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Contrato interadministrativo. Liquidación unilateral. Contrato interadministrativo celebrado entre una entidad que se rige por el Estatuto General de Contratación y otra por el derecho privado ¿Cuál r
By: System Administrator on lunes, septiembre 21

CADUCIDAD CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - cómputo del término de caducidad en los contratos estatales cuando no se liquidan, debiendo hacerlo, según el CPACA – regla prevista en el artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del CPACA.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – en estos contratos la entidad contratante cuenta con la facultad de practicar la liquidación unilateral.

A lo anterior conviene agregar que en este tipo negocios jurídicos la entidad contratante -en este caso el Ipse-, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación[1], cuenta con la posibilidad de realizar la liquidación unilateral, por ser un contrato de tracto sucesivo, por no existir restricción legal que lo impida y porque esa forma de liquidación, si bien corresponde a una prerrogativa especial, no hace parte de las cláusulas excepcionales al derecho común taxativamente consagradas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 (terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad).

En ese sentido, el cómputo de los 2 años de la caducidad comenzó a correr desde el vencimiento de los 2 meses con los que contaba la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato en cuestión…”.

Contrato interadministrativo celebrado entre una entidad que se rige por el Estatuto General de Contratación y otra por el derecho privado ¿Cuál régimen prevalece?

El contrato interadministrativo No. 045 fue suscrito el 3 de mayo de 2012 entre el Ipse y Gensa E.S.P., cuyo objeto consistió en lo siguiente: “Administración general y ejecución por parte de Gensa S.A. E.S.P., de los recursos asignados al IPSE para la construcción de la segunda etapa del proyecto de interconexión Inírida (…)[2].

Para la fecha de su celebración, el Ipse[3] ya era un establecimiento público del orden nacional. En atención a esa naturaleza, ha de señalarse que su actividad contractual se encuentra sometida a la Ley 80 de 1993. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 489 de 1998, “Los contratos que celebren los establecimientos públicos se rigen por las normas del Estatuto Contractual de las entidades estatales contenido en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales”.

Por su parte, las relaciones contractuales de Gensa, por tratarse de una empresa de servicios públicos domiciliarios, se rigen por las reglas del derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 8 de la Ley 143 de 1994.

En ese contexto, en el contrato interadministrativo objeto de estudio intervinieron: (i) el Ipse -contratante-, establecimiento público sometido al régimen de contratación estatal, y (ii) Gensa -contratista-, empresa de servicios públicos domiciliarios, cuyos vínculos contractuales se rigen por las disposiciones del derecho privado. Se observa, entonces, una disparidad del régimen normativo llamado a informar los negocios jurídicos celebrados por ambas entidades.

En un caso similar, en el que también estuvo involucrado el Ipse -contratante- con una empresa de servicios públicos domiciliarios -contratista-, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que prevalecía la aplicación de la Ley 80 de 1993, por las razones que a continuación se transcriben in extenso:

 

 

“Resulta que la Ley 142 de 1994, en el artículo 15, distinguió a las personas que pueden prestar servicios públicos domiciliarios, para cuyo propósito enlistó: i) las empresas de servicios públicos; ii) las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; iii) los municipios, cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; iv) las organizaciones autorizadas de acuerdo con esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas; v) las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esa Ley y vi) las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. En concordancia con lo anterior, el artículo 17 previó que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. A continuación, el artículo 18 consagró que las empresas de servicios públicos tienen como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa. Igualmente, de conformidad con el artículo 19, que reguló el régimen de las empresas de servicios públicos, se dispuso que su nombre siempre debía incluir las palabras ‘empresa de servicios públicos’ o las letras ‘E.S.P.’.

 

“(…).

 

“En esa línea de pensamiento, debe entenderse que en armonía con lo dispuesto en el artículo 19, las entidades oficiales a las que hace alusión el artículo 39 corresponden a aquellas constituidas bajo la forma de empresa de servicios públicos, que además de los municipios y los demás sujetos descritos en el artículo 15 de dicho cuerpo normativo, son las únicas autorizadas para prestarlos y para celebrar este tipo de contratos. Lo anterior significa que en el sector de los servicios públicos domiciliarios sólo pueden ser prestadores de los mismos y, por tanto, sujetos de su ámbito de cobertura, los identificados en los artículos 15 y 17. Igual conclusión se extrae del articulado de la Ley 143 de 1994, cuya lectura permite identificar como entidades facultadas para celebrar contratos para confiar en forma temporal la organización, prestación, mantenimiento y gestión de cualquiera de las actividades del servicio público de electricidad a la Nación, los departamentos y municipios y a las empresas públicas para celebrar los demás tipos de contratos.

 

“De ahí que al no identificarse el IPSE con alguna de esas denominaciones se concluye que su actividad contractual no se encuentra bajo el amparo de la regulación de los servicios públicos a la que se ha hecho mención.

 

“Un segundo elemento que debe destacarse guarda relación con el hecho de que en el caso sub examine la entidad estatal que se encuentra sometida al Estatuto de Contratación Estatal, IPSE, habría de ser la que fungiría como contratante en la relación obligacional, es decir, que sería la que entregaría a un tercero, regido por el derecho privado, la explotación de un bien y de la actividad comercial derivada del mismo, por manera que ha de ser el instrumento normativo de derecho público el que rija este vínculo, en tanto su función se encuentra claramente concebida para concretar el fin estatal allí sumido. En el contexto de la regla anteriormente plasmada, se tiene que la entidad estatal sometida al imperio de la Ley 80 es la que, para la consecución de sus fines, debe adelantar el respectivo procedimiento de selección del contratista, cuando así lo requiera la norma en cuestión, llevar a cabo las gestiones para apropiar y disponer las respectivas partidas presupuestales, adjudicar el contrato producto de aquél y posteriormente celebrarlo con el oferente vencedor, etapas que se imponen llevar a cabo con apego al catálogo de normas compendiadas en el estatuto de contratación estatal.

 

“El panorama expuesto lleva a concluir que, atendiendo al régimen legal de prevalente aplicación, en la etapa de formación y nacimiento del negocio jurídico celebrado entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE y la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P. debieron observarse las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993[4] (se destaca).

De acuerdo con lo anterior, al presente contrato interadministrativo suscrito entre el Ipse y Gensa le aplican las disposiciones de la Ley 80 de 1993”. Consejo de Estado. Contrato interadministrativo. Liquidación unilateral. Contrato interadministrativo entre entidades con diferente régimen contractual. 



[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente No. 44.442; (ii) sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente No. 60.304 y (iii) auto de ponente del 13 de noviembre de 2019, expediente No. 63.055.

[2] Folio 89 del cuaderno No. 1 del tribunal.

[3] El Gobierno Nacional a través de Decreto 1140 del 29 de junio de 1999, en ejercicio de las facultades permanentes otorgadas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, dispuso que el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL-, empresa industrial y comercial del Estado, se transformara en Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, con naturaleza jurídica de establecimiento público. Al reestructurarse el Ministerio de Minas y Energía, Decreto 1141 de 1999, se incluyó el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas -IPSE-, como uno de los establecimientos públicos adscritos a dicha cartera.

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, expediente No. 48.801.

 

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