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Contrato de donación. Carácter bilateral. Reiteración de jurisprudencia. Exigibilidad del pacto o compromiso expreso.
By: System Administrator on martes, noviembre 24

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN - Como la norma vigente para la época en que empezó a correr el término de caducidad era el artículo 136 del CCA, en su versión original, antes de las modificaciones del Decreto 2304 de 1989, el análisis de fondo en el presente caso está ligado a la fecha en que habrían ocurrido los hechos o actos en que se soportan las pretensiones que se analizan en esta oportunidad.

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN – DIFERENCIAS - la caducidad es una institución diferente de la prescripción, que puede ser regulada en forma diversa por el legislador.

“Bajo el análisis que se ha expuesto,  como el inmueble objeto de la controversia es un bien fiscal, de uso no abierto al público o a la comunidad en general y, por ende, enajenable, fuerza concluir, contrario a lo señalado por la parte recurrente, que en el presente caso no era posible demandar en cualquier tiempo, en tanto no resulta aplicable la regla que de antaño se adoptó vía jurisprudencial y que luego se recogió en textos legales -consistente en que las acciones que recaigan sobre bienes estatales imprescriptibles e inenajenables no caducan-, lo que conduce a señalar que el sub examine sí estaba supeditado al término de caducidad, en este caso, el de dos años a partir del perfeccionamiento del contrato, porque se pidió la nulidad absoluta del mismo, tal y como se señaló atrás”.

CONTRATO DE DONACIÓN -La Sala advierte que la condición sobre la que se debate en este proceso no era un requisito de la esencia del contrato de donación y  (…) no se pactó entre las partes del contrato una restricción, carga u obligación a cargo de la Universidad Libre, en su calidad de entidad donataria – reiteración de jurisprudencia.

Reiteración de jurisprudencia sobre el carácter bilateral de contrato de donación y la exigibilidad del pacto o compromiso expreso del donatario en las cargas u obligaciones de la donación.

La Sala advierte que la condición sobre la que se debate en este proceso no era un requisito de la esencia del contrato de donación[1] y que, por ello, su existencia no se vio afectada por el hecho de que los representantes de la parte donante se apartaron parcialmente de las indicaciones del departamento legal de la gobernación del Atlántico, al punto de que no se pactó entre las partes del contrato una restricción, carga u obligación de la Universidad Libre, en su calidad de entidad donataria.

Por otra parte, se infiere que la existencia de cargas o compromisos a cargo de la entidad donataria debía ser expresa y provenir de su representante, si se aplica al donatario la misma regla del artículo 173 del Decreto-ley 222 de 1983[2]. 

Sobre las donaciones con cargas o gravámenes, se reitera la jurisprudencia de esta Subsección, -invocada por la parte demandada en sus alegatos de la segunda instancia[3]- en la cual se razonó de la siguiente manera (se trascribe de forma literal):

 “En cuanto a las clases de donación, baste decir que, con sus particulares específicas, podrán ser a título universal o singular y, estas últimas, de bienes muebles, inmuebles, sujetas a plazo o condición, con gravamen, onerosas o remuneratorias[4].

 

“En punto de la última de las clases referidas –donaciones con gravamen, onerosas o remuneratorias–[5], la Sala considera necesario advertir, por su pertinencia con el contrato objeto de la presente litis, que ella encuentra regulación específica en el estatuto civil colombiano (artículos 1461, 1462, 1463, 1490)[6] y, en general, se refiere a la posibilidad de imponer al donatario una carga específica a su favor, del donante o de un tercero, sin que por ello pueda afirmarse la inexistencia real de la donación. (…).

 

“Tal como se dejó dicho en precedencia, además, la imposición de la carga haría devenir en bilateral la relación en tanto se presentan obligaciones en cabeza de cada una de las partes (Código Civil, artículo 1496), sin que por [ello] el negocio devenga en conmutativo, por manera que puedan verse las prestaciones como equivalentes (artículo 1498, ejusdem).

 

“(…).

 

“Por una parte, observados en detalle los instrumentos en los que se materializó la donación a Productividad, se encuentra que la referida condición no existe y, consecuentemente, la donación no goza de una naturaleza condicional, pues lo que se encuentra en los textos referidos (cfr. numeral II.3.2.) es una manifestación unilateral de Productividad, en la que señala que procederá a enajenar las acciones donadas y que con su producto realizaría actividades de fomento educativo, pero ello en ningún lugar se erige como una condición para la permanencia de la donación, so pena de aplicar la cláusula resolutoria. Se indica, en efecto, lo siguiente: (…).

 

“Con lo referido en precedencia, deviene de manera diáfana que los incumplimientos normativos alegados por la actora y acogidos por el Tribunal no encuentran sustento en aquellos contratos de donación, por lo que las conclusiones a las que arribó en tal caso resultan incorrectas fáctica y jurídicamente.

 

“Sin embargo, al margen de lo indicado, en el evento en que tal condición existiera y que con la donación efectuada a Infiboy tal condición se hubiera incumplido, ello no habría dado lugar, como equivocadamente lo concluyó el a quo, a la configuración de una causal de nulidad. En efecto, la desatención de la hipotética condición habría comportado un desapego de Productividad a los designios contractuales que vincularían su responsabilidad ante un tal incumplimiento y supondría la posibilidad de exigir, por parte del “Grupo Antioqueño”, la efectividad de la condición resolutoria del negocio.

 

“Desde otro punto de vista, el incumplimiento de una condición en un negocio jurídico de donación no podría acarrear –pues así no está previsto en el ordenamiento jurídico– la nulidad de otro negocio independiente; no es esa la sanción prevista en el ordenamiento jurídico. Lo procedente en tal caso sería adelantar las acciones por quien se encuentre legitimado en la causa para hacer honrar el compromiso adquirido y no es ese el caso que se somete a estudio de esta Sala” [7].

 

Referencia a la donación modal o condicional.

 

La Sala no desconoce que, de acuerdo con el Código Civil, pueden existir diversas clases o modalidades en el contrato de donación, entre ellas la donación modal o condicional, aunque no se tipificó en el caso concreto, por ausencia de la formalidad de la escritura pública y del registro, respecto de un pacto entre las partes, que hubiera creado la donación modal o condicional.

 

Sin embargo, resulta útil traer a colación otro aparte de la jurisprudencia citada, en el cual esta Subsección realizó un estudio sobre dicha clase de donación:

 

En punto de la última de las clases referidas –donaciones con gravamen, onerosas o remuneratorias–, la Sala considera necesario advertir, por su pertinencia con el contrato objeto de la presente litis, que ella encuentra regulación específica en el estatuto civil colombiano (artículos 1461, 1462, 1463, 1490) y, en general, se refiere a la posibilidad de imponer al donatario una carga específica a su favor, del donante o de un tercero, sin que por ello pueda afirmarse la inexistencia real de la donación. Como se dejó dicho, surge como elemento esencial de la donación el empobrecimiento y el enriquecimiento correlativo, por manera que si la carga o el gravamen impuesto no contraría tal postulado, permanecería inalterada la causa de la gratuidad en la base de la relación, pues, en último término, la utilidad del negocio se refiere solo a una de sus partes; eso sí, en los eventos en que deba agotarse el requisito de la insinuación notarial (artículo 1458, ibídem), este tipo de donación no estaría sujeta a tal requisito sino con descuento del gravamen (artículo 1462 ejusdem). Tal como se dejó dicho en precedencia, además, la imposición de la carga haría devenir en bilateral la relación en tanto se presentan obligaciones en cabeza de cada una de las partes (Código Civil, artículo 1496), sin que por el negocio devenga en conmutativo, por manera que puedan verse las prestacines como equivalentes (artículo 1498, ejusdem)[8]”.

BIENES FISCALES – son imprescriptibles. Debe advertirse que, en el estado actual de la legislación, los bienes fiscales están protegidos con la imprescriptibilidad (…); sin embargo, no todos los bienes fiscales son inenajenables.


[1] En el Decreto ley 222 de 1983 se incorporó la siguiente definición que se refiere a los elementos de gratuidad e irrevocabilidad de la donación: Artículo 172.De la definición de la donación. Mediante la donación una persona capaz transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a cualquiera de las entidades a que se refiere este estatuto.  En sentido similar dispone el Código Civil en su artículo 1443. ”La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta”.

[2]Decreto ley 222 de 1983. “Artículo 173. De los casos en que se puede aceptar la donación. Las donaciones sólo podrán ser aceptadas por los representantes legales de las entidades donatarias cuando éstas no adquieren por tal razón gravámenes pecuarios o contraprestación económica alguna. Sin embargo, podrán comprometerse a construir una obra para el cumplimiento de las funciones a su cargo o a destinar el bien o bienes donados a los fines propios del servicio que les corresponde prestar”. 

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencias de 10 de febrero de 2016, radicación número: 15001-23-31-000-2003-00628-01(39538), actor: Promotora de Microempresas de Boyacá – Productividad, demandado: Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy, referencia: acción de controversias contractuales (consulta de sentencia).

[4] Cita original de la sentencia: “Ob. cit., Pp. 166 a 171”.

[5] Cita original de la sentencia: “Vid. Anderson, Miriam, “Las donaciones onerosas”. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Fundación beneficentia et peritia iuris. Madrid. 2005”.

[6] Cita original de la sentencia: “Así como en otros de la región como los códigos civiles mexicano, argentino, uruguayo y chileno, así como en el Código Civil español, entre otros”.

[7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencias de 10 de febrero de 2016, radicación número: 15001-23-31-000-2003-00628-01(39538), actor: Promotora de Microempresas de Boyacá – Productividad, demandado: Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy, referencia: acción de controversias contractuales (consulta de sentencia).

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