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Regulación de honorarios. Acción de Tutela. Defecto fáctico. Defecto Sustantivo. Violación precedente judicial.
By: System Administrator on mircoles, noviembre 18

El Consejo de Estado revocó la sentencia de tutela proferida por la Sección Segunda de esa Corporación y en su lugar, amparó los derechos de una Abogada al quedar probado que sí realizó las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al objeto para el cual fue contratada dentro del proceso de reparación directa y que el Juez que fallo la tutela “no valoró en debida forma el contrato de prestación de servicios suscrito entre la demandante y sus poderdantes” sino que aplicó una interpretación errónea para la regulación de los honorarios correspondientes, en su lugar, se ordenó proferir una nueva decisión teniendo en cuenta lo pactado por las partes en el contrato de prestación de servicios.

Temas:

Acción de tutela contra providencia judicial dictada en un incidente de regulación de honorarios. Contrato de mandato. Es ley para las partes. Desconocimiento del precedente judicial. Defecto sustantivo. Defecto fáctico. Arbitraria valoración de lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales. Prevalencia de la intención. Aplicación del principio lex contractus-pacta sunt servanda. Vulneración del derecho al debido proceso. Vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.

“La parte accionante manifestó que el juzgado administrativo demandado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al trabajo por cuanto incurrió en un defecto sustantivo puesto que a juicio de la actora en el asunto en discusión se aplicó de manera equívoca la normativa, “Frente a lo anterior, la autoridad judicial tutelada, en un flagrante desconocimiento de la normativa que regula la materia, esto es, del artículo 76 del Código General del Proceso2 y del precedente judicial pacífico sobre el asunto, fijó los honorarios en la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($22.558.363,oo), con el argumento caprichoso y arbitrario, según el cual, la gestión realizada por mi poderdante solo se efectuó hasta la etapa prejudicial y, desconociendo el contrato de prestación de servicios obrante en el expediente”.

Del mismo modo, planteó un defecto fáctico toda vez que la providencia valoró indebidamente las pruebas y, por ende, se apartó de lo que para tal efecto ordena la Ley 1437 de 2011, puesto que no realizó un análisis crítico del material documental que fue aportado en el incidente de regulación de honorarios.

Adujo que el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá no tuvo en cuenta que en el contrato de prestación de servicios existía un pacto entre las partes para el pago de los honorarios en un 30%, en los siguientes términos:

“ […] i) la suma de $10.000.000.00 para iniciar el proceso, y ii) el 30% de todas y cada una de las condenas, pagos, agencias en derecho, costas procesales e indemnizaciones; quedando autorizada LA CONTRATISTA para descontar este porcentaje a su favor antes de proceder a entregar los dineros a EL CONTRATANTE […]”.

Argumentó que las autoridades judiciales tuteladas valoraron el contrato de prestación de servicios profesionales de manera arbitraria, irracional y caprichosa, dado que su criterio fue gobernado por la necesidad de dividir en etapas el valor de los honorarios pactados en el contrato, situación que de manera alguna fue la intensión de las partes, ni estaba consignado en el documento aportado como prueba.

Por último señaló que existe un desconocimiento el precedente judicial en el auto proferido por Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el cual desconoce las sentencia T-1143 de 2003 y T-625 de 2016 de la Corte Constitucional, así como la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, correspondiente a la sentencia3 de 31 de enero de 2018, referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho, incidente de regulación de honorarios radicado: 81001-23-31-000-2011-00059-03(22906), demandante: Empresa de Energía de Arauca E.S.P. ENELAR E.S.P., demandado: Municipio de Arauquita; providencias que concretamente refieren el tema de los honorarios conforme a lo pactado de manera especial en el contrato de prestación entre el apoderado y las partes”.

La Sala respondió:

 

Quedó configurado el defecto de carácter fáctico:

La parte actora en su escrito de tutela y de impugnación respectivamente, sustentó adecuadamente el defecto fáctico que alega, puesto que, por un lado, hizo alusión a la prueba que a su juicio fue valorada indebidamente, en este caso, el contrato de prestación de servicios firmado por la parte que convocó a la audiencia de conciliación prejudicial, hoy demandante dentro del proceso ejecutivo y la señora Betty Esperanza Vargas Rojas (hoy tutelante) el 29 de noviembre de 2013, y por otra parte, también enunció cómo el contenido del documento que aportó no fue tenido en cuenta en iguales términos a lo pactado a la hora de proferir la providencia del 12 de agosto de 2019, la cual resolvió el incidente de regulación de honorarios que tramitaba el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá”.

Siguió la Sala, “En suma, es claro como el Juez Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desde un primer momento realizó una interpretación arbitraria de la situación, ya que valoró indebidamente la existencia de la cláusula que claramente fue pactada entre las partes y en la cual se estipulaba la forma de pago por los servicios prestados al interior del proceso ordinario de reparación directa y, en consecuencia, contravino la manera integral como debió valorar la prueba teniendo en cuenta las normas que regulan los contratos”.

Nótese que el juzgado a pesar de tener en cuenta el convenio pactado, interpretó a voluntad la manera en cómo debían ser fijados los honorarios y dividió el proceso de reparación directa en etapas, y por cada una fijó un monto, lo cual en ningún momento fue estipulado por las partes; puesto que como se evidenció en las cláusulas del contrato de prestación de servicios firmado entre la tutelante y la parte demandante en el medio de control, el pago se debía hacer de una sola manera, en un solo porcentaje y bajo el entendido de llevar a cabo el proceso para el cual había sido contratada, por ende no podía el juez ordinario pasar por alto el principio de “lex contractus, pacta sunt servanda”19 y desconocer lo allí acordado”.

Quedó probado el precedente judicial:

Ahora bien, al revisar el contenido de la providencia de la referencia, se observa que la regla que se estableció en esa oportunidad por la Sección Cuarta del Consejo de Estado consistió en lo siguiente:

“Según el artículo 76 del Código General el Proceso, el poder especial otorgado a un profesional del derecho para efectos judiciales termina con la radicación en la secretaría del escrito en virtud del cual se revoque expresamente o se designe otro apoderado en el respectivo proceso.

La misma norma prevé que el apoderado a quien se le revoque el poder puede pedir al juez del proceso que regule sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia de aquel o de la actuación posterior; además, dispone que “para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este Código para la fijación de las agencias en derecho”.

En estricto sentido, la regulación de los honorarios corresponde a la gestión adelantada por el profesional del derecho en el proceso radicado bajo el número 81 001 2331 003 2011 00059 00, desde su inicio hasta la notificación de la providencia que reconoció al nuevo apoderado designado por el municipio demandado.

Por su parte, el Código Civil21 establece que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes, por lo que solo puede ser invalidado por mutuo consentimiento de los contratantes o por causas legales, en este evento, mediante sentencia judicial. Igualmente, el ordenamiento prevé que los contratos son obligatorios en cuanto a ellos pertenece por su esencia, naturaleza y lo especialmente pactado“

Nótese que de la regla expuesta, es posible advertir que en los casos en que se suscribe contrato de prestación de servicios profesionales para la defensa judicial, las consecuencias en caso de incumplir dicho pacto, es que, los honorarios del profesional del derecho al que se le revoca el poder en el trámite del proceso se liquidarán conforme a lo pactado de manera especial en el mismo contrato. Y, en consecuencia, tal como lo señaló la parte actora se configuró el defecto alegado, ya que el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al decidir el incidente de regulación de honorarios desconoció la existencia de una cláusula que fijaba la forma de pago convenida en el contrato allegado como prueba”.

Y quedó probado el defecto sustantivo:

Recordó la Sala que “La Corte Constitucional22, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica””23

Así las cosas, después de analizado el defecto material que el impugnante acusó bajo la interpretación del artículo 76 del Código General del Proceso, es claro que el juzgado accionado sí incurrió en una errónea interpretación del mismo. Lo cual fue demostrado por la accionante ya que en la providencia del 12 de agosto de 2018 el juez no tuvo en cuenta a la hora de fijar los honorarios los precisos términos concertados en el contrato de prestación de servicios aportado como prueba”.
Regulación de honorarios. Acción de Tutela. Defecto fáctico. Defecto Sustantivo. Violación precedente judicial.

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