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Incumplimiento contractual. Equilibrio económico. El contratista debe probar la utilidad pretendida.
By: System Administrator on mircoles, noviembre 18

Incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante. Forma de pago pactada en el contrato.

La pretensión del incumplimiento fue resuelta por el tribunal de primera instancia y no fue objeto de la apelación. 

Para el Tribunal el estudio del caso se centraba en determinar si, de conformidad con los medios de prueba, había lugar a declarar el incumplimiento del Contrato N° 325 de 2006 por parte de la entidad demandada, relacionado con: “1) el valor propuesto de los proyectos para la liquidación de cada pago, 2) aplicación retroactiva indebida, 3) reconocimiento del IVA, 4) entrega de proyectos por parte del Ministerio”.

En lo relativo a la interpretación que se le dio a los términos de referencia respecto a la forma de pago, para el juzgador de primera instancia “le asiste razón a la demandante al indicar que la demandada adoptó una forma de pago que se apartaba de lo dispuesto tanto en los términos de referencia como el contrato […]”. Para el Tribunal, si bien la fórmula con la que se pretendió pagar el contrato resultaba “ciertamente confusa”, de conformidad con las reglas de interpretación de los contratos de la Ley 80 de 1993 y del Código Civil, concluyó que la “propuesta económica formulada por el contratista era la que determinaba el valor del contrato y que dicho valor era la contraprestación que efectivamente se le debía cancelar al contratista por el cumplimiento de sus obligaciones”. En los términos de referencia no se indicó, en forma clara, que el pago correspondería a cada proyecto viabilizado, por lo que concluyó que debía ser el valor establecido en la propuesta, lo que lo llevó a reconocer “el valor no ejecutado del contrato”, de $163’248.427, más su correspondiente indexación monetaria”.

Frente al tema del equilibrio económico, que no fue reconocido por el a quo y objeto del recurso de apelación, la Sala indicó:

“Para resolver el asunto, como primera medida, para la Sala, resulta de significativa importancia recordar que no todos los reconocimientos patrimoniales que tienen lugar como resultado de la actividad contractual del Estado se producen bajo el cobijo de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. En este sentido, se debe tener presente que el incumplimiento contractual de una entidad pública constituye una clara manifestación de responsabilidad, cuyo fundamento, en palabras de la propia Corte Constitucional, se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia26. Dicho incumplimiento implica la falta de ejecución, la ejecución tardía o la ejecución defectuosa de las obligaciones contractuales, situación que se opone al cumplimiento contractual, que ocurre cuando el deudor adecúa su conducta al contenido de la prestación que emana del negocio jurídico.

En efecto, el entender y precisar esas diferencias, llevó a que esta Corporación debiera realizar las “precisiones conceptuales en torno a las diferencias existentes entre las figuras del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato”27, habida cuenta de que, entre otros, su manifestación tiene efectos directos sobre el carácter y el monto del reconocimiento patrimonial respectivo, como quiera que, en el caso de la responsabilidad patrimonial, tiene plena procedencia el principio de reparación integral del daño causado, al tiempo que las diversas causales de ruptura de la ecuación contractual dan origen a reacciones patrimoniales diversas, como ocurre en el caso de la materialización de la teoría de la imprevisión, frente a la cual la administración se verá obligada a llevar a su contratista a un punto de no pérdida.

Pues bien, cuando se analiza la pretensión de declaratoria de desequilibrio contractual en el asunto de la referencia, se concluye que la misma no cumple, si quiera, con la identificación de los requisitos para su procedencia, habida consideración de que no se realizó ningún esfuerzo argumentativo para identificar sus causas. Por el contrario, se observa que las manifestaciones del contratista estaban dirigidas a identificar el incumplimiento de la entidad, el que ya fue declarado y reconocido por el juzgador de primera instancia (y sobre el que esta Sala no realizará ninguna consideración en razón a los motivos de apelación y a la condición de apelante único de la parte demandante). Se observa, entonces, que el actor pretendió que las mismas razones ocasionaran, al tiempo, una declaratoria de incumplimiento (que se insiste, ya se produjo), y una especie de reconocimiento adicional de desequilibrio contractual.

En este sentido se debe indicar que el recurrente, no solo, no identificó cuál sería la razón del pretendido desequilibrio, sino que no acreditó las condiciones para que pudiera predicarse su configuración en el caso concreto. Así, no identificó una excesiva onerosidad sobrevenida, ni una actuación posterior, bien de la propia entidad como contratante o en su condición de entidad pública, bien imprevisible y ajena a la voluntad de las partes, que hubiera podido ocasionar el supuesto desequilibrio de la ecuación económica del contrato.

Con todo y que la anterior consideración resulta suficiente para despachar, de manera desfavorable, la pretensión del recurrente, se debe recordar que esta Corporación ha señalado, en diversas oportunidades que, cuando las partes, en ejercicio de la autonomía negocial, celebran contratos adicionales en los que no se manifiesta ninguna salvedad, ni se realiza ninguna reclamación, en aplicación de la buena fe negocial, no se puede pretender desconocer ese acuerdo28. Por ello, resultaría contrario a los postulados de la buena fe no ponerle de presente a la administración, de manera oportuna, los eventos que pudieran estar afectando la economía del contrato cuando se celebraron acuerdos para viabilizar, precisamente, la ejecución contractual.

De manera que, si bien el contratista expresó a la administración algunas inconformidades relativas a asuntos relacionados con incumplimientos contractuales, la actividad contractual posterior por él desplegada, al suscribir los contratos adicionales, dejaba clara su conformidad para continuar ejecutando sus obligaciones por el valor y bajo las condiciones inicialmente pactadas, en especial cuando, como lo señaló el Ministerio Público, en todas las adiciones se pactó que quedarían vigentes todas las estipulaciones que no se hubieran modificado por lo acordado en esos documentos, por lo que, tal y como ha sido sostenido con anterioridad por el Consejo de Estado “mal haría la Sala en desconocer esos acuerdos donde las partes libremente acordaron las fórmulas para viabilizar el contrato, sin ningún tipo de salvedad”29.

De manera adicional, a propósito de algunas afirmaciones del actor en su demanda, la Sala recuerda la modificación que sufrió la Ley 80 de 1993 con ocasión de la expedición de la Ley 1150 de 2007. El Estatuto de Contratación Estatal, en su artículo 3, señalaba que “[L]os particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. El apartado subrayado fue eliminado, por lo que, incluso, si en gracia de discusión se hubiese podido llegar a entender (de manera equívoca) una especie de garantía de utilidades para todos sus cocontratantes, siempre y en todos los casos en los que el Estado celebre un contrato; con posterioridad al año 2007 (se recuerda que la demanda se presentó el 23 de julio de 2010) no se entendería cómo el contratista pretende reclamar, en sede judicial, un pretendido “derecho a obtener una utilidad razonable”, en especial cuando no realizó ningún esfuerzo por identificar la forma en la que la ejecución contractual afectó, de manera grave, la ecuación contractual y su pretendida utilidad (comúnmente identificada dentro del llamado AIU -administración, imprevistos y utilidades-), y la manera en la que la supuesta afectación contractual superó lo presupuestado en dicho rubro”.

Frente a este punto, se confirmó la sentencia en relación con esta pretensión, en el sentido de negarla. Incumplimiento contractual. Equilibrio económico. El contratista debe probar la utilidad pretendida.

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