Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?




 

¿Cómo se determina la legitimación en la causa para actuar como un tercero con interés?
By: System Administrator on jueves, diciembre 17

Legitimación en la causa. Pronunciamiento en la audiencia inicial.

Aunque la legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en el curso de la audiencia inicial el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva.

A pesar de lo anterior, esta Corporación ha señalado que, si bien el juez puede declarar la falta de legitimación durante el trámite de la audiencia inicial, dicha declaratoria sólo podrá hacerse cuando se tenga certeza acerca de su configuración, pues, de lo contrario, en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el estudio de ese presupuesto deberá abordarse al momento de proferir la respectiva sentencia[1]”.

¿Cómo se determina la legitimación en la causa para actuar como un tercero con interés?

“Para determinar si le asiste a la parte demandante legitimación material en la causa para actuar como un tercero con interés, es necesario establecer qué se entiende por dicho interés, tema que ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, incluso desde cuando, por falta de norma especial que regulara la materia en relación con la legitimación para pedir la nulidad del contrato estatal, se admitía la aplicación del artículo 1742 del Código Civil, que dispone, entre otras cosas, que la nulidad absoluta “puede alegarse por quien tenga interés en ello”.

El alcance que el Consejo de Estado dio en su momento a la expresión “quien tenga interés en ello”, la contenida en el artículo 1742 del Código Civil, modificado por el artículo 2 de la ley 50 de 1936, para referirse a quien está legitimado para pretender la nulidad absoluta del contrato, fue el mismo que construyó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que, con el mismo propósito, se introdujo en el inciso tercero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y, posteriormente, en el inciso tercero del artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[2].

Debe recordarse, además, que la expresión “que acredite un interés directo”, contenida en el tercer inciso del artículo 32 de la ley 446 de 1998 (modificatorio del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo) e incluida en el artículo 141 del CPACA, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-221 de 1999[3], providencia en la que esa Corporación coincidió con el Consejo de Estado en razonar que el interés directo al que alude aquel artículo no guarda correspondencia con el ánimo público dirigido exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad, sino que se trata de aquel que surge respecto de quien tiene la necesidad de promover el proceso en consideración a que lo que en él se resuelva respecto de la validez del contrato tiene la virtualidad de afectar su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos.

Respecto de lo que debe entenderse por interés directo, resulta ilustrativo traer a colación lo que señala el tratadista Hernando Devis Echandía al referirse a él como el “interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo” y que “hace referencia a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el proceso”[4]; también señala que ese interés debe ser “sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual”[5].

Bajo esta perspectiva, según el autor, para determinar si el interés es sustancial, serio y actual, se debe formular un “juicio de utilidad, a fin de examinar si al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado[6][7] o, en sentido contrario, si al negar el juez las declaraciones pedidas se niega un beneficio material o moral al demandante y, a su vez, se genera un beneficio material o moral al demandado.

Pues bien, según los hechos de la demanda, la inconformidad de la parte actora radica en que, según su criterio, en la etapa precontractual -Licitación Pública No. XXXX, se desconocieron los documentos CONPES, los cuales establecían que, las empresas de transporte colectivo de pasajeros debían ser tenidas en cuenta en los pliegos de condiciones previos a la licitación pública para la concesión de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros, como un supuesto “requisito mínimo habilitante” para la presentación de las propuestas.

Bajo este escenario, como lo que alegan las sociedades demandantes es que se les cercenó el derecho a participar en el proceso de selección y sus inconformidades están dirigidas a controvertir las presuntas irregularidades que se presentaron en la etapa precontractual (pliego de condiciones, licitación pública, proceso de selección y adjudicación del contrato de concesión), estima la Sala que no les asiste un interés directo para demandar la nulidad del contrato de concesión, esto es, no poseen un interés directo, es decir, sustancial, serio y actual.  

En este punto, se destaca que el legislador, al expedir la Ley 1437 de 2011, optó por adoptar la teoría de los actos separables, según la cual es posible individualizar o aislar los actos precontractuales de aquellos proferidos en la etapa contractual y post contractual de la administración, para efectos de su impugnación, de tal manera que existen diferentes medios de impugnación –controversias contractuales, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho- para controlar la actividad contractual del Estado[8]. A grandes rasgos, el fundamento de esta teoría se sustentó en que los actos proferidos antes de la celebración del contrato no poseen un contenido bilateral, sino que son expedidos de manera unilateral por parte de la entidad contratante[9].

Así, las decisiones de la administración proferidas antes de la celebración del contrato y con ocasión de la actividad contractual pueden ser demandadas mediante acciones distintas a la de controversias contractuales, pues el objetivo del legislador fue dotar a estos actos de independencia por considerarlos separables del contrato.

Dicho lo anterior, considera la Sala que, en el sub examine, la manera en que las empresas demandantes pudieron haber acreditado el interés directo al que se refiere el artículo 141 del CPACA, habría sido demandando la nulidad del contrato con fundamento en la nulidad de los actos previos -lo cual no se hizo-, pues se repite, los supuestos fácticos denotan una queja respecto de lo consignado en los pliegos de condiciones, el proceso de selección y el acto de adjudicación; sin embargo, la única pretensión del proceso está dirigida a que se declare la nulidad absoluta del contrato de concesión XXXX, suscrito entre Transcaribe S.A. y XXX S.A.S.

En ese contexto, al aplicar el test de “juicio de utilidad” -al que se hizo referencia previamente-, en relación con la causa petendi, se observa que como el objeto del proceso se limitaría al estudio de la nulidad del mencionado contrato de concesión, si el juez accediera a ella o si la negara, ninguna repercusión directa (beneficiosa o perjudicial) podría surgir de esa declaración en relación con los derechos o intereses que la parte actora considera vulnerados.

Lo anterior, por cuanto si se llegara a declarar la nulidad del contrato de concesión, esa declaración no implicaría per se que Transcaribe S.A. adjudique a la actora la licitación pública (…).

En estas condiciones, estima la Sala que a la parte actora no le asiste un interés: i) subjetivo y concreto, porque, las resultas del proceso no lo podrían beneficiar ni perjudicar, ii) serio, dado que, como el objeto del proceso se limitaría al estudio de la nulidad del contrato, su interés, en el mejor de los casos, sería meramente académico y, por tanto, insuficiente para formular la pretensión, pues no se reporta a su favor ningún beneficio, iii) actual, pues, si desde el comienzo de la litis se evidencia que lo que en realidad se cuestiona son las actuaciones que se surtieron en la fase precontractual, pero dichos actos no fueron demandados, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie frente a la validez del contrato y menos si se tiene en cuenta que, como se explicó previamente, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han dicho de manera clara y expresa, que el interés para demandar en este escenario no puede ser el de la simple legalidad de la actuación de la administración”. Consejo de Estado. ¿Cómo se determina la legitimación en la causa para actuar como un tercero con interés?

Go Back