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Improcedencia de la acción de grupo cuando el perjuicio indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales.
By: System Administrator on lunes, noviembre 9
Advirtió la Sala que sobre el tema hubo un cambio jurisprudencial en el año 2006 tal como se mostrará más adelante, que implica: 1. La vía judicial ordinaria y natural para obtener la indemnización de perjuicios que tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de un contrato estatal es la acción de controversias contractuales. 2. En la presente acción de grupo se pretendía la indemnización generada por el incumplimiento de un contrato estatal, por lo que la controversia no planteaba un asunto relacionado con la protección de los intereses de un grupo de población, sino que recaía sobre un litigio entre los estudiantes beneficiarios del programa inteligente y las entidades públicas demandadas con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el marco del aludido programa. 3. El mecanismo de revisión eventual lo constituye la necesidad de fijar una posición unificadora sobre un tema y no puede constituir una tercera instancia para discutir los argumentos del grupo demandante en torno a la improcedencia de la acción.

 

En atención a lo anterior, el Consejo de Estado declaró impróspera la solicitud de revisión eventual de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y reiteró la jurisprudencia respecto de la improcedencia de la acción de grupo cuando el daño indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales, en los siguientes términos:

a). Regla en relación con el origen del daño: La acción de grupo es improcedente cuando el daño indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de un contrato estatal, toda vez que la Ley no le atribuyó competencia al juez de la acción de grupo para estudiar la legalidad del contrato ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

b). Regla sobre las condiciones uniformes del grupo: Cuando los miembros del grupo no reúnan las condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios, la acción de grupo se torna improcedente. Lo anterior ocurre en los siguientes eventos:

- Cuando no existan elementos que permitan establecer que los miembros del grupo a favor de quien se interpuso la acción resultan afectados directamente por dicho incumplimiento y en cambio sí se observa que, a través de esta acción, uno de los cocontratantes pretende que se resuelva el litigio particular que lo enfrenta a la entidad pública a propósito del cumplimiento de un contrato.

- Cuando los daños indemnizables provienen del incumplimiento de contratos individuales celebrados con cada uno de los demandantes.

c). Regla de procedencia de la acción de grupo cuando la fuente del daño va más allá de los contratos celebrados: Cuando la fuente del daño no se encuentra única y exclusivamente en los términos de cada uno de los contratos celebrados con los miembros del grupo demandante; sino, más allá de ellos, en obligaciones legales que los transcienden, siempre y cuando no se discuta la legalidad del contrato ni su contenido obligacional.

Desarrollo de la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado sobre la improcedencia de la acción de grupo cuando el perjuicio indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales.

(i). En principio, una primera tesis sobre el tema, fue expuesta en la providencia de 4 de septiembre de 2003[1] que consideró que la acción de grupo podía tener naturaleza contractual o extracontractual, en la medida que la Ley 472 de 1998 no contenía limitación alguna al respecto y el daño indemnizable podía provenir de un contrato.

 

(ii). Dicha tesis varió en la providencia de 26 de enero de 2006[2], en la que la Sección Tercera modificó la posición jurisprudencial y precisó que la acción de grupo es improcedente cuando el perjuicio indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales, toda vez que la acción de controversias contractuales está limitada a establecer las consecuencias y los alcances del incumplimiento de un contrato celebrado con una entidad pública.

En suma, se consideró que para estimar la procedencia de la acción de grupo o de la acción de controversias contractuales se debía determinar: (a) que la causa eficiente del daño no fuera por el incumplimiento de un contrato estatal y (b) se debía superar el interés particular y convertirse en interés grupal y no pretender la resolución de una controversia particular de uno de los integrantes del grupo respecto del cumplimiento de un contrato.

(iii). La tesis expuesta[3], fue reiterada en la sentencia de 5 de marzo de 2008[4], en la cual, además de desarrollar el tema de la procedencia de la acción de grupo en los eventos en que se debía determinar la legalidad de actos administrativos, extendió su estudio a la materia contractual, señalando que, frente a los contratos, la ley no le atribuyó competencia al juez de la acción de grupo para estudiar su legalidad ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así la pretensión sea la del pago de perjuicios contractuales.

(iv). En la sentencia de 21 de mayo de 2008[5] la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció sobre la acción de grupo formulada por los accionistas de la sociedad Banco Intercontinental en la que se solicitó declarar patrimonialmente responsable a la Superintendencia Bancaria[6] y al Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, por los perjuicios causados «por los hechos o actos administrativos que tuvieron lugar por las actuaciones negligentes, descuidadas o las omisiones administrativas que condujeron a la liquidación de Interbanco, por haber causado daños irreparables al patrimonio y al bienestar personal de esta comunidad de accionistas». (…).

En la citada sentencia, la sección tercera reiteró la tesis de la improcedencia de la acción de grupo para reclamar perjuicios derivados de un contrato estatal, al indicar que conforme con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, el mecanismo judicial adecuado para ventilar asuntos de tal índole, era la acción contractual.

(v). En la sentencia de 19 de junio de 2008[7] la sección tercera, al resolver una controversia con similitud de hechos y pretensiones al presente caso, en donde un grupo de estudiantes que aseguró haber sufrido perjuicios porque “la persona privada que había celebrado un contrato con COLCIENCIAS para su capacitación no los certificó como se había obligado a hacerlo en virtud de los contratos individuales celebrados con cada uno de ellos”, y habían suscrito pagarés como requisito de admisión y adquirieron créditos blandos con el Gobierno Nacional, reiteró la tesis de la improcedencia de la acción de grupo para asuntos contractuales. (…).

Para arribar a la conclusión sobre la improcedencia de la acción de grupo, la Sección Tercera consideró que, a pesar de la interdependencia que existía entre los contratos celebrados entre Colciencias y la sociedad capacitadora, y entre Colciencias y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC por la administración del anterior contrato, los perjuicios reclamados por los demandantes tenían como causa eficiente y directa el incumplimiento de una de las obligaciones que contrajo la sociedad capacitadora con los estudiantes esto es la de certificarlos en los programas en los que se habían matriculado.

Por tanto, determinó que la causa eficiente del daño cuya indemnización se pretende proviene de los supuestos incumplimientos de contratos individuales celebrados con cada uno de los demandantes, caso en el cual, los miembros del grupo no reunían las condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios padecidos por cada uno de ellos, siendo, en este caso, procedente la acción de controversias contractuales.

(vi). Por último, en la sentencia de 29 de septiembre de 2015[8], la Sección Tercera, Subsección “B” reiteró que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en materia de daños derivados de incumplimientos contractuales la acción de grupo es improcedente cuando:

 

(i). No existan elementos que permitan establecer que los miembros del grupo a favor de quien se interpuso la acción resultan afectados directamente por dicho incumplimiento y en cambio sí se observa que, a través de esta acción, uno de los cocontratantes pretende que se resuelva el litigio particular que lo enfrenta a la entidad pública a propósito del cumplimiento de un contrato.

 

Para sustentar esta causal de improcedencia, reiteró como precedente la providencia de 26 de enero de 2006[9] proferida por la Sección Tercera dentro de la acción de grupo presentada por la  Fundación Ciénaga La Grande, citada en precedencia.

 

(ii). Los daños cuya indemnización se pretende provienen de los supuestos incumplimientos de contratos individuales celebrados con cada uno de los demandantes, caso en el cual los miembros del grupo no reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios padecidos por cada uno de ellos.

Para sustentar esta causal de improcedencia, reiteró como precedente la sentencia de 19 de junio de 2008[10] proferida por la Sección Tercera dentro de la acción de grupo presentada contra Colciencias y la sociedad New Horizons, citada en precedencia.

Aunado a lo anterior, respecto del presupuesto de las condiciones del grupo, aclaró que la acción de grupo sí resulta procedente cuando la fuente del daño no se encuentra única y exclusivamente en los términos de cada uno de los contratos celebrados con los miembros del grupo demandante, sino va más allá de ellos, en obligaciones legales que los transcienden, en los eventos en que no se pretenda dejar sin efectos los aludidos contratos,  ni  discutir el alcance ni su contenido obligacional.

Del recuento jurisprudencial expuesto, la Sala advierte que aunque en el año 2003 la sección tercera sostuvo que la acción de grupo era procedente en la medida que el daño indemnizable podía provenir del incumplimiento de un contrato, es claro que a partir del año 2006, varió su posición jurisprudencial para sostener la improcedencia de la acción de grupo en tales casos, postura pacífica y consolidada”. Consejo de Estado. Improcedencia de la acción de grupo cuando el perjuicio indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales.

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