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Proceso disciplinario. Falsa motivación. Práctica de pruebas.
By: System Administrator on lunes, diciembre 21

Derecho disciplinario / violación al debido proceso / desconocimiento del derecho a la practicar pruebas / falsa motivación del acto administrativo sancionatorio disciplinario / costo de oportunidad como perjuicio indemnizable causado por una decisión disciplinaria / diferencias entre los perjuicios morales, a la salud y la vida de relación.

Los actos demandados se encuentran falsamente motivados, por cuanto se demostró que la demandante Liliana Patricia García Forero no cometió la falta disciplinaria por la que fue sancionada.

Para la Sala, la demandante tenía razón “al decir que lo que siempre explicó ante el órgano de control era completamente cierto: no avaló la etapa precontractual ni la suscripción del contrato 001 de 2007, por cuanto la firma que aparecía en la última página del acuerdo de voluntades no era la suya”.

“Se viola el debido proceso cuando injustificadamente no se practican las pruebas solicitadas, aun cuando la petición tiene lugar después de proferida la decisión de primera o única instancia. La autoridad disciplinaria estará siempre obligada a practicar las pruebas que resulten determinantes para establecer o desvirtuar la responsabilidad del investigado. Ello hace parte del principio de imparcialidad en la búsqueda de la prueba”.

“La causal de falsa motivación está relacionada, entre otras, con la ausencia de la conducta. En esa hipótesis, no habría un desvalor de comportamiento para atribuirle al investigado, por lo cual sería improcedente efectuar una adecuación típica, el análisis de la ilicitud sustancial y el juicio de reproche para acreditar la culpabilidad. Esto depende de la adecuada valoración probatoria, tanto de los elementos de prueba obrantes en el proceso disciplinario como aquellos otros recaudados en la actuación judicial, todo ello conforme al control judicial integral del que son susceptibles los actos administrativos disciplinarios.

[…] En el proceso no se demostró el perjuicio en la forma como fue alegado por la demandante. No obstante, la sanción de la inhabilidad general sí restringió las probabilidades de la demandante para que volviera a ocupar un cargo público, razón por la cual es procedente reconocer este perjuicio. La probabilidad máxima, la probabilidad media y la probabilidad mínima de ocupar nuevamente un cargo público son parámetros razonables para tasar este tipo de perjuicios.

[…] Existen tres tipos de perjuicios inmateriales: el daño moral, el daño a la salud y el relacionado con la vida de relación. Sin embargo, entre ellos existen diferencias, lo que hace que en el respectivo caso se deba demostrar debidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, el daño a la salud debe estar acreditado con una prueba idónea que indique el grado de lesión para que sea procedente su reconocimiento, mientras que, en lo que tiene que ver con el daño a la relación de vida, no cualquier situación puede considerarse tal, porque muchas de esas afectaciones estarían cobijadas por el daño moral.

En el proceso se demostraron los perjuicios morales únicamente, cuyo reconocimiento debe fijarse en la suma de cincuenta (50) SMLV, cifra máxima posible cuando se trate de la imposición de una sanción disciplinaria”.

“Tanto en el trámite del proceso disciplinario como en esta instancia judicial, la demandante insistió en la realización de una prueba grafológica para demostrar que la firma que aparecía en la última página del contrato 001 de 2007, por la cual fue sancionada, no era la suya, pese a aparecer el nombre de la dependencia de la cual ella era titular.

En cada petición que efectuó para la práctica de esta prueba destacó que la Procuraduría General de la Nación concluyó de manera errada que ella había aprobado la etapa precontractual y la suscripción de ese contrato, puesto que con esa firma «resultaba lógico inferir que efectivamente dicho departamento, a través de quien lo representaba, es decir su directora, lo revisó y autorizó la firma de dicho contrato, quien además era la persona que tenía dicha función».

“En ese orden de ideas, la prueba grafológica que fue solicitada por el apoderado de la disciplinada en el proceso disciplinario sí era relevante, por lo que con la decisión de negarla se violó de manera considerable su derecho al debido proceso.

En este aspecto, le asiste razón al representante del Ministerio Público, al concluir que la entidad demandada no investigó tanto lo favorable como lo desfavorable y, que si la persona aseguraba de forma insistente que la firma no era la suya, debía atenderse tal petición, pues de allí surgían mayores elementos para relevar o atribuir responsabilidad disciplinaria de manera justa, cercana a la verdad material y a la efectividad del derecho sustantivo.

Por lo expuesto, le asiste razón a la demandante en cuanto a que con los actos demandados se le violó el debido proceso a la demandante”. Consejo de Estado. Sanción disciplinaria. Práctica de pruebas. Falsa motivación.

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