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Interés directo de un tercero para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal.
By: System Administrator on jueves, diciembre 17

Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa consiste en la calidad que ostentan las partes para formular (activa) o contradecir (pasiva) las pretensiones de una demanda, en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación (por acción u omisión) en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.

Esta Corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, así:

 

“La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, ‘de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda’.

 

“… la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción…”[1].

 

De acuerdo con la providencia citada, la legitimación de hecho en la causa surge a partir del momento en que se traba la litis y se define a partir de quienes componen los extremos del litigio (…).

La legitimación material en la causa no corre la misma suerte, pues, para su definición, se requiere establecer si existe o no una relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquélla realiza[2].

Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la interposición de la demanda; en consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, como ya se dijo, una relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta invoca o la defensa que aquélla propone, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. (…)”.

Comparecencia al proceso de los integrantes individualmente considerados de una unión temporal.

“Para estudiar este tema, resulta conveniente precisar que, a través de sentencia del 25 de septiembre de 2013[3], la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia, en relación con la capacidad procesal que legalmente les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos –en condición de partes, terceros interesados o litisconsortes– en los procesos judiciales en los cuales se debatan asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna otra manera les conciernen con ocasión o por causa de la actividad contractual de las entidades estatales.

De la misma manera, es importante destacar que, en la mencionada sentencia de unificación, esta Corporación aclaró que, el hecho de reconocer que a los consorcios y a las uniones temporales les asista capacidad para comparecer como sujetos en los procesos judiciales en los cuales existe alguna controversia relacionada con su condición de contratistas de las entidades estatales o de interesados o participantes en los procedimientos de selección contractual, de ninguna manera implica que los integrantes de los respectivos consorcios o uniones temporales, individualmente considerados (sean personas naturales o jurídicas), no puedan comparecer al proceso en condición de demandante(s) o de demandado(s).  (…).

En ese orden de ideas, se tiene que los integrantes de una unión temporal pueden, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes, comparecer individualmente a los procesos judiciales relacionados con la actividad contractual del Estado -en sentido amplio-.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de las uniones temporales no seleccionadas en un proceso de licitación pública, si estas consideran que existen méritos suficientes para interponer una demanda, cualquiera de las partes que integraban la misma podrán ejercer su derecho de acción de manera independiente[4], ya que no nació una relación jurídica sustancial que las obligue a actuar en calidad de litisconsortes necesarios[5] y su derecho subjetivo estará determinado por el porcentaje de participación que tenía en dicha unión temporal, elemento perfectamente divisible, de acuerdo con los porcentajes de participación explícitos en el acuerdo de unión temporal o consorcio.

Con base en lo anterior, estima la Sala que no le asiste razón a la apelante, cuando afirma que la sociedad XXXX S.A. solo podía demandar en el presente asunto, a través de la unión temporal de la cual era integrante, razón por la cual, superado este punto, se procederá a examinar, si le asiste o no un interés directo a la parte actora para pretender la nulidad absoluta del contrato cuestionado”.

Interés directo de un tercero para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal.

“El interés directo del que habla la ley, en este medio de control, no es el de la defensa del ordenamiento jurídico, pues debe ser concreto, personal, serio y actual, ya que se soporta en el beneficio que se obtendría con la anulación del contrato, o a la inversa, en el perjuicio cierto que el acto acusado le causa al tercero demandante, esto con el fin de poner al contrato administrativo al amparo de todo tipo de demandas provenientes de terceros sin interés directo y ajenos a la relación contractual”.

“Del aparte que acaba de ser transcrito resulta claro que, cuando la Corte Constitucional expresa que el interés directo para pretender la nulidad absoluta del contrato se predica -esencialmente- respecto de quienes participaron en el proceso de selección, ello supone, como lo anotó en el párrafo anterior al que contiene esa afirmación, que esos participantes tengan la necesidad de intervenir en el proceso en razón de que lo que en él se resuelva puede repercutir de alguna forma “en su situación e intereses, o en el goce o efectividad de sus derechos””.

“En este orden de ideas, si bien la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha entendido que el proponente vencido es de aquellos terceros que tienen un interés directo, se debe precisar que, cuando ese interés se relaciona únicamente con el acto de adjudicación que se considera ilegal, la legitimación de dicho proponente para pretender la nulidad del contrato depende de que no haya operado la caducidad respecto de su pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, pues de lo contrario, será un tercero llanamente o sin interés directo”.

No obstante, advierte la Sala que quien ha dejado vencer los términos para reclamar oportunamente el resarcimiento de los daños puede pretender que se declare la nulidad absoluta del contrato, siempre y cuando acredite algún otro tipo de interés directo en ello, que no surja de su condición de proponente no beneficiario de la adjudicación del contrato, es decir, siempre que su interés no tenga relación con el acto previo, sino con la celebración misma del contrato –situación que no ocurre en este caso–, tal como lo puede hacer también cualquier otro tercero que no haya participado en el proceso de selección y que tenga interés directo para formular esta última pretensión, como lo fue el caso, por ejemplo, en el que esta Subsección determinó que el Invías, a pesar de no haber sido parte en el procedimiento de selección que dio origen al acto acusado y a la consecuencial celebración del negocio jurídico, se encontraba legitimado en la causa por activa para pretender la nulidad absoluta del contrato estatal que allí se cuestionaba (…).

Lo mismo se puede predicar, por ejemplo, en el caso de los familiares del contratista sobre quien recae alguna clase de interdicción, evento en el cual tendrían la calidad de terceros interesados en la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, con el fin de proteger el patrimonio familiar, pues podrían sufrir un perjuicio por la celebración y la ejecución o por la inejecución de ese negocio jurídico; pero, en casos como este que se acaba de citar, a modo de ejemplo, resulta indispensable acreditar que se tiene tal clase de interés.

Ahora bien, en concordancia con lo indicado, respecto de lo que debe entenderse por interés directo, resulta ilustrativo traer a colación lo que señala el tratadista Hernando Devis Echandía al referirse a él como el “interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo” y que “hace referencia a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el proceso”[6] (se subraya); también señala que ese interés debe ser “sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual”[7].

Bajo esta perspectiva, según el autor, para determinar si el interés es sustancial, subjetivo, serio, concreto y actual, se debe formular un “juicio de utilidad, a fin de examinar si al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado[8][9] o, en sentido contrario, si al negar el juez las declaraciones pedidas se niega un beneficio material o moral al demandante y, a su vez, se genera un beneficio material o moral al demandado. (…).

 
En estas condiciones, considera la Sala que a la actora no le asiste un interés: i) subjetivo y concreto, porque las resultas del proceso no lo podrían beneficiar ni perjudicar, ii) serio, dado que, como el objeto del proceso se limitaría al estudio de la nulidad del contrato, el interés que alude tener, en el mejor de los casos, sería meramente académico y, por tanto, insuficiente para formular la pretensión, hasta podría ser malévolo, pues estaría dirigido únicamente a causar un daño a la parte demandada, sin que se reporte a su favor ningún beneficio y, iii) actual, pues, si desde el comienzo de la litis se evidencia que lo que en realidad se cuestiona son las actuaciones que se surtieron en la fase precontractual, pero se hace imposible su estudio dada la configuración de la caducidad, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie frente a la validez del contrato y menos si se tiene en cuenta que, como se explicó previamente, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han dicho de manera clara y expresa que el interés para demandar en este escenario no puede ser el de la simple legalidad de la actuación de la administración”.

Consejo de Estado. Interés directo de un tercero para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal.

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