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Autorización previa del concejo municipal para la celebración de contratos.
By: System Administrator on martes, noviembre 3

Se revocó la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del contrato celebrado para la prestación del servicio de aseo “en la medida que la Alcaldesa tenía las facultades constitucionales (art 314 y 315.3 C.P.) y legales (art. 11.3 de la ley 80 de 1993 y art. 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012) para adelantar el proceso de contratación y suscribir el contrato para la prestación del servicio de aseo…” dado que para la celebración de este tipo de contrato no requería la autorización del Concejo municipal, “le bastaba invocar la capacidad derivada de su calidad de representante legal del municipio para acreditar su competencia en materia contractual, lo cual tiene pleno sustento, además, en los preceptos constitucionales de que tratan los artículos 314 y 315 de la Carta Política”.

 

Posición del Consejo de Estado frente a las autorizaciones previas de los concejos municipales.

Indicó la Sala, que en materia de autorizaciones por parte de los concejos municipales, “en el año 2014 esta Subsección tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con el alcance y límites de las autorizaciones previas de los Concejos municipales en materia de contratación, afirmando las bases que, en definitiva, hoy constituyen una posición pacífica en esta Corporación. En la citada providencia, se concluyó lo siguiente:

“ (…) A juicio de la Sala la lectura correcta, con el propósito de que todas las disposiciones antedichas puedan tener un efecto legal útil, es la siguiente: la regla general para la celebración del contrato estatal es la no intervención del Concejo Municipal en el procedimiento de contratación y por lo tanto las autorizaciones o aprobaciones que le competen a esa Corporación solo pueden requerirse de acuerdo con la Ley o con el reglamento del respectivo Concejo Municipal, antes de iniciar el procedimiento respectivo”[1]. Ver sentencia CE. 33832

La falta de autorización por parte del concejo municipal, en sesiones de la Corporación, no limita las facultades del alcalde, porque las limitaciones deben constar en un reglamento que debe expedirse a través de un Acuerdo, motivando las razones por las cuales debe contarse con autorización para dichas contrataciones.

“En línea de lo dicho, y de cara a los sucesos sub judice, está probado que el Concejo Municipal de XXXX no expidió un reglamento en el que indicara los contratos que debían ser autorizados previamente por esa Corporación, y por lo tanto las facultades de la primera mandataria no estaban condicionadas al momento de la suscripción del contrato objeto de este proceso –año 2000– de suerte que, ni siquiera la manifestación del Concejo en la sesión del 21 de enero de 2000 de no autorizar la contratación propuesta por la Alcaldesa, puede tener la connotación de un reglamento, pues este último debe verterse en un Acuerdo, el cual no fue expedido, en el que se haga una exposición de los motivos que llevan a esa corporación a razonar y señalar qué contratos deben contar con su autorización previa, y definir en su cuerpo normativo (i) los tipos contractuales, (ii) el trámite interno que habrá de surtir la autorización, y (iii) los requisitos que deben acompañar tal solicitud.

Concluye entonces esta Subsección, que la mandataria municipal obró con competencia al suscribir el contrato de prestación del servicio de aseo del municipio, pues no requería, para la validez de sus actuaciones contractuales, obtener el beneplácito de ese cuerpo colegiado de elección popular, pues no se configuró una excepción a sus competencias generales por vía legal o reglamentaria.

En adición a lo anterior, se aclara, que el hecho de que la mandataria local hubiese solicitado, sin requerirlo, autorización del Concejo municipal para contratar estos servicios, ello, en sí mismo, no generó una limitación legal o constitucional en sus facultades de contratación y, por lo tanto, la negativa del Concejo expresada en la sesión del 21 de enero de 2000, no tuvo efecto vinculante ni limitativo de la competencia de la Alcaldesa, justamente por no encontrarse reglamentada por Acuerdo”.

Marco normativo de las autorizaciones del Concejo municipal para el ejercicio de las competencias contractuales de los alcaldes.

Recordó el Consejo de Estado que, conforme a las disposiciones de los artículos constitucionales 311, 313, 314 y 315, “se atribuye al alcalde, como jefe de la administración local y representante legal del municipio, la ejecución de la acción administrativa y de ordenación del gasto relacionada con la prestación de los servicios públicos, en conjunto con las demás funciones ejecutivas orientadas al desarrollo económico, social y cultural de su territorio.

Por su parte, la Carta asigna a los Concejos Municipales, en materia contractual, una función de reglamentación orientada a la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, de la que hace parte la facultad de autorizar al alcalde para celebrar contratos, prevista en el numeral tercero del artículo 313 constitucional. Evidentemente, una interpretación textual, más que constitucional y sistemática de esta norma, llevaría a entender que, para el ejercicio de las funciones de ejecución contractual conferidas al alcalde, es requisito, en todos los casos, obtener autorización previa del Concejo Municipal; sin embargo, esa interpretación no es admisible, en tanto con ella se reprime por completo el ejercicio de una competencia asignada también con fundamento constitucional, y se afectan los contenidos legales en que se enmarcan las competencias atribuidas al alcalde.

De manera que, la generalidad de los términos en que el constituyente plasmó la función de autorización a cargo de los Concejos, no conduce a que ésta sea equivalente a un requisito de precedencia absoluta, pues, como ha sido desarrollado por el legislador mediante la Ley 136 de 1994[2], dicha atribución reviste un carácter eminentemente de reglamentación…”.

La claridad expresada por el legislador no deja duda del contenido reglamentador asignado al Concejo municipal en materia contractual, a la vez que es rotundo en señalar, que el ejercicio de dicha facultad responde a una regla de excepción, a partir de la cual, el alcalde requerirá de autorización de ese cuerpo colegiado, solo en los casos que, expresa y previamente, este último haya definido”.

“El anterior razonamiento, mutatis mutandi, se extiende a las demás entidades territoriales, de manera que, en línea de autorizaciones previas, no es posible exigir al Gobierno Nacional, al Gobernador Departamental, o al Alcalde Municipal, que deban tramitar ante el Congreso, la Asamblea, o el Concejo, respectivamente, una autorización especial para poder ejercer sus competencias en materia contractual, comoquiera que ya el artículo 11.3 de la ley 80 de 1993 [3], les confirió tales facultades. Por lo tanto, el trámite de las autorizaciones previas es, sin duda, de carácter excepcional, ya que solo opera en los casos concretos que expresamente hayan definido tales corporaciones, a través de sus instrumentos de actuación –Ley, Ordenanza o Acuerdo–“.

Como se observa, el ordenamiento jurídico afirma la facultad del alcalde para contratar, con origen y fundamento en los artículos 314 y 315.3 de la Carta Política y el numeral 11.3 de la ley 80 de 1993; por lo mismo, tal competencia no está sujeta, por regla general, a las autorizaciones previas del Concejo Municipal[4], salvo en aquellos casos en que, (i) este último haya reglamentado como necesario el trámite de su autorización, o (ii) cuando la ley lo establezca frente a determinados tipos contractuales; línea que ha encontrado solidez en diversas providencias de la Sección Tercera de esta Corporación, entre otras, en pronunciamiento efectuado en el año 2014 bajo el expediente 6600-123-31-000-2004-02098-01(33832)[5] 

Sobre esta segunda excepción, vale la pena señalar que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, introdujo un parágrafo final al artículo 32 de la ley 136 de 1994, indicando que el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

 

“PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley”.

Del marco normativo analizado, se concluye que sólo en las dos hipótesis señaladas es posible exigir al alcalde la autorización previa del Concejo municipal para poder ejercer sus competencias contractuales, es decir, cuando el reglamento expedido por el Concejo así lo imponga, o cuando la ley ordene tramitar tal autorización en presencia de determinados tipos contractuales, v. gr. los indicados en la norma transcrita, o en normas especiales que así lo dispongan”.  



[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2014. Exp. 6600-123-31-000-2004-02098-01(33832). Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

[2] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

[3] ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. (…)

3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: (…)

b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales (…)”

[4] El Consejo de Estado, rad. 50001-23-31-000-2010-00548-01 en Sentencia del 19 de septiembre de 2019, señaló al respecto que, “la competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no está sometida de manera general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la administración municipal a través de su representante legal. Esta autorización de parte del Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el Concejo municipal”. 

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2014. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.  

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