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Liquidación bilateral. Salvedades. Vicios de consentimiento. Error. Enriquecimiento sin Causa. Contrato con régimen privado.
By: System Administrator on martes, noviembre 24

Valor de las copias simples.

“Al respecto y, frente a lo señalado en la sentencia apelada acerca del valor probatorio de las copias simples, la Sala debe recalcar que, cuando los documentos aportados en copia simple han militado en el proceso sin ser tachados por las partes, son susceptibles de valoración probatoria, a la luz de lo que al respecto señaló la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013[1], en la cual se determinó, precisamente, que serían estimables como prueba los instrumentos que los sujetos procesales allegaran en copia carente de autenticación y que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por ninguno de los extremos de la litis”.

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO – Obligaciones de las partes – Deber de expresar reservas y salvedades – Fuentes normativas de esa obligación – Condiciones para demandar judicialmente el acta que la contiene. Aplica para contratos que se rigen por el derecho privado.

Esta postura ha encontrado su principal apoyo en principios como el de la buena fe, previsto en la Constitución Política, y en el que dicta que nadie debe obrar contra sus propios actos, aunque también se ha señalado que el origen de esa obligación de las partes, de atenerse a lo que han aceptado sin reparos en la liquidación bilateral del contrato, se ubica igualmente en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable incluso en los contratos sujetos a la Ley 80 de 1993[2], y que establece que “[t]odo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por mutuo acuerdo o por causas legales”. Ello es predicable, sin lugar a dudas, respecto de la liquidación bilateral del negocio jurídico, pues por su conformación, tal acto también entraña una naturaleza claramente contractual”.

 

 

“[P]uede acontecer en él [es decir, en el acto de liquidación] que algo que constituyó una inconformidad en el pasado resulte finalmente olvidado, o que se haya comprendido -por la fuerza de las razones de la otra parte- que la exigencia no tenía razón de ser. Una multiplicidad de posibilidades se conjugan en ese instante; de ahí que las constancias concretas de inconformidad, en ese único y preciso momento, sean las que definen el futuro procesal de los reclamos, debido a la concentración que, de la autonomía de la voluntad, se hace presente allí para poder disponer o no de los derechos derivados del contrato.

 

Este último criterio resulta aplicable, naturalmente, a todos los contratos celebrados por el Estado, tanto aquellos que se sujetan exclusivamente al derecho privado como aquellos regulados por la Ley 80 de 1993, pues en ambos casos, el acta de liquidación bilateral constituye en forma indiscutible un contrato, llamado por el derecho común a ser ley para las partes.

 

Ahora, en el marco de estos razonamientos, la jurisprudencia reseñada también ha reconocido que el acta de liquidación bilateral, si bien no es pasible de ser anulada en juicio cuando en ella no se expresaron las salvedades señaladas, dicho impedimento desaparece si el actor invoca algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) que afecte la validez del acto en cuestión. En tal evento, el juez queda habilitado para examinar el instrumento de liquidación, pero la prosperidad de las pretensiones de la demanda dependerá, naturalmente, de la prueba de ocurrencia del vicio alegado”.

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO – Presupuestos – Falta de prueba de los hechos que los configuran.

“… El ordenamiento no señala como error invalidante del acto, cualquier yerro en el que incurran las partes al momento de celebrar el negocio jurídico, sino solo el que recaiga sobre la clase de acto o contrato, la identidad del objeto y su calidad esencial, o la identidad del co-contratante, esto último cuando tal aspecto es la causa principal que lleva al afectado a celebrar el acuerdo de voluntades (Código Civil, artículos 1509, 1511 y 1512[3]).

Como lo anota la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el error que vicia el consentimiento es el que produce el desconocimiento del afectado respecto de la especie de negocio o de objeto, “porque se parte de la base de que ‘el contratante no habría contratado ni (sic) se hubiera equivocado sobre la naturaleza del contrato o la identidad del objeto y porque considera que esa equivocación neutralizó su voluntad, la cual no pudo, por ello mismo, crear un acto jurídico válido’”[4].

El error, así configurado, anula el acto jurídico porque, debiendo nacer el mismo como un acuerdo de voluntades, tal acuerdo no llegó a realizarse, en cuanto las partes no tuvieron punto de convergencia sobre la esencia del negocio o su objeto, discrepancias que necesariamente minan la validez del acuerdo y la posibilidad de que genere el efecto jurídico perseguido por los firmantes[5].

 

En esa medida, no constituye error que vicia el consentimiento el hecho de que una de las partes, acertando sobre la naturaleza del acto celebrado –liquidación bilateral del contrato- y expresando su asentimiento sobre su contenido, resuelva omitir uno de sus requisitos –la inclusión de salvedades- con el convencimiento de que sus peticiones pendientes, referentes al contrato, serán atendidas en otro momento, por fuera de la oportunidad legal prevista para ello, es decir, por fuera del acto mismo de liquidación.

Por el contrario, la omisión de los requisitos de un acto o negocio jurídico bajo la confianza de que tal silencio no generará los efectos que está llamado a producir, equivaldría a pretender que el desconocimiento o la inobservancia de la ley y de las reglas que gobiernan el contrato, al generar la consecuencia de que no se satisfaga el interés del contratista, éste pueda procurarlo judicialmente.

Ello comportaría un desconocimiento de los principios que establecen que nadie puede alegar su propia culpa en su propio beneficio, y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, esto último también establecido en el artículo 9 del Código Civil. En últimas, se llega por esta vía a lo señalado por el artículo 1509 de tal normativa, en cuanto a que “[e]l error sobre un punto de derecho, no vicia el consentimiento””.

ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – No se configuró– Hechos alegados tenían causa jurídica – Actio in rem verso no es mecanismo subsidiario para remediar omisiones e inobservancias del afectado en la relación contractual y en el ejercicio de la acción procedente.

“… la actio in rem verso no puede ejercerse cuando exista un mecanismo judicial concreto que le permita al afectado obtener la reparación o compensación patrimonial por su pérdida, puesto que se parte de que el enriquecimiento correlativo a tal menoscabo alegado por el actor carece –se reitera- de causa jurídica. Es por ello que la jurisprudencia se ocupa primordialmente de los casos en que se invoca el enriquecimiento sin justa causa cuando no media contrato debidamente celebrado y perfeccionado. En esa medida, los parámetros señalados tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado permiten entender que si la circunstancia de inequidad alegada por el demandante surgió en el marco de un contrato legalmente celebrado y nacido a la vida jurídica, son diferentes las instituciones que ha de invocar el demandante– previstas en las normas que gobiernan el contrato- así como la pretensión judicial que puede invocar para su solución”.

“En ese orden de ideas, si el evento aducido en la demanda surgió en el marco de un contrato que no llegó a celebrarse bajo las reglas legales o no se perfeccionó en debida forma, puede excepcionalmente caber la actio in rem verso, ejercida para invocar el enriquecimiento sin justa causa, pero solo cuando se dan las circunstancias especiales enunciadas en las sentencias reseñadas. En caso contrario, cuando la situación de inequidad que alega el demandante surgió en desarrollo de un contrato legalmente celebrado y tuvo como causa la ejecución del mismo, es palmario que existe una causa jurídica que dio lugar a la alegada disminución patrimonial del actor, de suerte que no es posible la configuración del enriquecimiento sin justa causa, sino de figuras y situaciones distintas –v.gr., incumplimiento del contrato o la ruptura del equilibrio financiero contractual- que desvirtúan la pretensión de enriquecimiento injusto por no encuadrar en sus elementos y presupuestos”.

“… el consorcio contratista perdió por su propio obrar la oportunidad legal que tenía para procurar el restablecimiento de los derechos patrimoniales que refiere como afectados; situación que en manera alguna puede tenerse como la “desaparición de la causa jurídica” de su reclamación, con la virtualidad de permitirle obtener reembolsos patrimoniales por la vía de la actio in rem verso por enriquecimiento sin justa causa. Tal posibilidad debe descartarse de plano puesto que, como lo señaló la jurisprudencia antes referida, la “ausencia de causa” como requisito para invocar el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento patrimonial –los mayores costos referidos en la demanda- “no haya sido generada por un contrato” [6], circunstancia contraria a la que ocurrió en el caso sub judice –nuevamente lo señala la Sala-, en el que la disminución patrimonial alegada por la parte demandante tuvo lugar en desarrollo de un contrato válidamente celebrado, al margen de que el extinto consorcio se haya abstenido de formular salvedades en el acta de liquidación bilateral pese a que le asistía el deber de hacerlo, so pena de faltar a la buena fe en las reclamaciones posteriores a la liquidación –por desconocimiento de lo expresamente acordado en el balance final de las cuentas del contrato- y desatender el alcance de la transacción y la cosa juzgada que el propio contratista le imprimió a tal acuerdo de voluntades, circunstancia que impedía aducir con éxito el enriquecimiento injusto, en sede de juicio”.



[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022 CP: Enrique Gil Botero.

[2] De conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

[3] Así, de acuerdo con el artículo 1509 del Código Civil, el error de hecho vicia el consentimiento “cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación;  o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra”.

De igual manera, siguiendo el artículo 1511 del mismo estatuto, el error de hecho también vicia el consentimiento “cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante”.

Por su parte, el artículo 1512 ejusdem, establece: “El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato (…)”.

[4] Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 1936, G.J. t, XLIII, 534, citada en fallo proferido por esa misma Corporación en sentencia SC11331, proferida el 27 de agosto de 2015, exp. N° 11001-31-03-036-2006-00119-01.

[5] Como lo anota igualmente la jurisprudencia de la CSJ: “El vicio es de intensidad tal en ambas hipótesis [cuando recae sobre la especie del acto o contrato o sobre la identidad de la cosa], que suprime en absoluto la eficacia del negocio jurídico, por sustracción del acuerdo de voluntades sobre un mismo propósito, como idea elemental y necesaria de todas las convenciones” (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 1960, Gaceta Judicial XCII N° 2225-2226, p-981).

[6] Corte Suprema de Justicia, sentencias de casación del 6 de septiembre de 1935, del 19 de noviembre de 1936.
Consejo de Estado. Liquidación bilateral. Salvedades. Vicios de consentimiento. Error. Enriquecimiento sin Causa. Contrato con régimen privado.

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