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Procuraduría citó a audiencia supervisor de contrato por evidenciarse que se adelantaron pagos sin que efectivamente se adelantara contrato alguno. Falsedad ideológica en documento público.
By: System Administrator on jueves, marzo 23
"Los investigados por el órgano de control son Víctor Armando Arias Celis, exalcalde de California (Santander) y Yumara Peña Romero, exsecretaria de Planeación del mismo municipio, designada como supervisora del contrato de prestación de servicios 141 cuyo objeto consistía en llevar a cabo la capacitación en el manejo, aprovechamiento de cuencas, microcuencas hidrográficas y mitigación de efectos del fenómeno del niño.

Los entonces funcionarios podrían estar incursos en falta disciplinaria por aseverar que el referido contrato se suscribió el 23 de diciembre de 2015, supuestamente con Yurley Tatiana Villamizar Pita, de quien además se dijo concurrió a firmar este acto negocial, lo cual fue consignado y certificado con sus firmas en las actas de inicio, terminación y liquidación.

A pesar de que en los informes de supervisión se aseguró que Villamizar Pita cumplió el objeto acordado, las pruebas recaudadas hasta este momento evidencian que la supuesta contratista no adelantó contrato alguno con esa administración.

Mediante estas argucias y en representación del municipio de California, los implicados gestionaron el pago de falsas acreencias en favor de la particular con quien, aparentemente, signaron el contrato.

Recordó la Procuraduría que estas conductas están tipificadas penalmente como falsedad ideológica en documento público, según el artículo 286 de la Ley 599 de 2000.

Las faltas fueron calificadas por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga como gravísimas a título de dolo, teniendo en cuenta que el alcalde local y la secretaria de Planeación estaban obligados a actuar dentro de un modelo ejemplar de conducta.

Dados los presuntos comportamientos de connotación penal derivados de este proceso disciplinario, el ente de control compulsará copia de lo actuado a la Fiscalía Seccional para que dentro del ámbito de sus competencias precise su ocurrencia. 

Esta investigación tuvo origen en las denuncias de una concejala, quien puso en conocimiento del Ministerio Público posibles irregularidades en la planeación, ejecución, supervisión y liquidación del cuestionado contrato".

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

 
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