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La fuerza mayor como eximente de responsabilidad por el incumplimiento contractual.
By: System Administrator on lunes, agosto 31

La fuerza mayor como eximente de responsabilidad por el incumplimiento contractual

“El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 (art. 64, C.C.), define esta figura, al establecer que “[s]e llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Y sobre este eximente de responsabilidad, ha dicho la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:  

(…) es menester para su estructuración ex lege la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecer (cas. civ. sentencias de 31 de agosto de 1942, LIV, 377, 26 de julio de 1995, exp. 4785, 19 de julio de 1996 expediente 4469, 9 de octubre de 1998, exp. 4895).

 

La imprevisibilidad del acontecimiento, concierne a la imposibilidad de prever, contemplar o anticipar ex ante las circunstancias singulares, concretas o específicas de su ocurrencia o verificación de acuerdo con las reglas de experiencia, el cotidiano, normal o corriente diario vivir, su frecuencia, probabilidad e insularidad in casu dentro del marco fáctico de circunstancias del suceso, analizando in concreto y en cada situación los referentes de su “normalidad y frecuencia”, “probabilidad de realización” y talante “...intempestivo, excepcional o sorpresivo” (cas.civ. sentencias de 5 de julio de 1935, 13 de noviembre de 1962, 31 de mayo 1965,   CXI-CXII, 126; 26 de enero de 1982, 2 de diciembre de 1987, 20 de noviembre de 1989, 7 de octubre de 1993, 23 de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475 y 29 de abril de 2005, [SC-071-2005], exp. 0829-92 ).

 

La irresistibilidad, atañe a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso y sus consecuencias (cas. civ. sentencia de 26 de noviembre de 1999, exp. 5220), “de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos” (cas.civ. sentencia de 31 de mayo de 1965, CXI y CXII, 126) por “inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias” (cas.civ. sentencia de 26 de enero de 1982, CLXV, 21), contenerlas, conjurarlas, controlarlas o superarlas en virtud de su magnitud, “que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas” (cas.civ. sentencia de 26 de julio de 2005,[SC-190-2005], exp. 050013103011-1998 6569-02) o lo que es igual, entiéndase como “aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos -y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico- que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda -o pudo- evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitación)”. (cas.civ. sentencia de  23 de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475)[3].

A lo anterior, se agregó la exigencia sobre la ausencia de culpa del deudor, en tanto el hecho alegado como constitutivo de la fuerza mayor, debe obedecer a una causa extraordinaria, ajena al agente, a su persona o a su industria, es decir, extraña a su actividad.

Ahora bien, en relación con la imprevisibilidad que se predica del suceso constitutivo de la fuerza mayor, se trata de una cuestión de hecho que debe ser estimada por el juez en cada caso, al analizar las particulares circunstancias y lo que es dable exigir a una persona corriente en situación análoga, en el entendido de que la previsibilidad que se exige en materia de responsabilidad, corresponde a lo que se puede advertir normalmente con antelación, en atención a la posición del deudor frente a factores subjetivos u objetivos de referencia. Es decir, lo que con una diligencia media se pueda esperar que suceda, a partir de una determinada situación actual.

Así mismo, resulta necesario tener en cuenta que la jurisprudencia ha reconocido que “(…) la imprevisibilidad cuenta con tres criterios sustanciales que deben ser tenidos en cuenta cuando de establecer el juicio de responsabilidad se trata, a fin de obviar todo tipo de generalización y limitarse el análisis al caso concreto; son ellos: "1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inapropiado, excepcional y sorpresivo”[4][5].

En el presente caso, la causa extraña alegada por el contratista provino de una providencia judicial tomada dentro de un proceso civil, en virtud de la demanda ordinaria que por infracción de derechos de propiedad industrial, fue interpuesta en contra de XXXX, providencia mediante la cual se le impuso una medida cautelar, a través de la cual se restringieron sus actividades de importación y se le impidió, de esta manera, la entrega oportuna de bienes objeto del suministro al que se obligó mediante el contrato celebrado con la Industria Licorera de XXXX.

En criterio de la Sala, esa providencia judicial sí configuró para la sociedad contratista una fuerza mayor, toda vez que, además de ser una circunstancia extraña a su propio accionar -y por lo tanto ajena a la órbita de su control, por lo que no podría calificarse como un caso fortuito[6]-, fue irresistible, por consistir en una orden de una autoridad estatal, y resultaba imprevisible, por más que en la licitación pública se hubiera presentado la referida discusión en torno a la titularidad de unas patentes entre la demandante y otro de los oferentes, toda vez que ella surgió como una manifestación de la competencia que adelantaban los participantes en el proceso de selección, con miras a la obtención de la adjudicación del contrato, sin que este tipo de cuestionamientos a las propuestas de los competidores permita prever, razonablemente, que uno de ellos será demandado por el otro y que, como resultado de esa demanda, sus actividades se podrán ver afectadas a tal punto, que se presentará una imposibilidad de cumplir sus futuras obligaciones contractuales.

 

Se reitera que la imprevisibilidad exigida para la configuración de la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad frente al incumplimiento contractual, es la que cabe esperar razonablemente, en tanto no se puede exigir la contemplación de todo un universo de posibilidades, más o menos remotas, de circunstancias que a futuro puedan presentarse en torno a la ejecución de las obligaciones contractuales, sino aquellas que, en condiciones normales, cabe esperar que puedan suceder.

En el presente caso, la entidad demandada adujo que las circunstancias que le impidieron cumplir a la demandante –medidas cautelares provenientes de una decisión judicial- no fueron imprevisibles, porque desde el mismo procedimiento de selección en el que se adjudicó el contrato, se suscitaron las controversias sobre patentes con otro de los proponentes. Pero se observa que, en tales casos, en los que se tramitan licitaciones en las que se presenta la concurrencia de ofertas de las que solo una de ellas será favorecida con la decisión de contratación, lo usual y lo que razonablemente se puede esperar es que, los proponentes inconformes con la decisión, por considerar que no recayó en la oferta más favorable, o que la seleccionada no cumplió con los requisitos de participación en el procedimiento, procedan a impugnar el acto de adjudicación.

 

En tales condiciones, que uno de los oferentes en la licitación pública, luego de terminada esta y de adjudicado y celebrado el respectivo contrato, hubiera demandado a XXXXX en un proceso civil, con las consecuencias derivadas de la medida cautelar que allí solicitó y obtuvo en su contra, no es una circunstancia que se pudiera predicar como previsible al momento de participar la demandante en el procedimiento de selección en el que resultó favorecida, para desvirtuar la existencia de la fuerza mayor que alegó, como justificación de su imposibilidad de cumplir oportunamente sus obligaciones contractuales”.



[1] El parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, dispuso: Las facultades previstas en este artículo se en­tienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas”.

 

[2] El artículo 1714 dispone que cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, y ello sucede, según el artículo 1715, por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, extinguiéndose recíprocamente ambas deudas hasta la concurrencia de sus valores, si reúnen las calidades allí indicadas. Pero a su vez, el artículo 1716 reitera que “Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras”.

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de junio de 2009, Exp. 11001-3103-020-1999-01098-01, M.P. William Namén Vargas.

[4] [33] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia 23 de junio de 2000, exp. 5.475, M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo”. En esta sentencia, dijo la Corte: La imprevisibilidad, rectamente entendida, no puede ser desentrañada - en lo que atañe a su concepto, perfiles y alcance -  con arreglo a su significado meramente semántico, según el cual, imprevisible es aquello “Que no se puede prever”, y prever, a su turno, es "Ver con anticipación" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), por manera que aplicando este criterio sería menester afirmar que es imprevisible, ciertamente, el acontecimiento que no sea viable contemplar de antemano, o sea previamente a su gestación material (contemplación ex ante). // Si se aplicase literalmente la dicción en referencia, se podría llegar a extremos irritantes, a fuer que injurídicos, habida cuenta de que una interpretación tan restrictiva haría nugatoria la posibilidad real de que un deudor, según el caso, se liberara de responsabilidad en virtud del surgimiento de una causa a él extraña, particularmente de un caso fortuito o fuerza mayor. Desde esta perspectiva, no le falta razón al Profesor italiano Giorgio Giorgi, cuando puntualiza que "...se trata de -una- imprevisibilidad específica, esto es, imposibilidad de preveerle en las circunstancias en que se verifica y hace imposible el cumplimiento. De otro modo, ¿se podría hablar alguna vez del caso fortuito?". // De alguna manera, en el plano ontológico, todo o prácticamente todo se torna previsible, de suerte que asimilar lo imprevisto sólo a aquello que no es posible imaginar o contemplar con antelación, es extenderle, figuradamente, la partida de defunción a la prenombrada tipología liberatoria, en franca contravía de la ratio que, de antiguo, inspira al casus fortuitum o a la vis maior. El naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, únicamente para iterar algunos ejemplos seleccionados por el legislador patrio con el propósito de recrear la noción y alcances del caso fortuito o fuerza mayor, sobrarían por completo, toda vez que, in abstracto, son imaginables y, por ende, pasibles de representación mental - o de observación previa, para emplear la terminología lingüística ya anunciada-. Por tanto, “Una simple posibilidad vaga de realización -del hecho-", bien lo confirman los Profesores Henri y León Mazeaud, "no podría bastar para excluir la imprevisibilidad".

[5] Campos Cuesta, L. 2018. Incidencia del concepto de previsión en los elementos de la responsabilidad en Colombia. Revista de Derecho Privado. 35 (jul. 2018), 245-259. DOI:https://doi.org/10.18601/01234366.n35.09.

[6] Teniendo en cuenta que, como eximente de responsabilidad por incumplimiento contractual, se ha estimado que sólo el hecho que constituye una verdadera fuerza mayor, como circunstancia externa a la persona afectada, puede configurarlo, más no el caso fortuito, en tanto corresponde a eventos que se producen en la esfera u órbita de actuación de aquel, y por lo tanto, si bien pueden ser imprevistos, no le son ajenos; aunque la doctrina nacional más autorizada, ha considerado que en nuestra legislación tal distinción no cabe: “En cuanto a la causa extraña, ha de ponerse de presente que el ordenamiento nacional no distingue la vis maior del casus fortuitus, y por lo mismo, no permite la diferenciación entre el acontecimiento de origen del todo externo a la actividad del deudor y el de origen interno (cfr. Art. 1º Ley 95 de 1890). Por lo demás, esta es la conclusión a que se llegó, de regreso de un empeño generalizado en la doctrina francesa, que repercutió entre nosotros, de caracterizar la fuerza mayor como el acontecimiento del todo extraño a la actividad del deudor o demandado (p. ej., el terremoto), y el caso fortuito, como aquel suceso que ocurre dentro del giro de actividades de aquel (p. ej., el estallido de la caldera del barco que conduce la mercancía), con el propósito de reducir las posibilidades de exoneración del demandado en la responsabilidad extracontractual, deudor en la contractual o, mejor, por incumplimiento de obligación. Aquellas dos figuras corresponden a una misma noción; el ordenamiento toma ‘los dos términos como sinónimos’ (…)”. Hinestrosa, Fernando; Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, 1ª ed., 2000, p. 774.

Multas. La fuerza mayor como eximente de responsabilidad por el incumplimiento contractual.

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