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Término de caducidad en contratos con régimen privado. Término de liquidación fijado en los términos de referencia.
By: System Administrator on viernes, octubre 9

CADUCIDAD CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - cómputo del término de caducidad en los contratos estatales regidos por el derecho privado. Término de liquidación incluido en los términos de referencia.

“Los contratos que se rigen por las normas de derecho privado no requieren del trámite de liquidación, a menos de que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pacten la obligación de liquidarlo - en el presente caso las partes pactaron la liquidación bilateral pero esta no se realizó, de manera que, de conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del CPACA, el conteo de la caducidad empezó a correr a partir del vencimiento que tenían los contratantes para liquidarlo - las normas de derecho privado no prevén la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, de ahí la imposibilidad de tener en cuenta el plazo de 2 meses al que se refiere la referida norma”.

Como es bien sabido, los contratos que se rigen por las normas de derecho privado no requieren del trámite de liquidación, a menos de que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pacten la obligación de liquidarlo.

 

En la cláusula primera del contrato se acordó que el Consorcio Escolar 2013 se comprometía a la reconstrucción de la Institución XXXX, en el municipio de XXXX, de conformidad con “los términos y condiciones contractuales (…), los cuales (…) forman parte integral de este contrato (…). Asimismo, en el parágrafo primero de dicha cláusula se pactó “(…) los términos y condiciones contractuales a los que hace referencia esta cláusula, especialmente su capítulo V (…) se entienden incorporados al presente documento, aun cuando no se reproduzca su contenido” (se destaca).  

 

En los términos y condiciones contractuales definitivos de la convocatoria abierta No. 018 de 2013[1], concretamente en el capítulo (v)[2], se señaló que la liquidación del negocio jurídico debía realizarse en un plazo de 6 meses.

 

 

Como este documento forma parte integral del contrato, de acuerdo con el clausulado ya descrito, el Despacho advierte que los contratantes sí pactaron que debía liquidarse. Adicionalmente, conviene advertir que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que los términos de referencia forman parte esencial del contrato, lo cual “los erige como una fuente de derechos y obligaciones a ser tenidas en cuenta por quien estudia el contrato y su correspondiente ejecución[3].

En virtud de lo anterior, pese a que al referido negocio no le aplican las disposiciones de la Ley 80 de 1993 -salvo en lo relacionado con el uso de las facultades consagradas en los artículos 14 a 18 de esa ley-, lo cierto es que sí requería del trámite de liquidación, porque así se consignó en los términos y condiciones contractuales, documento que forma parte del acuerdo de voluntades.

En ese sentido, contrario a lo expuesto por el a quo, el término de caducidad en este caso no podía computarse desde la terminación del contrato, sino a partir del vencimiento de los 6 meses que tenían las partes contratantes para liquidarlo.

Adicionalmente, ha de advertirse que no es posible computar los 2 meses a los que se refiere el artículo 164 precitado -que debe contarse a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente-, porque ese lapso, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación[4], tiene relación con la oportunidad de la que goza la Administración para liquidar unilateralmente el negocio, facultad que no podía ejercer el Fondo de Adaptación, habida cuenta de que el contrato objeto de estudio se rige por las normas del derecho privado y aquellas no prevén esa competencia.

En un caso similar, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación sostuvo:

 

 

“(…) como al contrato suscrito por el Fondo de Adaptación le aplican las reglas del derecho privado y no las del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dicha entidad no contaba con la facultad para liquidarlo unilateralmente, de ahí la imposibilidad de tener en cuenta los 2 meses a los que alude la norma precitada (artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del CPACA), razón por la cual, como ya se dijo y contrario a lo expuesto por la parte demandante en su recurso de apelación, en este caso el cómputo de la caducidad de los 2 años empieza a correr partir del vencimiento del plazo convenido para liquidarlo bilateralmente, en cuanto dicho acto contractual no se llevó a cabo.

 

“Adicionalmente, conviene precisar que, si bien el Fondo de Adaptación podía dar aplicación a las cláusulas excepcionales al derecho común previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 -por disposición expresa del artículo 7 del Decreto-ley 4819 de 2010-, lo cierto es que ello no habilitaba a dicho ente para liquidar unilateralmente el respectivo contrato, pues esta potestad no se encuentra dentro de aquellas que la Ley 80 consagró en los referidos artículos”[5].

En ese orden de ideas, como el negocio jurídico finalizó el 27 de abril de 2016[6], la liquidación debía realizarse a más tardar el 28 de octubre de 2016, de acuerdo con lo pactado por los contratantes -6 meses-. En vista de que el contrato no se liquidó, la caducidad corrió, en principio, hasta el 29 de octubre de 2018.

No obstante, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, el término de caducidad se suspendió el 26 de octubre de 2018[7], porque ese día se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, diligencia que se declaró fallida, según la constancia expedida por el Ministerio Público el 22 de enero 2019, porque las partes involucradas no llegaron a ningún acuerdo.

En ese contexto, el término de caducidad se suspendió cuando faltaban 4 días para que feneciera, reanudándose al día siguiente de la expedición de la constancia aludida, por lo que el término fenecía, exactamente, el 26 de enero de 2019, pero como dicho día fue sábado, el plazo de los 2 años se extendió hasta el primer día hábil siguiente, lunes 28 de enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913[8] y los incisos 7° y 8° del artículo 118 del Código General del Proceso[9]”.



[1] Para “CONTRATAR LA RECONSTRUCCIÓN (EJECUCIÓN DE OBRAS) DE CUATRO (4) SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ (ATLÁNTICO) QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS DEL SCETOR EDUCACIÓN – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 – 2011”.

[2]5.16. LIQUIDACIÓN. La liquidación del contrato se realizará en un plazo de seis (6 meses). Al momento de liquidar el contrato EL FONDO verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA frente al Sistema de Seguridad Social” (se destaca).

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, expediente No. 48.675, M.P. Alberto Montaña Plata.

[4] En auto del 2 de marzo de 2017, expediente No. 51.689, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,  con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, se señaló: “Por otra parte, cuando el contrato requiere liquidación, una vez vencido el plazo de ejecución contractual se debe proceder a liquidarlo en la forma convenida en el contrato y, a falta de estipulación, el señalado por la ley, como lo preceptúa el inciso v) del literal j) del numeral 2º del artículo 164 ídem. Es decir que los contratos que requirieran de liquidación deben ser liquidados bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y si ésta no se hace en esa oportunidad, la entidad estatal debe liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior y, una vez finalizados estos términos el interesado podrá acudir ante la jurisdicción dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los seis (6) meses antes referidos” (se destaca). En este mismo sentido, en auto del 12 de junio de 2017, expediente No. 57.142, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, con ponencia del entonces magistrado Hernán Andrade Rincón, luego de hacer referencia al artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del CPACA, se indicó: “Al revisar el acervo probatorio, encuentra la Sala que las partes establecieron un plazo de 4 meses para realizar la liquidación bilateral, término al cual es preciso añadirle el plazo legal de 2 meses para realizar la liquidación unilateral, para un total de 6 meses”.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 30 de mayo de 2019, expediente No. 61.849.

[6] Inicialmente se había acordado un plazo de ejecución de 12.5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio -12 de septiembre de 2013-; sin embargo, a través de varias modificaciones del contrato las partes prorrogaron dicho plazo, de ahí que se concluya que la ejecución del negocio finalizó el 27 de abril de 2016 -otrosí No. 10-, fecha esta última que coincide con lo afirmado en la demanda, pues en esta se dijo: “La entidad recibió las obras a satisfacción en el mes de abril de 2016, terminándose el plazo de ejecución el 27 de abril de ese mismo año” (folio 11 del cuaderno No. 1 del tribunal).

[7] Folios 523 del cuaderno No. 1 del tribunal.

[8] En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil” (se destaca).

[9] “ARTÍCULO 118. CÓMPUTO DE TÉRMINOS (…) Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.

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