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Tutela contra laudo arbitral. Seguridad jurídica. Relevancia constitucional. Requisito de subsidiariedad.
By: System Administrator on jueves, septiembre 17

“El 27 de marzo de 2020, REFICAR, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad en la aplicación de la ley y de acceso efectivo a la administración de justicia que consideró vulnerados con el Laudo Arbitral del 31 de octubre de 2019 y la providencia del 14 de noviembre del mismo año que resolvió no aclararlo, proferidos por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá referido previamente”.

En la Tutela, la accionante sostiene que “el laudo arbitral reconoció los intereses moratorios que liquidó, pero con la creación de reglas que no estaban establecidas en el negocio contractual y sin dar aplicación a lo dispuesto sobre la materia en la normatividad civil, sino bajo parámetros propios.

En razón de ello, afirma que el fallo arbitral no presenta una decisión soportada en el ordenamiento jurídico vigente ni en el material probatorio allegado al expediente, pues soluciona el litigio de acuerdo con las pautas que construyó dejando “de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que deb[ió] acatar””.

Para la Sala, “los razonamientos precedentes, prima facie, evidencian la alegación de una decisión en conciencia o equidad, cargo que, ciertamente, debió ventilarse ante el juez del recurso extraordinario de anulación. No obstante, la accionante dejó transcurrir el término legal dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 para la interposición del mentado recurso extraordinario, a saber “los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición”, que para el caso de autos tuvo lugar en audiencia del 14 de noviembre de 2019. De esta manera, tampoco se acredita el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela”.

En su Aclaración de Voto, el Magistrado Guillermo Sánchez Luque indicó: SEGURIDAD JURÍDICA. Inconveniencia de la existencia de diversos medios de control para un mismo asunto.

“La procedencia de la tutela contra laudos arbitrales despoja al juez del recurso de anulación de su rol, para trasladarlo al del mal denominado “juez constitucional”, que no es el competente para anular laudos arbitrales. La falta de claridad del ordenamiento jurídico -propiciada por una jurisprudencia “garantista”- no solo permite sino fomenta la inseguridad jurídica, al permitir el debate sin fin de un conflicto.

Cada proceso y recurso tienen su función, por ello la decisión de cada uno de ellos debe suponer que no interfiera con los demás, ni que uno le reste eficiencia al otro y tampoco que coexistan varios medios de control o recursos para decidir un mismo asunto. Es hora de reflexionar sobre la conveniencia de seguir en este “desorden” jurídico que permite la coexistencia de instrumentos paralelos o sucesivos para la protección de derechos de los asociados.

En cuanto al requisito de la relevancia constitucional, para la procedencia de la acción de tutela, reitero la aclaración de voto Rad. n.° 110010315000201910129900 /19 y en relación con la tutela contra providencia judicial y el “precedente de la Corte Constitucional los numerales 1 y 2 de aclaración de voto Rad. n° 11001-03-15-000-2019-00022-00/19".

Temas:

LAUDO ARBITRAL. El recurso de anulación es la vía para controvertirlos y no la acción de tutela. TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL. Su procedencia atenta contra la seguridad jurídica.

“… no obstante la autonomía e independencia que supone la justicia arbitral, las decisiones por ella proferidas no están exentas de garantizar y respetar los derechos fundamentales de las partes y, en tal sentido, se halla legitimada la intervención del juez constitucional, quien deberá hacer un análisis riguroso para determinar si la petición de tutela hace referencia a la violación de un derecho fundamental y da pleno cumplimiento a los requisitos de procedibilidad, limitándose a los defectos aducidos, sin invadir la órbita del tribunal de arbitramento, por demás, voluntariamente designado por las partes”.  

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. El requisito general de relevancia constitucional. El requisito general de subsidiaridad.

Sobre el requisito de la relevancia constitucional, la Corte ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[1], y como viene de estudiarse, estos requisitos erigen una especial restricción a la procedibilidad, en tratándose de acciones de tutela dirigidas en contra de laudos arbitrales.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber[2]: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos; (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial”.

“Sobre el requisito de la relevancia constitucional, la Corte ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[3], y como viene de estudiarse, estos requisitos erigen una especial restricción a la procedibilidad, en tratándose de acciones de tutela dirigidas en contra de laudos arbitrales”.

“En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber[4]: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos; (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial”.

No obstante, para la Sala “Analizado lo precedente, para esta Sala de Subsección el escrito tuitivo no acredita el requisito de la relevancia constitucional. Si bien cumple con la carga argumentativa requerida, se apercibe como un medio a través del cual la peticionaria pretende reeditar la discusión del análisis fáctico, probatorio y jurídico efectuado por los árbitros, con el único fin de desconocer la decisión que profirieron los jueces naturales de la causa y obtener un pronunciamiento favorable, convirtiendo este mecanismo de protección de derechos fundamentales en una instancia judicial adicional al proceso arbitral. 

En otras palabras, la Sala observa que la interposición de la acción de tutela obedece únicamente a la insatisfacción de la accionante respecto a la condena impuesta por el tribunal de arbitramento. Básicamente devela su desacuerdo porque el incumplimiento se definió al momento de liquidarse el contrato judicialmente, de manera que, a lo sumo, los intereses debieron tasarse desde que el laudo quedó ejecutoriado. Es decir, la actora no ve posible que una entidad pública quede obligada a pagar intereses de mora dada su renuencia para concurrir a la liquidación bilateral del contrato.

Como se ve, la demandante presenta un debate sobre el fondo de la cuestión litigiosa, fundamentada en argumentos alegados y decididos en la instancia arbitral. El tribunal, según se transcribió, señaló las razones por las cuales la actora debe pagar intereses de mora desde que exhibió una actitud renuente a liquidar el contrato de común acuerdo, lo que sentenció luego del estudio fáctico y jurídico del caso, en contra del cual no se endilgan cargos de índole ius fundamental, sino de mera legalidad, con lo que queda en evidencia que pretende desconocer la autonomía y naturaleza de las decisiones arbitrales, concebida como un límite para el juez de tutela.

Dicho lo anterior, la Sala reitera la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en cuanto a que el examen de los requisitos de procedibilidad debe ser más estricto y riguroso frente a laudos arbitrales que respecto a providencias judiciales, fundamentalmente en razón a “que se está en un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento”[5], dotando sus decisiones de especial estabilidad jurídica que protege, precisamente, la voluntad de los contratantes y la decisión autónoma de los árbitros por ellos investidos del poder jurisdiccional; circunstancias que no pueden resultar invalidadas por el juez de tutela ante la mero descontento de la parte vencida.

Adicionalmente, debe recordarse que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni de los  principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada[6], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen a la controversia[7]”.

Tutela contra laudo arbitral. Seguridad jurídica. Relevancia constitucional. Requisito de subsidiariedad.

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