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Corrección aritmética de la oferta. Es procedente siempre que se encuentre que el error no es de aquellos que tienen carácter de sustancial. El precio es un elemento esencial de la oferta.
By: System Administrator on martes, diciembre 15

 

Corrección aritmética de la oferta. La Administración está en la posibilidad de corregir las ofertas, siempre que se encuentre que aquellos no tienen carácter de sustancial. La existencia de un precio cierto y determinado constituye un factor esencial para la evaluación de la propuesta.

Analizados todos los insumos probatorios acabados de mencionar y en atención al régimen normativo y precedente jurisprudencial aplicable a asuntos como el de la referencia, destaca la Sala que no comparte el criterio sostenido por la Administración, dado que ésta sí contaba con los elementos requeridos para realizar una escogencia objetiva (…) y permitir con esto la realización de los fines perseguidos con la contratación.

Como se advirtió en párrafos precedentes, el aspecto determinante que condujo a la Fiscalía General de la Nación a aseverar que no era viable comparar y evaluar la propuesta, radicó, en su parecer, en que esta carecía de precio.

En efecto, el artículo 845 del Código de Comercio[1] consagra que la oferta debe contener los elementos esenciales del negocio que se propone, entre los cuales, se halla la definición y precisión de la suma a pagar por los bienes objeto del contrato”.

 

Así las cosas, la existencia de un precio cierto y determinado constituye un factor esencial para la evaluación de la propuesta, por lo que su ausencia deviene en la imposibilidad de calificar el ofrecimiento realizado; no obstante, a juicio de la Sala, en el sub júdice no se presentó una carencia de precio, sino un error en la indicación de los resultados de las operaciones matemáticas, como pasa a verse.

No obstante lo anterior, la Sala indicó en la sentencia que examinada la propuesta “es evidente que el proponente formuló con claridad y precisión el valor unitario de los bienes, el IVA correspondiente a cada uno por su valor mensual, el valor integral unitario de cada bien, compuesto por la sumatoria del valor unitario y el IVA, y el valor total …”.

 

Entonces, no es cierto que la unión temporal no haya realizado un ofrecimiento cierto y preciso, pues se establecieron con claridad cada uno de los valores a partir de los cuales se concluyó el costo final de los bienes a contratar; por el contrario, lo que se advierte es que una vez realizada la operación matemática procedente –multiplicación-, no arrojó el “valor total mensual a 36 meses” que fue consignado en la tabla en relación con las impresoras, sino una suma distinta”.

“Al advertir lo anterior, le correspondía a la entidad demandada, como se observó en la jurisprudencia reseñada en apartes previos, hacer los ajustes necesarios en caso de encontrar errores en las operaciones aritméticas, pues ello no alteraba el valor de los precios unitarios –base inmodificable de la operación-.

En línea con lo expuesto, no se comparte el criterio esbozado por el ente accionado, esto es, que se presentó una inconsistencia sustancial que generó la falta de precio y que tal defecto era insubsanable, por ser objeto de calificación, puesto que: (i) siempre se advirtió un precio cierto y determinado, dado por la fijación precisa del valor unitario de cada elemento –incluido el IVA-; (ii) en la propuesta no se observó confusión o falta de claridad respecto del establecimiento de los valores unitarios y su IVA; (iii) las imprecisiones señaladas provienen de la realización de las operaciones matemáticas, más no de una indeterminación de los valores unitarios; y, (iv) a pesar de que el proponente manifestó que en una hoja de excel consignó los valores unitarios con los decimales, lo cierto es que ese documento no constituía ninguno de los requerimientos del proceso de selección, ni fue allegado de forma voluntaria por el oferente, la entidad solo contaba con los documentos exigidos en el pliego de condiciones, en específico el anexo 5, en los cuales se establecía sin dubitación alguna el precio unitario de los bienes objeto del proceso de selección. (…).

Por consiguiente, la parte demandada incurrió en una conducta omisiva que desconoció los principios de eficacia, economía y celeridad de la función administrativa al rechazar la propuesta con sustento en la “inexactitud en la información suministrada por el proponente que no permitan de manera objetiva ponderarla para efectos de la evaluación respectiva”, por cuanto sí contaba con los insumos requeridos para calificar y comparar la oferta, lo cual produjo una pérdida injustificada de los medios, tiempo y esfuerzos que la entidad usó para edificar el proceso de selección, una desestimación injustificada de la participación de los proponentes, en particular de los acá oferentes, y un retraso en la provisión de los equipos tecnológicos objeto de la licitación, los cuales optimizan las condiciones laborales de los servidores de la entidad, resultando ello en una mejor provisión del servicio a cargo de la entidad y en pro de la sociedad en general. 

También se observa una evidente trasgresión de los principios de economía y selección objetiva, pues, debido a una interpretación en extremo rigurosa de lo acontecido en el proceso de selección, se le otorgó a un defecto de forma la caracterización de un error sustancial, lo que conllevó a declarar desierta la licitación, cuando, en realidad, sí existían las condiciones necesarias para comparar la oferta, por cuanto se había determinado un precio y las “inconsistencias” advertidas eran de fácil corrección, mediante la debida ejecución de la operación aritmética; de manera que al contar con los valores unitarios y siendo el IVA un porcentaje fijado por ley, era posible hacer la verificación aritmética con una mínima diligencia”.

 

Recuerda la Sala que la selección objetiva del contratista, lleva implícita la promesa de comprometerse con quien presente la mejor propuesta, por lo que resulta contrario a esa premisa construir razones intrascendentes para evitar ese cometido y con él la realización de los fines de la contratación estatal. La actividad contractual del Estado, presente en las fases previas a la adjudicación y selección del contratista, impone no solo el cumplimento de reglas objetivas, sino que la discrecionalidad restringida en el proceso de selección del contratista no puede ser ajena a las pautas de  la buena fe y corrección, que en este caso, sin duda, no fueron observadas, en tanto la construcción de los argumentos que impidieron la adjudicación de la propuesta solo evidenció un inusitado esfuerzo por mostrar aquello que la realidad no acreditaba.

 

La evidencia acerca de aquello que en esta providencia se ha dado por llamar como error, era sin duda excusable ante lo que manifestaba el proponente, así como intrascendente frente a la determinación del precio ofertado, amen de lo cual ni siquiera evidenciaba una conducta negligente o descuidada del proponente,  por lo que la determinación de dar fin al proceso declarándolo desierto, se opuso al carácter sinalagmático de las exigencias emanadas de la buena fe de quienes participan en el proceso de selección. En resumidas cuentas, el principio de selección objetiva y sus reglas fueron omitidas en tanto el supuesto error, de serlo, ni siquiera fue relevante, y menos aún esencial, a pesar de lo cual no fue reconocido así por la entidad pública demandada”.

 

En los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, aplicable al momento de ocurrencia de los hechos del sub lite, se establece que la entidad debe escoger la oferta que resulte más ventajosa, en virtud de las comparaciones que realice de los ofrecimientos recibidos y en atención a la ponderación y estudio de los factores de escogencia delimitados en el pliego de condiciones.

 

En el curso de esa labor, la Administración puede advertir la existencia de errores en las propuestas y, en estos eventos, la Administración está en la posibilidad de corregir las ofertas, siempre que se encuentre que aquellos no tienen carácter de sustancial, en aras de evitar que se elimine una propuesta que pueda resultar más ventajosa para los intereses de la entidad.

 

Bajo esta línea, la jurisprudencia de esta Sección ha admitido la corrección de errores aritméticos contenidos en la propuesta, como un mecanismo de la Administración que permite y viabiliza la evaluación y escogencia objetiva de las ofertas, al considerar que tales errores, por derivar de una mala ejecución de una operación matemática, no constituyen un defecto sustantivo en tanto no modifican la base o parámetro a evaluar y se limitan a rectificar el ejercicio aritmético.

 

De manera consolidada en el tiempo, esta Corporación ha construido una línea jurisprudencial dirigida a disciplinar a las entidades públicas en relación con la aplicación del mecanismo de corrección de errores aritméticos en sus licitaciones, de modo que no es desconocida su pertinencia y obligatoriedad, como lo revelan las siguientes decisiones, donde se ha expresado:

 

La entidad al adelantar el procedimiento de evaluación y comparación, puede advertir la presencia de errores o irregularidades en las propuestas con relación a los lineamientos contenidos en el pliego de condiciones, ya sea en el aspecto técnico, económico o jurídico.

 

“De presentarse esa situación, deberá definir si los errores son o no de carácter sustancial, con el objeto de corregir los no sustantivos, de tal forma que no se elimine la propuesta que pueda resultar más favorable.

 

“La jurisprudencia se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la evaluación de las ofertas y ha destacado la exigencia legal, relativa a que dicha evaluación debe hacerse con base en la ley de la licitación, cual es la contenida en los pliegos de condiciones, sin negarle a la Administración la posibilidad de corregir las ofertas, en caso de advertir que ellas contengan errores, susceptibles de dicho procedimiento, sostuvo: (…)

 

“En este caso, el actor no aportó copia de su propuesta; además también se advierte, que muy probablemente si hubiera aportado dicho documento, la respuesta sobre el punto enjuiciado sería idéntica debido a que aparece en el informe técnico de evaluación que la Administración corrigió el dato de resultado de la operación matemática y no las bases.  (…)

 

“En este caso el sentido integral del pliego muestra, en relación con el valor de la propuesta de un oferente, como ya se explicó antes, que cuando está ajustada totalmente al pliego, el valor contenido en la misma oferta es el que sirve para tenerse en cuenta con otras, para obtener el valor promedio. Pero cuando no se ajusta en todo al pliego, en lo que atañe con el resultado de la operación precio unitario - cantidades, la Administración debe corregir el resultado, efectuando correctamente la operación matemática, con los datos dados, en autonomía de la voluntad, por el proponente[2] (negrillas del texto original).

 

Con similar criterio, en oportunidad posterior, se aseveró lo siguiente:

 

“En este punto, se observa que la entidad pública estaba en la obligación de hacer una valoración objetiva de todas las propuestas, lo cual no le impedía hacer los ajustes necesarios en caso de errores o inconsistencias que no alteraran el valor total de la propuesta.

 

“Si bien es cierto, que al resumir las cantidades de obras se fijó como  precio unitario para Mampostería y Similares el monto de $ 5.948,oo y a continuación en el “Análisis de Precios Unitarios“, se señaló la suma de  $ 4.988,oo, la administración no alteró el valor de la propuesta, pues en realidad lo que hizo la entidad, fue acoger el menor valor, por cuanto dicho item aparecía en ese capítulo debidamente discriminado y explicado.

 

“Además, la entidad colocó en consideración de las partes el concepto técnico jurídico que contenía las calificaciones definitivas; de ser así, en dicha oportunidad, el actor pudo mostrar su inconformidad y no lo hizo, en cambio el proceso licitatorio siguió su curso. En estos términos la conducta de la entidad contratante fue imparcial y objetiva y no existe el mínimo indicio sobre el favorecimiento alegado por el actor (…)

 

 “La diferencia registrada en el rubro de mampostería y similares,  entre el formulario de precios unitarios (fl 202) y el formulario de análisis de los mismos ( fl  203), no podía resolverse de manera diferente, pues, no sólo se ajustó a la directriz sobre selección objetiva del proponente guardando el debido equilibrio en el manejo de los diversos intereses, sino que esta conducta, sin duda garantiza los intereses de la entidad y de los proponentes[3].

 

Luego, en providencia más reciente, esta Subsección afirmó:

 

“Como se observa, la regla prevista en el pliego de condiciones acerca de la facultad de la entidad para realizar la corrección aritmética recaía sobre los datos vertidos en el anexo 5 que servía como factor de evaluación, no sobre los componentes que según el análisis de precios unitarios conformaron los valores depositados en el referido anexo. A la par se añade que dicha facultad, en modo alguno, contemplaba la posibilidad de alterar los montos, sino simplemente de constatar que las operaciones realizas con base en los mismos para obtener la suma total de la propuesta fueran ajustadas desde la perspectiva matemática.

 

“En ejercicio de dicha prerrogativa, la entidad procedió a corregir aritméticamente el anexo 5 presentado por el proponente Consorcio Vías 2012 y, luego de efectuar las modificaciones matemáticas del caso, concluyó que el valor de su propuesta ascendía a $3.557’466.304, cuantía que no superaba el presupuesto oficial estimado en $3.573’066.304,94[4].

 

El anterior recuento jurisprudencial, muestra con evidencia la posibilidad que tiene la Administración de verificar y corregir las operaciones aritméticas plasmadas por los proponentes, incluso si en los pliegos no se expresa esta posibilidad, pues en caso de encontrar algún error en las propuestas, siempre que tal actuación solo implique la debida ejecución del ejercicio matemático, que no involucre una alteración de los montos o bases de las mismas, las entidades tienen el deber de procurar la realización del principio de economía y selección objetiva”.  Consejo de Estado. Declaratoria de desierta. Corrección aritmética de la oferta. 

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