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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho de petición solicitando la hoja de vida de funcionario público.
By: System Administrator on martes, septiembre 22

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012[1], unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[2], y en ella concluyó:

 

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

 

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

 

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características”.

Del derecho de petición y de acceso a documentos públicos. Solicitud de la hoja de vida de funcionarios públicos.

“Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.

En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.

Adicionalmente y al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la información comporta la prerrogativa de solicitar a las entidades estatales información no sujeta a reserva legal o constitucional, de manera “completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna...”.[3]

Luego, en los términos del artículo 74 de la Constitución Política[4] y en ejercicio de los derechos fundamentales de petición y a la información, los ciudadanos pueden solicitar el acceso a los documentos públicos, prerrogativa que encuentra su límite en los casos de reserva legal y constitucional.

Por ello, en el evento en que se cuestione el carácter reservado o confidencial del documento cuyo acceso solicita el administrado, la Ley 57 de 1985 y el artículo 26 de la Ley Estatutaria No. 1755 de 2015, contemplan el recurso de insistencia, como un procedimiento sumario, para hacer efectivo aquel derecho”.

“… es de anotar que por regla general los ciudadanos tienen derecho de acceder a documentos públicos, pero esta regla no es absoluta dado que tiene excepciones previstas en la Constitución y la ley, las cuales están previstas en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, cuyo texto es el siguiente:

 

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)

 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.” (Negrilla fuera del texto original)".
 

De entrada, la Sala advierte que confirmará la decision proferida por el a quo pues se concuerda en que la autoridad judicial enjuiciada prescindió dentro de su interpretación del verdadero sentido de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, comoquiera que del tenor literal del mismo se puede inferir que no todas las informaciones que contiene la hoja de vida o historia laboral están cobijadas por la reserva, sino solamente aquellas que “involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas”.

Quiere ello decir que, no por el hecho de que un documento o información repose en una hoja de vida o historia laboral implica, per se, la negativa a su acceso pues para adoptar esta determinación se debe partir de la premisa de distinguir qué datos son sensibles y, por tanto, no pueden ser entregados al interesado, para lo cual es importante tener en cuenta lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1581 de 2012[5], a saber:

“ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.”

De modo que si la información solicitada está relacionada con datos que corresponden al ámbito privado e íntimo de las personas se encuentra dentro de la categoría de sensible, cuyo uso indebido puede atentar contra el derecho a la intimidad, el cual para la Corte Constitucional[6] comprende tres tipos de información: la reservada, la privada y la semiprivada, de las cuales depende su absoluta prohibición de ser divulgada o su acceso solo mediante orden de autoridad judicial o administrativa.

Por otro lado, se encuentra la denominada información pública definida en el artículo 2º de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” como aquella que está en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado[7], la cual no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.

 

En la mencionada ley también se estableció, en el parágrafo 2º del artículo 9º, que el Departamento Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y de personas naturales con contratos de prestación de servicios, en el cual debe contener, entre otros, la “formación académica, experiencia laboral y profesional de los funcionarios y de los contratistas”, excepto cualquier antecedente que afecte su privacidad y el buen nombre. 

Por su parte, el Decreto 103 de 2015 –que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014– en su artículo 5º dispuso que para efectos del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 9º ibíd., los sujetos obligados deben publicar de forma proactiva un directorio de sus servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información: 

  

“(1) Nombres y apellidos completos. 

(2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento. 

(3) Formación académica. 

(4) Experiencia laboral y profesional. 

 

(...)

  

Parágrafo 1°. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público (Sigep), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan...”. (Destacado por la Sala)

 

De lo anterior, se puede colegir que los datos referentes a la formación académica y la experiencia laboral de la servidora pública XXXX aunque hacen parte de su hoja de vida e historia laboral no contienen información considerada como sensible, esto es, que pueda transgredir su derecho fundamental a la privacidad e intimidad.

 

Por el contrario, se observa que la información requerida por la peticionaria tiene relevancia pública pues permite verificar la idoneidad de quien asume un cargo en el sector público, de ahí que surja la necesidad que se encuentre publicada en la plataforma destinada para tal fin.

 

Con todo, es de anotar que el municipio de XXXX aportó al plenario el pantallazo obtenido de la plataforma SIGEP en el que se puede evidenciar que la hoja de vida de la funcionaria XXXX se encuentra publicada, junto con su formación profesional y experiencia laboral, pero esto no lo releva de entregar los documentos solicitados por la actora, que como se explicó líneas atrás no tienen reserva legal y constitucional.

 

La situación descrita permite a la Sala confirmar la sentencia de 16 de marzo de 2020, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas - Sala Segunda de Decisión amparó el derecho fundamental de petición de la accionante, toda vez que la autoridad judicial cuestionada incurrió́ en una indebida interpretación del numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015”. Consejo de Estado. Tutela. Del derecho de petición y de acceso a documentos públicos. 

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