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Principio de selección objetiva. Rechazo de la propuesta por incumplimiento del pliego de condiciones.
By: System Administrator on jueves, agosto 13

PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y REGLAS DE SELECCIÓN OBJETIVA. Rechazo de la propuesta por incumplimiento del pliego de condiciones.  “La causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación”

Las razones para el rechazo de las propuestas en el proceso de licitación

Primera propuesta. Incumplimiento del pliego de condiciones. Quedó probado en el proceso que el rechazo de la propuesta se debió “a la falencia en la acreditación de dos aspectos: la propiedad, o al menos la mera tenencia, de la planta de asfalto y la insuficiencia del certificado de arrendamiento de los equipos” y que ambos requisitos se requerían para el cumplimiento del pliego de condiciones y para la asignación de puntaje, es decir que no era un aspecto meramente formal del procedimiento licitatorio.

Segunda propuesta. Incumplimiento del requisito de visita de obra. En el proceso quedó probado que era procedente la decisión de INVALIDAR la propuesta porque supuestamente se allegó una certificación que no correspondía a la realidad, por cuanto no se había asistido a la visita.

Frente al tema del Principio de Selección Objetiva la Sala indicó:

En primer lugar, puede advertirse que el procedimiento de contratación se rigió por la Ley 80 de 1993, en virtud del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, vigente para marzo de 1996[3], época en que se adelantó la licitación pública, toda vez que el objeto del contrato a adjudicar era la obra consistente en la pavimentación de una vía – no la prestación de un servicio público domiciliario- además de que este contenía cláusulas exorbitantes. 

Para realizar el análisis del pliego de condiciones, de manera previa se reseñan los siguientes apartes del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 acerca del principio de economía y la selección objetiva:

“Artículo 25.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

 

“1o. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.

 

“2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias.

 

“3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.

“(…).

 

“15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.

 

“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

“(…).

“17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas” (la negrilla no es del texto).

 

Tal como ha advertido esta Subsección, con fundamento en un extenso recuento de la jurisprudencia sobre los actos previos[4], la Sección Tercera del Consejo de Estado desarrolló una línea jurisprudencial[5] que diferencia entre los requisitos formales y sustanciales exigidos a los proponentes en los pliegos de condiciones, la cual se originó hace más de 30 años, desde la sentencia de 19 de febrero de 1987[6] (expediente No. 4694), prohijada por la doctrina española y argentina, en cuyos textos se estimó que no todas las condiciones del pliego tienen un mismo peso[7].

 

Según ha observado esta Subsección “ (…) hasta la fecha presente el Consejo de Estado considera que de acuerdo con la ‘lógica de lo razonable´ la entidad contratante puede acudir excepcional y razonadamente a un manejo flexible en la aplicación del pliego de condiciones cuando el apartamiento de la propuesta con relación al contenido de la regla del pliego es de orden menor y no corresponda a requisitos previstos en el pliego en forma sustancial o determinante de las condiciones de la contratación[8][9]. 

 

La jurisprudencia de esta Subsección A ha seguido esa línea jurisprudencial, en el análisis de los procedimientos de licitación adelantados en vigencia de la Ley 80 de 1993, por ejemplo, en el proveído en que se declaró la nulidad del acto mediante el cual se adjudicó una licitación pública por encontrar demostrado, en ese evento particular, que la propuesta del demandante fue descalificada con fundamento en un requerimiento meramente instrumental[10], no obstante lo cual se recordó la obligatoriedad del pliego como regla general de la licitación:

 

“En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de ofertas no puede depender de la libre discrecionalidad de la administración, en la medida en que el oferente, por el hecho de participar en el proceso licitatorio,  adquiere el derecho de participar en el procedimiento de selección y se genera para él una situación jurídica particular; en consecuencia, para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública debe sujetarse a determinadas reglas consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente establecidas en la ley, deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación” [11] (la negrilla no es del texto).

Pues bien, en este caso se habrá de tener en cuenta el contenido del pliego de condiciones y las reglas de la adjudicación, para efectos de determinar el cumplimiento o no del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y del supuesto desvío de poder”.

Consejo de Estado. Principio de selección objetiva.

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