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Todo empleado público debe firmar poniendo con todas sus letras el nombre y apellido. Ley 4ª de 1913. Decretos firmados por el Presidente de la República.
By: System Administrator on martes, noviembre 24
“ARTICULO 321. Todo empleado público debe firmar poniendo con todas sus letras el nombre y apellido. Sólo es permitido poner con las iniciales los segundos nombres y apellidos que se usen para distinguirse de otros individuos”.

Al respecto, la Sala destaca dos aspectos que, en su conjunto, conducen a declarar impróspero el cargo planteado, y en consecuencia llevarán a negar la configuración del vicio de nulidad deprecado.

En primer lugar, es relevante para la Sala aludir brevemente al contexto en el que fue promulgada la ley 4 de 1913 pues, sin cuestionar la vigencia del artículo 321 de la ley 4 de 1913, es ilustrativo resaltar las notas distintivas a las que se vinculó su expedición, y la escena política que marcó el rumbo de sus disposiciones, para llegar a su entendimiento y aplicación en nuestro sistema legal.

Hay que señalar que, en sus orígenes, la Ley 4ª de 1913 estuvo orientada a acopiar normas que, en la época anterior a su expedición, venían afirmando los cambios en el modelo de organización política y de gobierno de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta nueva estructura, se focalizó en definir las bases de actuación de los municipios y sus relaciones con las demás entidades territoriales de la época, tal como lo ilustra el informe para segundo debate en Senado del proyecto de ley sobre régimen político y municipal, de fecha 23 de agosto de 1912, donde se indicó:

“(…) porque sentadas las bases fundamentales de la organización constitucional de un país, se ha creído siempre la más apremiante de las necesidades la de organizar el Municipio, base de la República, y las Provincias y Departamentos, ruedas intermedias en el mecanismo administrativo del país, y establecer los principios generales que regulan las diferentes relaciones entre las autoridades de las ramas política y administrativa”[1]

Al analizar las bases de la Ley 4 de 1913, estudiosos y compiladores en esta materia[2] han podido establecer, que esta norma fue receptora de las disposiciones que traía la Ley 149 de 1888, la que, a su turno, había recogido en gran medida, las normas provenientes de los códigos de los estados federados, principalmente el de Cundinamarca[3].

De manera que la vigencia y aplicación de estas particulares disposiciones, entre ellas, la citada por el actor, debe articularse al modelo político adoptado en la Constitución de 1991 y a las normas que en la actualidad permiten definir con mayor precisión las materias que subsisten de dicho cuerpo, de cara a su contenido histórico normativo, bajo el entendido que las mismas, estaban orientadas principalmente a fijar reglas en el orden municipal y local que se estaba afianzando, sin perjuicio de otras más que vinculaban a éstas con el orden central.

En segundo lugar, pero entrelazado al anterior, es de anotar que la Carta Política vigente, en el artículo 189.11 estableció como facultad del Presidente, entre otras, “[e]jercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”, los cuales deben estar acompañados de la firma del primer mandatario, sin que la inclusión de su nombre y apellidos “con todas sus letras” constituya un vicio invalidante en la expedición de sus actos.

La anterior afirmación, tiene lugar, en la medida que la autoridad del Presidente de la República, en el aspecto formal, se materializa con la firma de sus actos, junto con la rúbrica del Ministro del ramo o del director del Departamento Administrativo que corresponda –siendo exigible frente a estos últimos la inclusión de su nombre completo, como en efecto fue cumplido en el Decreto 2345 de 2008–. Así, a diferencia de lo que el actor plantea como una irregularidad que tiñe de nulidad sus actos, ha de entenderse que la finalidad del artículo 321 de la ley 4 de 1913 no se ve insatisfecha en el caso concreto, pues su contenido está dirigido a identificar, en un universo de funcionarios públicos de diferentes entidades y niveles, aquellos que con su nombre completo, e incluso con “las iniciales [de] los segundos nombres y apellidos” permitan la identificación personal de la autoridad que los emite.

En el caso del Presidente de la República, como única autoridad que puede ostentar esta dignidad en un periodo determinado, no asiste un requisito de identificación como el exigido en el citado artículo 321 precitado, pues la prueba de su identidad no pende de la inserción de su nombre completo en el texto de la norma, sino que basta con señalar que se trata de un acto emanado del Presidente –como se observa en el encabezado y epígrafe del decreto 2345 de 2008– para que se conozca, conforme a su fecha de expedición y firma, la identidad de quien fungió en determinado periodo constitucional, en tan alta dignidad; circunstancia que se configura en un hecho notorio, comoquiera que este evento se reviste de la característica de corresponder a aquellos “cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo”[4].

De manera que la finalidad que exhibe la norma citada por el demandante, no se encuentra infringida, pues su tenor evidencia que las letras que expresan el nombre completo del funcionario público tienen por finalidad distinguirse de otros individuos”; ya no en función de imponer la expresión manuscrita, legible y con el nombre completo que hiciera prueba del funcionario que emitió el acto, conforme a las condiciones tipográficas de la época; sino que, hoy en día, su alcance se dirige a particularizar, en una generalidad de funcionarios, aquel que, entre otros, ha actuado en ejercicio del poder público; lo cual no es aplicable, stricto sensu, a la figura del Presidente de la República. 

De conformidad con lo anterior, y por cumplirse las características propias del hecho notorio en la identidad de la figura del Presidente, de cara a las exigencias y finalidades del artículo 321 de la ley 4ª de 1913, la Sala considera que el cargo esgrimido contra el acto administrativo, parcialmente demandado, es infundado; razón por la cual, las pretensiones no están llamadas a prosperar y, en consecuencia, serán denegadas”.



[1] Pág. 16 del estudio titulado “La ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, Con jurisprudencia y estudio sobre sus antecedentes, derogatorias y vigencia”. Gaceta del Congreso Edición Extraordinaria. Bogotá, 2013. https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/Ley%204%20de%201913.pdf

[2] Ibidem. Publicación realizada entre el Senado de la República y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Imprenta Nacional, 2013.

[3] Pág. 29 ibidem. Se registra que en la exposición de motivos de esta Ley, se consigna que el proyecto “no constituye una nueva obra innovadora de las instituciones jurídicas vigentes”, pues se limita a ser “una obra de codificación de las muchas leyes relativas a ese ramo de la legislación nacional que andan dispersas, que no armonizan unas con otras, que corresponden, unas a la época en que aún no se había hecho reforma constitucional alguna (…)”

[4] Corte Constitucional, Auto 035 de 1997. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 14 de abril de 2016, Exp. 25000232400020050143801.
Consejo de Estado. Todo empleado público debe firmar poniendo con todas sus letras el nombre y apellido. Ley 4ª de 1913. Decretos firmados por el Presidente de la República.

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