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Improcedencia de la solicitud de suspender provisionalmente la ejecución del contrato. Acción de nulidad simple.
By: System Administrator on lunes, septiembre 7

 “En cuanto a la solicitud de suspensión del contrato, en el auto recurrido se señaló que era improcedente, pues, según lo previsto en los artículos 230 –numeral 3- y 231 de la Ley 1437 de 2011, la suspensión procede respecto de los efectos de actos administrativos, no de contratos y se citó lo que al respecto enseña el doctrinante Carlos Betancur Jaramillo, así:

 

 

4.2.2.2. Modalidades, efectos y alcances de la suspensión

 

“En desarrollo del antecitado artículo de la Carta [se refiere al artículo 238 constitucional], el código anterior en sus arts. 152 y ss., con las modificaciones introducidas por el decreto 2304 de 1989, regulaba estos aspectos; y ahora el nuevo código en sus arts. 229 y ss. desarrolla, con otras medidas cautelares, sus efectos en torno a las ideas fundamentales que se exponen a continuación. Así, se anota:

 

“a) Sólo son susceptibles de suspensión provisional los efectos de los actos administrativos de carácter unilateral, sean creadores de situaciones generales o particulares. Quedan así por fuera de la medida no solo el contrato estatal, aunque no los actos administrativos previos o contractuales dictados por la entidad contratante, los que seguirán sometidos a las reglas generales, con las precisiones impuestas por el estatuto de contratación, sino los actos preparatorios o de trámite que no producen tales efectos (art. 75)[1] (destaca la Sala).

El demandante considera que la medida cautelar que procede en contra del contrato es la prevista en el numeral 2 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 –suspensión de un procedimiento o una actuación administrativa-, pues además de que, a su juicio, el desarrollo del negocio jurídico es una actuación administrativa, el juez contencioso administrativo está habilitado para decretar cualquier medida cautelar que considere necesaria para garantizar la legalidad y proteger el interés público.

En lo que al primero de los argumentos enunciados concierne, es necesario precisar que el contrato no constituye, como lo entiende el demandante, una actuación administrativa, pues, en voces de la Corte Constitucional, “Las actuaciones administrativas constituyen la etapa del procedimiento administrativo que antecede al acto administrativo[2], ya que fueron creadas ante la necesidad de establecer las normas que regulen la actividad de la administración previa a la expedición de un acto administrativo.

La noción de contrato no corresponde a la descripción con la que se definen las actuaciones administrativas, toda vez que, según lo previsto en el artículo 1495 del Código Civil, el contrato “es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.

Lo anterior resulta suficiente para concluir que la medida cautelar contemplada en el numeral 2 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 no es procedente frente a contratos”.

Por otro lado, indicó el Despacho, “si bien el artículo 229 del capítulo XI de la Ley 1437 dispone que es posible decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que se consideren necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, también indica que la declaratoria debe hacerse de acuerdo con lo regulado en ese mismo capítulo, cuyo artículo 230 dispone expresamente que el juez o magistrado ponente puede decretar “una o varias de las siguientes medidas…”.

Así las cosas, al leer la norma en su integridad surge que, de las medidas cautelares previstas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, el juez o magistrado ponente puede decretar las que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia; por eso, como la suspensión de los efectos del contrato no se encuentra enlistada en el referido artículo, debe concluirse que, al menos, para los procesos que se regulan exclusivamente por la Ley 1437 de 2011, la referida solicitud no es procedente.

Con todo, aun si se considerara que la suspensión de la ejecución del contrato es procedente, lo cierto es que en este caso no se cumplen los presupuestos establecidos en el primer inciso del artículo 230 para declararla, porque en él se indica que las medidas cautelares “deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda” y, en este caso, no se pretendió la nulidad del contrato.

Cabe destacar, además, que el medio de control ejercido en esta oportunidad fue el de nulidad y que, según la ley, para pretender la nulidad del contrato el medio procedente es el de controversias contractuales, que otorga legitimación para incoar esa pretensión a las partes del contrato, al Ministerio Público y, exclusivamente, a los terceros que acrediten un interés directo[3]; sin embargo, como en este caso no estamos frente a una demanda de ese tipo, el actor no ha solicitado la nulidad del contrato, ni ha acreditado su legitimación para formular esa pretensión”.



[1] BETANCUR JARAMILLO, Carlos: “DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO”, 8ª Edición, Editorial L. Vieco S.A.S., Medellín, 2013, pág. 385.

[2] Sentencia C-640 de 2002.

[3] Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.

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