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La falta de recursos y los problemas contractuales y/o administrativos no son justificaciones constitucionalmente válidas para que las personas queden desprovistas del acceso al agua.
By: System Administrator on jueves, agosto 2

El agua, cuando es solicitada para el consumo humano, es un derecho fundamental porque todo ser humano lo requiere como fuente de vida, para procurar su subsistencia y el consiguiente desarrollo de otros derechos como la vida digna y la salud, entre otros. La protección eficaz y material del derecho se garantiza con su disponibilidad, calidad, accesibilidad y no discriminación, establecidos en los tratados internacionales adoptados por Colombia y la Constitución.

Los particulares fueron habilitados por el artículo 365 de la Constitución para prestar los servicios públicos pero también para contribuir a la satisfacción de las necesidades de los habitantes y la realización de los fines sociales del Estado, por ello, son responsables de la prestación de los servicios públicos a su cargo, lo cual implica, que deben adoptar las medidas (transitorias o definitivas) necesarias para garantizar el acceso, la disponibilidad y la calidad del recurso a los habitantes del territorio nacional.

La falta de recursos y los problemas contractuales y/o administrativos no son justificaciones constitucionalmente válidas para que las personas queden desprovistas del acceso al agua potable de manera indefinida. En estos casos, las empresas deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad, la calidad y el acceso al recurso hídrico y prestar el servicio eficientemente, a través de soluciones provisionales y definitivas.

45.  En el caso en concreto se vulneraron los derechos fundamentales al agua potable, a la vida digna y a la salud de los accionantes y de los residentes las veredas El Brillante - La Balastrera y el sector los Arrietas, al desconectar del suministro del servicio de agua potable, la tubería por medio de la cual se abastecían los peticionarios, y no garantizar el acceso ni la disponibilidad del recurso hídrico en todos los componentes a los que se obliga la prestación del servicio público por la Constitución y la ley.

46.  Con fundamento en estas consideraciones, la Sala revocará la sentencia del 4 de diciembre de 2017 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia de Chinú (Córdoba) que confirmó el fallo de primera instancia en el sentido de “negar el amparo por improcedente”. En su lugar, tutelará los derechos fundamentales al agua de los accionantes y de las demás personas (i) que viven en las veredas El Brillante-La Balastrera y el sector los Arrietas zona rural del municipio de Chimá (Córdoba), (ii) son usuarios del servicio público de acueducto prestado por la empresa Aguas del Sinú S.A. E.S.P., (iii) que desde la desconexión del servicio por parte del prestador no cuentan con el suministro de agua para el consumo humano, y (iv) no tienen otro medio para obtener el suministro de recurso hídrico”.  T-297-18

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