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Cesión del contrato estatal. Nulidad del acto que autorizó la cesión del contrato al probarse que tenía como propósito burlar un embargo.
By: System Administrator on mircoles, septiembre 9

Cesión del contrato estatal. Nulidad del acto que autorizó la cesión del contrato al probarse que tenía como propósito burlar un embargo. Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En el expediente obra prueba documental que acredita las afirmaciones hechas por la parte actora, las cuales no son controvertidas por la entidad demandada. Está probado que, luego de que la entidad demandada recibió la orden judicial de embargo de los derechos del Contratista, autorizó la cesión del contrato que este le solicitó con el propósito expreso de eludir dicha orden.

La entidad demandada (i) obtuvo una respuesta clara del juzgado en el que éste le señaló que la orden de embargo recaía sobre las sumas adeudadas al Contratista excluyendo solamente el valor del anticipo; (ii) hizo una liquidación parcial de cuentas al momento de la cesión y amortizó la totalidad del anticipo con lo cual redujo significativamente el valor a transferirle al juzgado como suma adeudada al cesionario; y (iii) de este modo depositó solo dicho saldo a órdenes del Juzgado, con lo cual los Demandantes perdieron la posibilidad de tener como garantía del pago de su crédito los derechos del contrato que habían sido efectivamente embargados por el Juzgado”.

 

La acción procedente en este caso, por parte del tercero afectado por la cesión del contrato estatal.

La Sala estima que la acción de nulidad y restablecimiento escogida, que en realidad fue la que determinó el Tribunal al admitir la demanda y que fue interpuesta dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación del acto que autorizó la cesión, debe tenerse como idónea.   

Es cierto que el acto administrativo que aprueba la cesión de un contrato es un acto contractual que autoriza la celebración de una convención modificatoria del mismo, que afecta solo a las partes en el contrato y al Cesionario.  Por tal razón, podría considerarse que en realidad no fue la autorización de la cesión lo que generó el daño cuya indemnización reclaman los Demandantes, sino la omisión en el cumplimiento de una orden judicial, motivo por el cual la acción que debió interponerse era la de reparación directa, lo que afectaría el cumplimiento del presupuesto procesal conocido como la <<demanda en forma>>.

La Sala no orientará su decisión de esa manera porque (i) está evidenciado que los Demandantes —con razón— determinaron que una decisión de la entidad demandada les estaba generando un perjuicio y acudieron a la jurisdicción a reclamar indemnización de daños, para lo cual invocaron las dos acciones que el ordenamiento consagra para reclamar daños del Estado (la reparación directa y la nulidad y restablecimiento), y fue la propia jurisdicción la que determinó cual era la vía por la que debían optar; y (ii) la división de la acciones que el ordenamiento procesal contempla tienen justificación cuando establecen requisitos y etapas que es indispensable recorrer, teniendo en cuenta los derechos sustanciales objeto de debate; no pueden convertirse en barreras exclusivamente formales que impidan su ejercicio, porque darles tal interpretación desconocería que <<al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial>> (art. 11 del C.G.P.)”.

“Precisado lo anterior, la Sala concluye que la entidad demandada, al autorizar la cesión del contrato con el objeto de eludir el embargo de los derechos del mismo, violó las normas legales a las que estaba sujeto, que efectivamente no eran solo las que regulan la cesión de los contratos en la ley 80 de 1993 y, así mismo, les causó daños a los Demandantes, los cuales deben ser reparados porque de conformidad con el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, el deudor que incumple una orden de embargo se convierte en deudor subsidiario de la suma adeudada.  Por tal razón, ordenará que éstos sean reparados, para lo cual impondrá una condena in genere disponiendo que la demandada consigne a órdenes del juzgado los saldos que se generaron del contrato y que debió poner a disposición del mismo, teniendo como limite el saldo insoluto del crédito en el proceso ejecutivo”.

 

¿Cómo debía proceder la entidad pública ante esta situación?

“Las normas que rigen la contratación estatal a las cuales estaba sujeto el representante legal de la entidad demandada no le permitían autorizar la cesión de un contrato en el cual el crédito a favor del contratista había sido embargado, con el objeto de asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

Lo que prevé el artículo 17 de la ley 80 de 1993 es la potestad de la entidad contratante terminar unilateralmente el contrato cuando se presente <<cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato>>.

El ejercicio de esta facultad está condicionado al cumplimiento de los requisitos anteriores y el razonamiento de la entidad demandada, según el cual era preferible autorizar la cesión del contrato a darlo por terminado no tiene fundamento legal y sobre todo carece de justificación probatoria: la entidad demandada en ningún momento afirmó que el cumplimiento de los embargos al Contratista determinaría su incapacidad para cumplirlo y mucho menos suministró alguna evidencia de lo anterior;  ni siquiera obra en el expediente una manifestación del Contratista con tal alcance.

En conclusión, si el artículo 681 del C.P.C. antes citado dispone que cuando se decrete el embargo de un crédito la orden debe comunicarse al deudor para que este informe si el crédito ha sido cedido con anterioridad y le impone la obligación de asumir el pago de la deuda para el caso de que no cumpla la orden convirtiéndolo en deudor subsidiario de la misma, es claro que la decisión de la demandada contravino esta disposición legal, razón por la cual resulta procedente disponer su anulación y condenarla al pago de los perjuicios causados a los Demandantes.

La condena al pago de perjuicios se hará in genere y para establecer el monto que deberá pagar la entidad demandada, la parte actora deberá presentar un dictamen pericial elaborado por un contador con experiencia acreditada que determine su monto, con base en los siguientes fundamentos que deberán ser acreditados documentalmente:

a.- Deberá establecer cuál es el monto insoluto y actualizado de la obligación en el proceso ejecutivo adelantado por los Demandantes, con certificación del despacho judicial correspondiente, punto en el cual también podrá consultar documentos contables del Contratista.

b.- Deberá determinar cuál fue el monto pagado al cesionario en el contrato con el objeto de determinar cuál habría sido el monto que la entidad demandada debería haber transferido al Juzgado para dar cumplimiento al embargo ordenado, para cubrir el monto insoluto de la deuda.

La suma anterior, actualizada desde el momento en el que la contratante le pagó al cesionario hasta la fecha del dictamen, corresponde al valor que la demandada pagará a la demandante como monto de los perjuicios, advirtiéndose que al realizar el pago se operará a su favor la subrogación prevista en el artículo 1668 del Código Civil”.

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