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Revocatoria del acto de adjudicación de rutas en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor. Aplicación de las normas del Estatuto General de Contratación.
By: System Administrator on mircoles, noviembre 18

Revocatoria del acto de adjudicación de rutas en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor. Aplicación de las normas del Estatuto General de Contratación.  

El objeto de la controversia tiene por fin determinar si es revocable el acto mediante el cual la Administración le adjudicó a la sociedad actora una ruta para el transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera; para el a quo, la respuesta a ese cuestionamiento fue afirmativa, al considerar que existe norma especial que otorga dicha potestad. Por su parte, la apelante afirma que es obligatoria la aplicación del numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que establece la irrevocabilidad del acto de adjudicación, toda vez que los términos de referencia del proceso de selección adelantado y la Ley 336 de 1996  remitieron a los procedimientos y a las condiciones señaladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

Después de analizar la normativa aplicable al procedimiento y los actos expedidos por las entidades demandadas, la Sala concluyó que se trató de un “acto administrativo ajeno a la actividad contractual del Estado, antecedido de una acción administrativa, pues es una decisión unilateral de la Administración en cumplimiento de funciones administrativas, encaminada a producir efectos jurídicos relacionados con la actividad del servicio público de transporte que, por lo mismo, siguió el procedimiento establecido en el Decreto 171 de 2001, de cara a la adjudicación de una ruta para prestar el servicio de transporte público.

Ciertamente, de la sola lectura se advierte que con la referida resolución no se adjudicó un contrato de concesión, lo que se asignó fue el permiso para prestar el servicio de transporte dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la Resolución 3717 de 2003 y por un plazo máximo de 5 años; por tanto, no existe ningún acuerdo contractual, ni la determinación de contraprestación alguna a favor del Estado, porque, se reitera, lo adjudicado fue una licencia o autorización para la prestación de un servicio público esencial, que está sujeto a vigilancia y control por parte de la Administración”.

Ahora, frente a la revocatoria, la Sala indicó: “En atención al marco normativo y jurisprudencial referido, resulta evidente la facultad que ostenta la Administración para revocar el permiso de prestación del servicio de transporte, pues, se reitera, dicha potestad está expresamente consagrada en los artículos 18 de la Ley 336 de 1996 y 23 del Decreto 171 de 2001. Ahora bien, es importante señalar que, como este régimen especial tiene en la facultad revocatoria uno de sus elementos esenciales, tal atribución no solo se predica en función de revocar el permiso ya otorgado, sino que es regla de principio de todo este procedimiento especial, pues abarca también el proceso de selección; en este sentido, siendo posible revocar un permiso conferido, también lo es revocar uno de los actos para llegar a ese destino”. Revocatoria del acto de adjudicación de rutas en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor. Aplicación de las normas del Estatuto General de Contratación. 

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