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Contrato de prestación de servicios profesionales. Concepto. Requisitos y límites. COVID 19. Estabilidad laboral. Trabajo en casa. Continuidad de honorarios. Persona jurídica. Prohibición de suspensió
By: System Administrator on jueves, julio 9
En concepto reciente Colombia Compra Eficiente aclaró, con respecto a la aplicación del Decreto 491 de 2020, que "lo prohibido es suspender o terminar unilateralemente los contratos, invocando como motivación para dicha medida el conjunto de factores asociados a la emergencia. En efecto, el segundo inciso del artículo dispone que «La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado». De allí se deprenden tres conclusiones:

i) Los contratos no pueden suspenderse ni terminarse –ambas decisiones unilateralmente– con fundamento en la emergencia económica, social o ecológica, en la emergencia sanitaria o en las medidas que se adopten en el marco de estas.

ii) Los contratos pueden terminarse unilateralmente por incumplimiento grave –es decir, por caducidad, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 199340– o por las causales de terminación unilateral previstas en los artículos 17 y 45 de la misma Ley41-42, porque en relación con las cláusulas excepcionales de caducidad y de terminación unilateral el artículo 14 establece que «Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios» –cursiva fuera de texto–, pudiéndose asegurar que si en el contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se pactaron estas cláusulas, y las circunstancias fácticas que activan su ejercicio se configuran durante el aislamiento preventivo obligatorio, la entidad está facultada para terminarlo unilateralmente.

Esta regla general tiene dos excepciones, que se derivan, con carácter especial, del artículo 16 del Decreto 491, y pueden sintetizarse así: la caducidad no puede justificarse en la falta de ejecución presencial del contrato –justamente porque la norma establece que el contratista no está obligado a hacerlo–, y la terminación unilateral no puede justificarse en la emergencia económica, social y ecológica, o en la emergencia sanitaria, o en otras medidas adoptadas en virtud de estas.

De otro lado, durante el aislamiento preventivo obligatorio también procede la terminación unilateral con fundamento en la nulidad absoluta ordenada de conformidad con el artículo 45, pues esta se fundamenta en causales que no guardan relación con la emergencia económica, social y ecológica, ni con la emergencia sanitaria, ni con otras medidas adoptadas para mitigarla, sino en razones de validez del negocio jurídico.

iii) Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con personas naturales, pueden suspenderse o terminarse de manera bilateral, es decir, de mutuo acuerdo, durante el aislamiento preventivo obligatorio, ya que el segundo inciso del artículo 16 solo prohíbe la suspensión o terminación «unilateral». Así pues, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, reconocida por el artículo 40 de la Ley 80 –con arreglo al cual «Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales»–, las partes pueden convenir suspenderlo o terminarlo. En el primer evento cesa temporalmente la ejecución del objeto, así como la remuneración; y en el segundo termina la relación contractual. Ahora, para que cualquiera de estas medidas proceda debe tratarse de un consentimiento libre de vicios, especialmente por parte del contratista”.

La Agencia Nacional de Contratación resolvió los siguientes interrogantes.

¿Qué directrices pueden brindarse en relación con los contratos de prestación de servicios que deben garantizarse en los entes territoriales durante el aislamiento preventivo obligatorio, cuando hay actividades como el plan de alimentación escolar y el transporte escolar que no se pueden ejecutar porque las clases se encuentran suspendidas, o que son servicios que deben modificarse con ocasión del COVID-19?

 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 491 de 2020, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con personas naturales, no se pueden suspender, ni terminar, de manera unilateral, durante la época de aislamiento preventivo obligatorio, invocando como causal: i) la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, ii) la vigencia de la emergencia sanitaria o iii) otras medidas que se adopten en desarrollo de las mismas.

Igualmente, el artículo 17 prohíbe suspender los contratos de prestación de servicios administrativos suscritos con personas jurídicas.

En consecuencia, el ente territorial puede suspender de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, pero no unilateralmente, por las razones establecidas en el segundo inciso del artículo 16. Si se trata de un contrato de prestación de servicios administrativos, suscrito con una persona jurídica, de aquellos a los que se refiere el artículo 17, tampoco se puede suspender bilateral ni unilateralmente, porque la norma lo prohíbe, sin hacer distinciones.

El hecho de que los programas en virtud de los cuales se hubiesen celebrado los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con personas naturales, no se ejecuten durante el aislamiento preventivo obligatorio, no permite suspender dichos contratos unilateralmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16. En igual sentido, el artículo 17 prohíbe la suspensión bilateral o unilateral de los contratos de prestación de servicios administrativos celebrados con personas jurídicas. Lo anterior, según las consideraciones señaladas en el presente concepto.

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Requisitos y límites para celebrarlo.

Disposiciones expedidas para mitigar los efectos de la pandemia y permitir la prestación de los servicios por parte del Estado.

Restricciones para suspender y terminar los contratos de prestación de servicios, durante el Estado de Emergencia provocada por el COVID-19: análisis del Decreto legislativo No. 491 de 2020.

Terminación unilateral de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.  ¿Qué personas son destinatarias de la garantía de pago de los honorarios previsto en esta norma? ¿A qué tipo de servicios se refiere el artículo 16, cuando alude a actividades que solo pueden desarrollarse en forma presencial, pero que, aún así, deben continuarse pagando al contratista? En otras palabras, ¿qué clase de servicios deben remunerarse durante el aislamiento preventivo obligatorio, aun cuando no se presten?  ¿Cuánto tiempo rige la obligación de las entidades estatales de pagar los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que solo pueden cumplir su objeto contractual de manera presencial?

¿Durante el aislamiento preventivo obligatorio se suspende el plazo de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suscritos con personas naturales, que solo puedan cumplirse presencialmente, pero cuyo objeto no se esté ejecutando?

¿Qué interpretación debe dársele al apartado del primer inciso del artículo 16, que establece que a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se les puede suspender el pago de sus honorarios durante el aislamiento preventivo obligatorio, así no ejecuten sus actividades, «sin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos»?

¿Pueden suspenderse o terminarse de mutuo acuerdo los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, no obstante lo establecido en el artículo 16 del Decreto 491 de 2020?

¿Cuánto tiempo rige la obligación de las entidades estatales de pagar los honorarios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que solo pueden cumplir su objeto contractual de manera presencial?

La obligación no está sometida a plazo, sino a una condición. En efecto, según el artículo 1530 del Código Civil, «Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no»; condición que puede ser suspensiva o resolutoria. «La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho»37. Por lo tanto, la obligación de pagar los honorarios, contenida en el artículo 16 del Decreto 491, está sometida a una condición resolutoria, pues está vigente hasta que finalice la medida de «aislamiento preventivo obligatorio», caso en el cual cesa el derecho de los contratistas de recibir el pago bajo la circunstancia consagrada en la norma.

Contrato de prestación de servicios profesionales. Concepto. Requisitos y límites. COVID 19. Estabilidad laboral. Trabajo en casa. Continuidad de honorarios. Persona jurídica. Prohibición.

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