participar de la sociedad escindida”.

»2. Si la misma norma administrativa faculta a los integrantes de un consorcio o una unión temporal a hacer valer la experiencia contractual de dichos entes asociativos, y siendo que el verdadero sujeto contractual es el consorcio y la unión temporal, nunca sus miembros, ¿por qué no aplicar este mismo razonamiento a las sociedades producidas por la escisión de un contratista del Estado?»

“El artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 señala como experiencia los contratos celebrados por consorcios y uniones temporales donde el interesado haya tenido participación. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden ser contratistas del Estado las personas consideradas legalmente capaces, y también asigna capacidad contractual a los consorcios y uniones temporales. Además, el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 define al consorcio y a la unión temporal como la unión de dos o más personas que presentan la misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato; pero su responsabilidad por las sanciones es diferente, frente a una y otra figura.

De esta manera, la Ley 80 de 1993 permite que dos o más personas naturales o jurídicas se agrupen para la presentación de una propuesta y la celebración de un contrato con una entidad estatal, conservando su individualidad jurídica, es decir que el proponente plural no es una persona jurídica, y los requisitos habilitantes deben ser evaluados respecto de cada miembro, sin que ello desconozca la finalidad de esta figura, que es unir esfuerzos. Así pues, la experiencia que adquiere una persona natural o jurídica como miembro de un proponente plural, es del miembro y no del proponente plural porque este no tiene personería jurídica, circunstancias que no se presentan en los supuestos analizados frente a la escisión.

Sin perjuicio de lo anterior, que explica la regulación contenida en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, en todo caso la posibilidad de acreditar la experiencia adquirida en contratos ejecutados bajo las figuras de consorcios y uniones temporales se desprende de dicha disposición, precisamente, cuyo contenido no se puede extender a otros supuestos que no hacen parte de su contenido normativo”.

[1] Ley 1150 de 2007: «Artículo 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

»1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación».

 [2] Decreto 1082 de 2015: «Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes».

 [3] Decreto 1082 de 2015: «Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

»1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

[...]».

 [4] Ley 1150 de 2007: «Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.

[...]

»El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.

»No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa».

 [5] Decreto 1082 de 2015: «Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:

»1.    Si es una persona natural:

»1.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.

»1.2. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Cla­sificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel». Concepto CCE. Experiencia. Características. Escisión. Experiencia en la contratación pública: aproximación general al concepto y consideraciones del ente rector de la contratación pública. 

Go Back