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URGENCIA MANIFIESTA. Causal de contratación directa. Diferencia con la CALAMIDAD PÚBLICA Y DESASTRE.
By: System Administrator on martes, julio 28
Naturaleza jurídica de las instituciones educativas de carácter oficial y su régimen de contratación.

Urgencia manifiesta como causal de contratación directa.

“… el art. 42 del Estatuto General de Contratación, citado antes, contempla cuatro (4) circunstancias o hechos que configuran la urgencia manifiesta, si así lo declara la entidad:

i) Cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro.

ii) Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.

iii) Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas.

iv) En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.

“De otro lado, si bien, por regla general, los contratos estatales son solemnes, es decir, para celebrarlos deben constar por escrito –principio que también aplica, en condiciones relativamente normales, a las situaciones de urgencia manifiesta que no revistan tanta gravedad–, hay casos de urgencia manifiesta que por su gravedad no dan tiempo para acordar con precisión el alcance de la obligación principal del contrato y el precio que se pagará al contratista. En tales eventos, de conformidad con los incisos 4 y 5 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato se puede perfeccionar consensualmente y el precio se puede determinar posteriormente.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que a la urgencia manifiesta le aplica lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015: «En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos».

Finalmente, declarada la urgencia manifiesta, a través del acto administrativo mencionado anteriormente, y celebrado el contrato correspondiente, se debe cumplir la exigencia del artículo 43 de la Ley 80 de 1993. La finalidad de este procedimiento es que la autoridad que ejerce el control fiscal –la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, o la Auditoría General de la República -según el caso– revise si son ciertas las razones aducidas por el representante legal de la entidad para declarar la urgencia manifiesta, si tales motivos son constitutivos de urgencia y si la gestión presupuestal adoptada fue la indicada”.

Situación de desastre y situación de calamidad pública: uno de los cuatro (4) supuestos que configura la urgencia manifiesta –regulación en la Ley 1523 de 2012–

“… una vez se declara la situación de calamidad o la situación de desastre bajo los criterios señalados en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, por parte de la autoridad competente, las demás entidades estatales –de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993– quedan facultadas para declarar, a continuación, la causal de contratación directa denominada «urgencia manifiesta», mediante un acto administrativo propio, autónomo, que tiene como fundamento fáctico y jurídico la declaración de situación de calamidad o la situación de desastre.

Lo anterior significa que para contratar directamente no basta con la declaración de desastre o de calamidad; se necesitan dos (2) actos administrativos, concurrentes, para que se pueda contratar directamente por urgencia manifiesta: i) el primero en el tiempo, la declaración de la situación de calamidad pública o la declaración de la situación de desastre, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012; y ii) el segundo, la declaración propiamente dicha de «urgencia manifiesta», de que trata el artículo 42 del Estatuto General de Contratación, amparado o fundamentado en la declaración previa del desastre o calamidad.

Sin el primer acto administrativo no es posible expedir el segundo, es decir, para declarar la urgencia manifiesta es imprescindible que el presidente de la república o el gobernador o el alcalde, según el caso, hayan declarado la situación de desastre o la declaración de calamidad. Lo anterior, porque la situación de calamidad pública o la situación de desastre depende tanto de la ocurrencia de los hechos que dan lugar a las mismas como de la declaración del órgano competente, de manera que ninguna se configura a falta de alguna de estas condiciones”.

Conclusión:

“Para efectos de la contratación de urgencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el antecitado artículo 13, inciso 2, de la Ley 715 de 2001, la contratación directa se rige por las normas del Estatuto General siempre que la cuantía exceda veinte (20) SMLMV. En esta hipótesis, previa declaración de la urgencia manifiesta, las instituciones educativas de carácter oficial podrán contratar directamente, sin límite de cuantía, los bienes, obras y servicios necesarios para superar cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Si bien el artículo 7 del Decreto Legislativo 537 del 2020 dispone que, con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria, se entiende comprobado el hecho para declarar la urgencia manifiesta en la contratación directa de los bienes, obras o servicios para prevenir o mitigar los efectos de la pandemia, el artículo 11 ibidem prescribe que el decreto permanecerá vigente mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual –conforme al artículo 1 de Resolución 844 del 26 de mayo de 2020– se prorrogó hasta el 31 de agosto del presente año. En este sentido, salvo que la emergencia sanitaria termine anticipadamente por la desaparición de las causas que le dieron origen, solo es posible declarar la urgencia manifiesta hasta la fecha mencionada.

Terminada la emergencia sanitaria, podrá declararse la urgencia manifiesta siempre que se presente alguna de las demás causales del artículo 42 del Estatuto General, esto es, cuando se declare un nuevo estado de excepción; cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se trate de conjurar situaciones relacionadas con declaratoria de desastre o de calamidad pública en los términos de la Ley 1523 de 2012; o, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.

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