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Garantía contractual. Riesgo de pago de obligaciones laborales.
By: System Administrator on jueves, octubre 15

Se indicó en la sentencia que, para la demandante, la entidad pública incumplió su obligación de vigilancia, pues pagó la totalidad del contrato con base en la certificación de la revisoría fiscal, pero no verificó la existencia de obligaciones laborales pendientes.

También quedó probado en el proceso, que varios trabajadores reclamaron ante la entidad pública que la contratista no había efectuado el pago de algunas de sus obligaciones laborales. La entidad pública liquidó unilateralmente el contrato y posteriormente, expidió una resolución mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro por incumplimiento de las prestaciones sociales del contratista e hizo efectiva la garantía expedida por la aseguradora demandante.

Para la aseguradora, la entidad pública no ejerció su deber de control y vigilancia sobre el desarrollo del contrato, puesto que pagó todo lo adeudado al contratista sin verificar que hubiera cumplido con sus obligaciones laborales.

La Sala confirmó el fallo que negó las pretensiones, al concluir que: (i) La entidad pública “ejerció la vigilancia debida frente a las obligaciones laborales de la contratista con sus empleados en el contrato de obra celebrado con el contratista, ya que requirió al contratista en múltiples oportunidades para que cumpliera sus obligaciones laborales y procedió al último pago del contrato una vez obtuvo la certificación de paz y salvo por parte de la revisoría fiscal; (ii) La entidad pública no tenía la facultad de hacer descuentos o compensaciones por obligaciones de la contratista con sus trabajadores al momento de liquidar el contrato, pues son las obligaciones entre las partes las que deben determinarse en ese momento;  (iii)  el deber de vigilancia no es equivalente a la obligación de impedir el siniestro, como lo pretende la demandante y, (iv) la demandante no cumplió con la carga de demostrar los cargos relativos a la falta de motivación y a la inclusión del valor preciso de las reclamaciones laborales en los actos administrativos mediante los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro.

Ahora, frente a la pretensión de la demandante de que la entidad pública descontara los montos de las deudas laborales de la liquidación, quedó probado que la entidad pública “ya había pagado la totalidad del precio del contrato, razón por la cual el valor de la liquidación fue cero y la entidad no adeudaba suma alguna al contratista sobre la que se pudiera efectuar una compensación. En segundo lugar, porque la liquidación es un cruce de cuentas únicamente entre las partes del contrato estatal, (…), y en consecuencia, no incluye obligaciones con terceros, como es el caso de las obligaciones de la contratista con sus trabajadores. En el acta de liquidación las partes señalaron que estaban a paz y salvo, por cuanto la contratista había cumplido con el objeto del contrato (…)”. En tercer lugar, porque ni el contrato de obra ni los pliegos de condiciones facultaban a la entidad pública a hacer compensaciones o deducciones en la liquidación, como lo pretendía la demandante”.

La aseguradora tiene la obligación de probar la inexistencia del siniestro.

Por otra parte, la Sala recordó que:

“… el Consejo de Estado ha establecido que las aseguradoras tienen a su cargo el deber de desestimar la existencia del siniestro cuando se trate de pólizas constituidas a favor de entidades estatales, así: 

 

“En realidad, lo que acontece con las garantías constituidas en favor de las entidades estatales es que se invierte el procedimiento de reclamación contemplado en el Código de Comercio, pues al paso que en éste el beneficiario y/o el asegurado debe acudir ante la compañía de seguros para acreditarle la ocurrencia del siniestro y el daño -con su monto-, cuando la entidad estatal es la beneficiaria de una póliza es a la compañía de seguros a quien le corresponde acudir ante el Estado –debido proceso- a defender su posición frente a cada uno de los aspectos que involucra la declaración del siniestro, que ya no depende del reconocimiento voluntario que haga la compañía, sino que pasa a manos de la administración decidir si se presentó o no hecho cubierto con la garantía”.[1]

Es claro que la obligación de probar la inexistencia del siniestro declarado en los actos administrativos demandados era de la demandante. (…) no desvirtuó la ocurrencia del siniestro”.
Garantía contractual. Riesgo de pago de obligaciones laborales. Prueba de la inexistencia del siniestro. Es obligación de la aseguradora.

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